Treinta y tres mujeres, trabajadoras de una mina del sur de Chile, que ocupan un yacimiento destinado al turismo desde el martes pasado, se declararon en huelga de hambre e incluso decidieron no ingerir líquidos. Reclaman al gobierno de Sebastián Piñera que les preste la misma atención que la dada a los 33 mineros que estuvieron atrapados durante 70 días y fueron rescatados con presencia del propio presidente y un show mediático sin precedentes. Dos de las mineras debieron ser auxiliadas y trasladadas de emergencia a una unidad hospitalaria dado su estado de salud. Pero el número no se redujo. Otras dos mineras las reemplazaron. El gobierno, por lo visto, no considera el caso como un evento que sume votos. En lugar de Piñera, quien da la cara es el ministro de Interior, Rodrigo Hinzpeter, y en lugar de una sonda, de millones de dólares de inversión, de cámaras y ofrecimientos de todo el mundo, las 33 mujeres serán desalojadas por los carabineros.

La tensión se concentra en torno al antiguo yacimiento de carbón conocido como El Chiflón del Diablo, ubicado cerca de Lota, a 545 kilómetros al sur de Santiago de Chile. Las fuerzas de los carabineros ya habían rodeado el acceso a la mina, utilizada con fines turísticos. El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, señaló a los periodistas que el gobierno va a tomar esa decisión “teniendo en consideración la protección de la vida de estas mujeres, que es lo más importante”.

Las trabajadoras decidieron encerrarse para reclamar que se les preste la misma atención que a los 33 mineros rescatados. La protesta comenzó el pasado martes, y un día después se declararon en huelga de hambre líquida. El sábado, las trabajadoras anunciaron su intención de dejar de ingerir no sólo alimentos sólidos sino también líquidos, pero las autoridades locales consiguieron persuadirlas y evitaron que las mujeres endurecieran su postura.

Además, las portavoces del movimiento informaron que otras tres trabajadoras habían iniciado ayer al mediodía una huelga de hambre en el exterior del yacimiento, en solidaridad con sus 33 compañeras.

Las mujeres se beneficiaban de un programa que administra el Cuerpo Militar del Trabajo (CMT) del Ejército y que forma parte del plan de empleos de emergencia implementado por el gobierno tras el terremoto de febrero. El programa concluyó el 4 de noviembre en las regiones sureñas del Maule y Biobío y dejó a 8 mil personas desempleadas. Los medios aseguran que en el exterior del yacimiento la situación es tensa y que se produjeron roces entre la prensa y las trabajadoras, que limitaron el acceso de los periodistas a las profundidades de la mina.

A pesar de la presencia policial, el alcalde de Lota, Jorge Venegas, aseguró que no serían desalojadas aún. Venegas confirmó además que no hubo ningún acercamiento entre el gobierno y las huelguistas, y señaló que la solución podría pasar por la mediación del arzobispo de Concepción, Ricardo Ezzati, que esta semana fue elegido nuevo presidente de la Conferencia Episcopal.

Ezzati jugó un activo papel en la resolución de la huelga de hambre que protagonizó una treintena de presos mapuches, algunos durante más de dos meses, para exigir que no se les aplicara la ley antiterrorista, ni ser sometidos a un doble juicio ante tribunales civiles y militares.