El ex superintendente de Salud Héctor Capaccioli será indagado en la causa de los medicamentos como posible responsable del pago de subsidios y reintegros millonarios por tratamientos que en algunos casos ni siquiera existieron y, en otros, aparecen respaldados con facturas truchas, comprobantes duplicados, recetas y troqueles falsos. La citación, que todavía no tiene fecha, fue dispuesta por el juez Norberto Oyarbide después de recibir un informe contable de la Policía Federal que confirma la existencia de un “real perjuicio al Estado”, debido a los pagos irregulares a la Obra Social Bancaria (OSBA) y a la droguería San Javier, aunque se sospecha que otras obras sociales y laboratorios habrían sido beneficiados. En una pequeña resolución, el magistrado señala una “llamativa falta de control” en el reparto de fondos. También cita una serie de escuchas que comprometerían al ex funcionario.

La entrega “sin control” de fondos de la Administración de Programas Especiales (APE) es una de varias aristas de esta megacausa que investiga la comercialización de remedios adulterados, vencidos y robados, como una asociación ilícita en la que tuvieron papeles claves el titular del gremio bancario, Juan José Zanola, y el dueño de San Javier, Néstor Lorenzo, ambos presos. La indagatoria de Capaccioli, quien participó como recaudador en la campaña presidencial del oficialismo en 2007 de la mano de su mentor político Alberto Fernández, había sido pedida el año pasado por el fiscal Luis Comparatore, y a mediados de abril fue indicada por la Cámara Federal, que recogió sus argumentos: Capaccioli, como superintendente de Salud, debía supervisar la distribución de subsidios y a las obras sociales. “No podía ignorar” las anomalías.

El análisis que hicieron los contadores de la Policía Federal se basó en una muestra de 17 expedientes de la APE –explicaron a Página/12 allegados al caso–, aunque son cientos los incautados. Corresponden al período 2004-2005. Son carpetas donde las obras sociales reclaman dinero para tratamientos oncológicos, de hemofilia y VIH u otros de alta complejidad, todos carísimos (puede costar 15 mil pesos un único medicamento). El informe policial detectó facturas truchas, dobles, problemas con cheques, diferentes números de trámite en un mismo caso y desfasajes temporales llamativos en la solicitud de fondos. En el juzgado, además, ya tenían algunas pruebas de recetas falsas y troqueles truchos que se usaron para simular la provisión de medicamentos o tratamientos inexistentes. Los 17 expedientes estudiados arrojan un perjuicio al Estado de 158 mil pesos.

El llamado a indagatoria de Capaccioli dice que el informe contable habla de “un real perjuicio provocado al Estado nacional a través de la tramitación irregular de subsidios y reintegros” por parte de la OSBA y San Javier; añade que se detectó una “llamativa falta de control en la totalidad de expedientes examinados por parte del APE advirtiéndose el incumplimiento de la normativa legal que regulaba su pago como así groseras falencias de control de la documentación respaldatoria de dichos pagos”. Todo estaba bajo la órbita del ex funcionario. Curiosamente, esta semana los periodistas que cubren el Mundial de Sudáfrica encontraron a Capaccioli allí, siguiendo los partidos. Dijo estar “muy tranquilo”.

Capaccioli fue acusado por el empresario farmacéutico y auditor Gabriel Brito, quien está procesado y detenido en la misma causa como integrante de la asociación ilícita y por extorsión. Brito figura como aportante de 310 mil pesos a la campaña del FpV, pero él dice que sólo le había prestado cheques a Lorenzo y desconocía que fueran para eso.

Una de las escuchas transcriptas en la resolución de Oyarbide es una conversación entre Capaccioli y Lorenzo (de mediados de 2009), de la que se desprende que los unía una estrecha relación y, además, que el ex superintendente seguía de cerca las tratativas con el empresario Brito, a quien le cubrirían los cheques. Lorenzo incluso dice: “Podríamos romperle la cabeza a este pedazo de hijo de puta, así por lo menos nos lo sacamos de encima”. Capaccioli le contesta: “A él, a la madre, a la hija, al hijo, van por todos”. Y remata: “No sé si es un enfermo mental, pero nosotros, como te dije, aboquémonos a estas cosas lindas que estamos elucubrando”.

La Cámara confirmó ayer la prisión preventiva de Brito al igual que la de Zanola, a quien le volvió a negar el arresto domiciliario. Por ahora, a Capaccioli le imputarían los delitos de defraudación al Estado e incumplimiento de los deberes de funcionario.