Hace 27 días que las tucumanas Natalia y Soledad no ven a su hija menor, una beba que en tres semanas cumplirá un año. Para evitar que la niña sea criada por lesbianas, la madre de Soledad, abuela biológica de la nena, se la arrebató de los brazos el 17 de septiembre. La pequeña L. es lactante y no volvió a ver a sus madres, quienes el viernes pasado se casaron, tras ocho años de relación y en presencia de su otro hijo, un varoncito de 4 años. Hasta ahora, la Justicia de Tucumán no ha impartido una orden de restitución de la nena ni ha convocado a la señora que secuestró a su propia nieta. Pero tampoco ha iniciado investigaciones para determinar por qué una comisaría de Tafí del Valle se negó a tomar la denuncia de las madres de L. apenas sucedido el episodio, o por qué las primeras gestiones judiciales en San Miguel no prosperaban, y sólo aparecieron cuando Natalia y Soledad dieron con los activistas de Crisálida Jus, una organización de la diversidad. “Su familia sigue invisibilizada, y lo que pase con ellas puede ser un caso testigo del reconocimiento que las familias diversas consigan en las provincias”, describió Gustavo Díaz Fernández, presidente de la ONG.

La reacción judicial fue endeble y resulta morosa. “Ya pasaron 27 días, mi hija cumple un año el 3 de noviembre, se viene el Día de la Madre... Yo lo único que quiero es que mi mamá me devuelva a la chiquita. Lo antes posible”, dice Soledad, en comunicación telefónica desde Villa Obrera, el barrio humilde de Tafí del Valle donde todo sucedió y sigue sucediendo. Y porque quiere volver a estar con su hija cuanto antes, hoy en la mañana asistirá a la reunión “conciliatoria” que un juez de Paz convocó para reconciliarla con Noemí, su madre. “Mucho no quería ir porque mi mamá es muy agresiva. Yo no quiero denunciar a mi mamá. Pero ella cometió un delito y puede ir presa. Si tiene que pasar por algo, no va a ser porque yo quiero, sino por la Justicia.”

Desde hace días es una incógnita el paradero de la niña L. y la abuela que la raptó. Los abogados explican que lo sucedido está tipificado en el artículo 146 del Código Penal: “hurto de menores”, y prevé penas de entre 5 y 15 años de prisión.

El 17 de septiembre, Soledad llevaba a la beba a un control médico cuando Noemí, su propia madre, la interceptó en la puerta de su casa. La agredió verbal y físicamente, y arrebató a la niña; varios vecinos presenciaron el episodio. “Nadie salió a defenderme”, contó ella; y tampoco se ofrecieron como testigos del caso. Avisó a Natalia, quien estaba trabajando (y ese día había llevado al niño mayor con ella). Quisieron denunciar lo sucedido en la comisaría del barrio. Pero el oficial que las atiende “es amigo del padre y no les toma la denuncia. Les dice que tenían que arreglar en Tribunales de San Miguel, que él no era competente”, explica Mariana Alvarez, una de las abogadas de Crisálida Jus a cargo del caso. “Después fueron al centro de Tafí Viejo, y en esa comisaría sí les toman la denuncia por retención de menores”. Días después, consultaron en los tribunales ordinarios de San Miguel, desde donde las enviaron a la Defensoría General. Allí, “supuestamente les toman una declaración, pero no es claro: a ellas no les dan ninguna constancia”; días después, “las mandan a Fiscalía. Ellas seguían preguntando el estado de la causa, pero no les daban información”.

El 28 de septiembre, por consejo de un conocido, Natalia y Soledad recurrieron a Crisálida. Al día siguiente, en Tribunales informaron a Agustín Martínez, abogado de la ONG, que no existía ninguna causa. Sólo se había dado intervención a la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia.

El caso quedó a cargo de Adriana Reinoso Cuello, titular de la Fiscalía IV. Reinoso “envió la causa a una Defensoría de Menores que no era competente; la causa volvió; la enviaron a otra. Eso significó una demora de, por lo menos, diez días para iniciar las gestiones”, cuenta Alvarez. Por ello, hasta el cierre de esta edición la causa seguía sin definiciones. “Es un caso urgente, de días y horas. Pero todavía la Defensoría no envió el informe a la fiscal, y la fiscal, una vez que lo reciba, tendrá seis días para resolver. Hoy (por ayer) me dijeron que podría haber novedades recién a comienzos de la próxima semana. Es claro que no hay particular apuro. Vieron el informe de la Oficina de Violencia Doméstica, pero dicen que es una situación de peligro mínimo. Y aun siendo así, tampoco actúan con celeridad. Habitualmente, en casos de violencia doméstica, en dos días tenés de vuelta a tu hijo”, agregó Martínez.

Natalia tiene 25 años; Soledad, 21. Martínez rescata que, además de haber sufrido (y sufrir) los efectos de la lesbofobia en sus vínculos cotidianos y en las instituciones, “son chicas de un barrio muy pobre, no han tenido ninguna clase de asesoramiento”.