“La justicia policial parece que funciona al revés: mientras yo soy la denunciante ante un juzgado federal, sufro represalias y un sumario administrativo, y los que están siendo investigados en una causa penal están en actividad”, dijo a Página/12 Nancy Miño Velázquez, la policía que denunció irregularidades en la División de Trata de Personas de la Federal y a la que se le inició un sumario por abandono de trabajo. Organizaciones antitrata entregaron durante una marcha un petitorio al Departamento Central de la Policía Federal para exigir que se deje sin efecto la sanción y que se pase a disponibilidad a los acusados de esa división. Hoy por la tarde, Miño sería recibida por un comisario general de Asuntos Internos, quien daría una respuesta al petitorio.

El 13 de mayo pasado, Miño denunció ante el juzgado federal de Ariel Lijo a efectivos de la División de Trata de Personas de la Policía Federal, dirigida por el comisario Jorge Omar Fernández, por el presunto cobro de coimas a los dueños de los prostíbulos para permitir que sigan funcionando. El juez federal “no dispuso ni la indagatoria ni el procesamiento de ninguno de los funcionarios policiales” implicados, de acuerdo con las denuncias de las organizaciones. Y, según aseguraron, el jefe de la Policía, Néstor Valleca, mantuvo la estructura de la división “intacta”.

Casi cuatro meses después, “la causa judicial está congelada y los acusados están todos en actividad, incluso participaron de allanamientos en el Partido de la Costa y en cursos sobre trata en localidades bonaerenses”, relató Miño. Por eso, piden que “se pase a disponibilidad” a los funcionarios acusados hasta tanto se esclarezca la denuncia judicial.

“El comisario inspector Marcelo Canstatt, jefe de la circunscripción II –el funcionario que recibió el petitorio cuando se realizó la marcha, el miércoles pasado–, me dijo que (ellos) estaban en actividad, porque supuestamente a él lo habían informado de Asuntos Internos que no me había presentado a declarar sobre mi denuncia en la Justicia”, contó la mujer. Miño, desde junio pasado, no cobra su sueldo –aunque la Federal sostiene que no fue despedida–, pese a los recursos administrativos y al amparo presentado ante el juzgado federal, se informó. Ese hecho podría explicarse, según la Fundación La Alameda que respalda la denuncia de Miño, como una “represalia” a la mujer por haber denunciado las irregularidades en las tareas de sus jefes.

El petitorio presentado en el Departamento Central solicita que se deje sin efecto el sumario por abandono de trabajo. “Desde la institución me dicen que abandoné el servicio a partir del 12 de mayo”, un día después de realizar la denuncia, relató Miño. Por su parte, el comisario Canstatt sostuvo, en una charla con Miño y representantes de las organizaciones, que para la fuerza la mujer había hecho “abandono de servicio”, pero “no está cesanteada”.

“No es que no voy a trabajar porque no quiero. No voy por temor, porque me habían enviado a un destino donde había relación directa con el comisario de trata de personas que denuncié”, aseguró la mujer policía en diálogo con Página/12. Por esa razón, en la reunión con el jefe de Asuntos Internos se buscará resolver su problema laboral y acordar un destino de trabajo. “No quiero estar cerca de la gente a la que estoy denunciando”, dijo. El comisario Canstatt aseguró que Miño “no está cesante, sino en un proceso de sumario administrativo, a raíz de abandono de servicio”. Y explicó que, “a partir de que no se presenta a trabajar, deja de percibir los haberes”.

Pocos días después de realizar la denuncia, la Justicia Federal allanó las dependencias de la División de Trata de Personas. Pero la causa judicial hoy está “estancada”, denunciaron las organizaciones.

La mujer dijo haber presentado documentación, fotos y copias de causas en las que se demostraría que esa división funciona como una “asociación ilícita dedicada a coimear y regentear prostíbulos” y a “permitir funcionamiento de prostíbulos o redes de trata a cambio de dinero”, entre otras actividades.

Además, denunció que era obligada a realizar “tareas de inteligencia y de seguridad” en redes de trata y se le ofreció “regentear” prostíbulos bajo control de la Federal.

Informe: Soledad Arréguez Manozzo