El macrismo sigue poniendo trabas para la aprobación del proyecto de ley para reglamentar la atención de los abortos no punibles en la ciudad de Buenos Aires. Ahora busca dilatar su tratamiento en la Comisión de Justicia, la última por la que debe pasar antes de llegar al recinto, para evitar así que el tema se debata este año, cuando la oposición tendría los votos suficientes para sancionarlo. Para postergar la discusión, el legislador del PRO Gerardo Ingaramo, presidente de Justicia, pidió que se llamen otra vez a expertos a opinar sobre la iniciativa, y contó para imponer esta maniobra con el sorpresivo apoyo de Julio Raffo, de Proyecto Sur. Así, aunque a lo largo de 2008 y 2009 la Legislatura convocó a más de veinte especialistas de distintos ámbitos y miradas diversas para que dieran su punto de vista, el macrismo quiere escuchar nuevamente la voz de juristas. Es llamativo que tenga interés, dado que ya expresó su decisión de archivar la propuesta cuando el proyecto pasó por las comisiones de Salud y de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud. De hecho, el mismo Ingaramo firmó en Mujer un dictamen por el archivo.

La reunión con expertos en la Comisión de Justicia estaba prevista para mañana. Pero el viernes se anunció que se postergaría por una semana por ausencia de Ingaramo, que está de viaje en Estados Unidos. El texto del proyecto, impulsado por las diputadas Diana Maffía (CC), Gabriela Alegre y Juan Cabandié (EPV), es similar a la ley sancionada unos meses atrás en la provincia de Chubut, a la Guía Técnica elaborada por el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable y está en línea con los reclamos que hicieron al país este año distintos comités de derechos humanos de la ONU, para que se garantice el acceso a los abortos previstos en el artículo 86 del Código Penal y se impidan las interpretaciones restrictivas de los permisos vigentes.

La iniciativa se hace eco de la jurisprudencia y de las opiniones de juristas que en los últimos años aclararon cuál es la interpretación correcta de los permisos para abortar previstos en el artículo 86 del Código Penal desde 1921 y sostuvieron que se deben realizar sin dilaciones ni judicializaciones en el sector público. La propuesta legislativa deja claras las cuatro situaciones en las cuales es legal la práctica (peligro para la vida, peligro para la salud, violación, y atentado al pudor contra mujer demente o idiota) y establece un procedimiento respetuoso de los textos legales y constitucionales y de los derechos de las mujeres. Prevé la intervención de un profesional de la salud, que actuará en todo caso en interconsulta, la atención integral de las mujeres antes y después del aborto, el establecimiento de plazos breves para resolver y realizar la práctica. El objetivo es garantizar el derecho a la salud de las mujeres y dar un marco a la actuación de los profesionales de la salud para que se sientan respaldados.

La reglamentación de los abortos no punibles es tema viejo en la Legislatura: se discutió entre 2008 y 2009. En ese período hubo una ronda extensa de consulta con expertos –médicos y juristas–, pero perdió estado parlamentario en la Comisión de Justicia –donde el macrismo nunca lo puso en el temario– y fue representado a comienzos de 2010 con la firma de los tres autores y el aval de 23 legisladores y legisladoras más. Otros diputados se manifestaron a favor de la iniciativa en su debate en las comisiones. Además, legisladores radicales tienen un mandato del Comité Nacional de la UCR, que este año sacó una resolución sobre mortalidad materna por la cual los

exhorta a apoyar el proyecto. De esta forma, la oposición tendría los votos para sancionar la ley. Por esa razón, el macrismo apeló a la nueva convocatoria de especialistas para demorar el tratamiento y evitar que pueda llegar este año al recinto. La Legislatura todavía debe sancionar el Presupuesto. Las sesiones ordinarias finalizan entre el 10 y el 15 de diciembre.

Sorprendió la actitud del diputado Raffo, de PS. Es uno de los 23 que acompañaron con su firma la iniciativa. Además, todo el bloque de PS lo apoyó. Pero en la última reunión de la Comisión de Justicia, Raffo expresó dudas sobre el proyecto, en línea con el macrismo, que sostiene que no es incumbencia de la Legislatura reglamentar el Código Penal y que, además, se estarían modificando sus alcances. De todas formas, Raffo le dio luego su palabra a la diputada Maffía de que votará a favor en la Comisión de Justicia y en el recinto. El proyecto ya tiene dictámenes de dos comisiones. Sólo resta expedirse a Justicia, donde el PRO tiene cinco diputados a los que se sumaría la justicialista disidente Mónica Lubertino (que ya votó en contra en Salud) y la oposición siete. En la Comisión de Salud, la mayoría, con firmas de la oposición, sacó un dictamen a favor de su aprobación y hubo otros dos, por el archivo; en Mujer, la mayoría macrista impuso un dictamen por el archivo y se firmó otro, en minoría, por su sanción.