Mientras la polémica desatada por el caso de Tolosa estaciona un nuevo debate sobre la edad de aplicación de la ley penal a adolescentes, un duro informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos echa luz sobre los resultados de aplicar linealmente respuestas urgentes a esos reclamos espasmódicos. El informe, al que tuvo acceso Página/12, durísimo en cuanto a sus conclusiones y recomendaciones, recorre la historia de cinco casos de adolescentes condenados a perpetua en el país que llegaron con su reclamo a la CIDH y da un plazo para que el Estado argentino resuelva esas situaciones.

Igual que una condena a muerte, uno de los casos podrá tener solución sólo formal, ya que el adolescente Ricardo David Videla murió ahorcado en junio de 2005, mientras lo mantenían alojado en un penal de adultos en Mendoza, en condiciones deplorables para su edad y su estado psíquico. De los cinco casos, dos (Videla y Saúl Roldán Cajal) fueron condenados en Mendoza en 2002, y los otros tres (César Mendoza, Claudio Núñez y Lucas Mendoza) por tribunales porteños en 1999. La Justicia tiene esos bemoles: los cinco fueron condenados a perpetua durante el menemismo y la debacle del 1 a 1 que provocaron en conjunto en diciembre de 2001 casi 40 homicidios policiales y ninguna perpetua. La CIDH dio un plazo de dos meses, vencido hace una semana, para que el Estado informe cómo solucionará la situación de los cuatro jóvenes. Si no hay solución Argentina recibirá sanciones.

Los cinco casos fueron analizados por los jueces desde la perspectiva de la Justicia de adultos. Claudio Núñez y Lucas Mendoza, detenidos en el ’97, fueron condenados en abril de 1999, por los jueces del Tribunal Oral de Menores 1 porteño, Eduardo Albano, Marcelo Arias, y el juez subrogante Claudio Gutiérrez de la Cárcova, que ni siquiera era especialista del fuero (pertenecía al penal económico). Cuatro meses más tarde, los mismos jueces aplicaban la misma condena a César Mendoza, detenido en 1996.

Entre marzo y noviembre de 2002, los jueces Eduardo Brandi, Carlos Parma y Oscar León, del Tribunal en lo Penal de Menores de la 1ª Circunscripción Judicial de Mendoza, aún en funciones, condenaron a perpetua a Saúl Roldán Cajal y luego a Ricardo David Videla.

El plazo de dos meses se inició el 19 de noviembre pasado, con la recepción del Informe de Fondo sobre el caso 12.651, que reúne las cinco denuncias, y recomienda que los cuatro jóvenes puedan interponer recursos judiciales, que les fueron negados en su momento, con el fin de obtener una revisión amplia de las sentencias. Que dicha revisión aplique los estándares internacionales de Justicia juvenil, tal como ahora se presenta en el dictamen favorable de Diputados. Se llega al absurdo de recomendar que mientras continúen presos cuenten con atención médica. También se dirige al Legislativo, recomendando sancionar leyes que apliquen los estándares internacionales (es el caso del proyecto con dictamen en Diputados). También avanza sobre una investigación acerca de las responsabilidades por la muerte de Videla (no se menciona pero esto incluye tanto penitenciarios como funcionarios judiciales). También, investigar las denuncias de torturas de Lucas Mendoza y Claudio Núñez, en cárceles federales. Además recomendó indemnizar las violaciones a los DD.HH. declaradas en el informe.

La situación de los cuatro adolescentes condenados puede resolverse por vía de la conmutación de penas, un resorte del Poder Ejecutivo mendocino o nacional según los tribunales actuantes. Sería el mecanismo más directo e inmediato. Es uno de los resortes del Ejecutivo, que ya reconoció la errónea situación en los cinco casos. Una ley de fondo, como la que aguarda en Diputados, dará una solución en adelante, pero mantendrá injustamente a los cuatro condenados hasta que se vote. Si se aprueba la ley, automáticamente tendrán cumplida la pena.

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