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La falta de provisión de medicamentos a los afiliados del PAMI llegó a oídos internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le exigió al Estado argentino que informe, en un plazo no mayor a 15 días, sobre la disponibilidad de los remedios necesarios para resguardar la vida de las personas. Lo hizo en respuesta a una petición del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil). Si el Gobierno no responde o lo hace de manera insatisfactoria, incurriría en responsabilidad internacional. La iniciativa fue presentada en favor de los cuatro millones de afiliados a la obra social de los jubilados y pensionados.
“Del pedido ante la CIDH salió algo positivo porque se le reclamó un informe al Estado”, comentó Andrea Pochak, directora del área jurídica del CELS. Aunque destacó que “lo triste es que los organismos internacionales intervengan porque los que deberían dar respuesta localmente, no la dan”. Las dos organizaciones defensoras de los derechos humanos solicitaron a la CIDH que garantice la provisión regular de los medicamentos, en especial para las personas en riesgo de vida o aquellos que podrían sufrir daños irreversibles sobre su salud si discontinúan sus tratamientos. La iniciativa fue apoyada por las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la Liga de Protección al Diabético.
Pochak señaló que la intervención de la CIDH en este caso se debe a que “hay derechos de la gente que son violados” y explicó que la Comisión puede obligar al Estado para que tome iniciativas concretas, como proveer medicamentos. La adopción de medidas cautelares puede ser ordenada por la CIDH al Estado sin necesidad de notificarlo y sólo se aplican en los casos de peligro grave e inminente para la vigencia de los derechos humanos.
El CELS había realizado, además, otras dos presentaciones. En primer lugar, una acción de amparo –en representación de la Mesa Coordinadora de Organizaciones de Jubilados y Pensionados de la República Argentina– contra el Ministerio de Salud para que se reestablezca en forma urgente el suministro regular de medicamentos a los afiliados al Instituto.
El juez civil y comercial Edmundo Carbone la rechazó con el argumento de que en el caso no se presentaba ninguna persona afectada en sus derechos a la vida y a la salud, es decir, no reconoció la legitimidad de la Mesa Coordinadora como representante de las diversas instituciones de jubilados. El CELS apeló y la Cámara ratificó el fallo en segunda instancia. “No es que perdimos un caso, ni siquiera fue escuchado”, dijo Pochak.
En segundo lugar, se hizo una denuncia ante la Secretaría de la Competencia y Defensa del Consumidor por una posible violación a las leyes del área por parte de los laboratorios y droguerías, por las acusaciones cruzadas sobre la responsabilidad del desabastecimiento de medicamentos. Este reclamo aún no tuvo una respuesta. “El Estado no se hacía cargo de la provisión de un elemento esencial, pero alguien tiene que intervenir porque no se puede dejar esta cuestión librada al mercado”, destacó la integrante del CELS.
Ahora la Comisión tomó cartas en el asunto y explicitó que desea “contar con información sobre la disponibilidad de medicamentos necesarios para mantener vivas a las personas o que se necesitan con urgencia para evitar daños irreparables en la salud”. “Los que son afiliados al PAMI son los abuelos de menores recursos, porque los que tienen familiares con algo de plata para ayudarlos están en una obra social mejor”, consideró Pochak. Si prospera el reclamo de la CIDH, la situación de los jubilados podría empezar a tener remedio.