La disputa de las entidades rurales por lograr “el precio pleno” por el trigo –que refleje el precio internacional menos el descuento teórico por flete y calidad– sigue mostrando fisuras en el seno de la Mesa de Enlace. La “colaboración” que prestó el Ministerio de Agricultura para con una acopiadora y comercializadora ligada a Federación Agraria despertó la histérica reacción de Carbap, entidad de base de Confederaciones Rurales, que acusó al Gobierno de “accionar discrecional en perjuicio de miles de productores, privilegiando a una cooperativa vinculada a FAA en detrimento de otros competidores”. Al responder, el titular de Federación Agraria, Eduardo Buzzi, afirmó que “objetivamente, hay más diferencias ideológicas entre la Sociedad Rural y Confederaciones Rurales con el Gobierno, que las que podemos tener nosotros, esto es así desde el primer momento”. Pero a pesar de las acusaciones y rechazo de Carbap, ayer por lo menos otros tres núcleos regionales de productores de trigo hicieron lo mismo que la acopiadora de FAA: le pidieron al ministerio que les “facilite” la colocación de sus granos en el mercado recibiendo el denominado “precio pleno”, equivalente al precio internacional menos un descuento por transporte y calidad.

Extrañamente, el presidente de Sociedad Rural, Hugo Biolcati, señaló ayer que se habrían concretado “algunas operaciones respetando el precio pleno” reclamado por las entidades, aunque de todos modos aseguró que “la voluntad del productor es continuar la lucha” en caso de no obtener el resultado deseado. Aunque Biolcati no lo precisó, las operaciones a las que se refería podrían ser las comprometidas por la industria molinera con Agricultores Federados Argentinos (AFA), acopiadora y comercializadora de granos vinculada con Federación Agraria. AFA le solicitó, por nota, al Ministerio de Agricultura alguna gestión para lograr colocar un volumen de 300 mil toneladas de trigo en el mercado. “A modo de facilitador”, expresaron fuentes oficiales de aquella cartera, ésta le pidió a la Federación de la Industria Molinera (FAIM) que analizara la petición de AFA y tratara de satisfacerla. Inmediatamente, las autoridades de la FAIM giraron el pedido a sus asociados y lograron una rápida “suscripción” de pedidos para completar las 300 mil toneladas. En la tarde de ayer, desde la cartera agropecuaria se informó que se han recibido “otras solicitudes de Entre Ríos por 70.000 toneladas, 500.000 para Puerto Quequén y 500.000 para Bahía Blanca”.

“Somos facilitadores para acercar las distintas áreas de competencia y defender al productor; damos respuesta en el marco de la urgencia que tienen para comercializar su trigo”, explicó esta intervención pública el subsecretario de Agricultura, Oscar Solís. “El ministro de Agricultura (Julián Domínguez) es un gringo del interior peronista, filosóficamente cooperativista y socialmente federado”, describió Solís para subrayar la sensibilidad del funcionario frente a las necesidades del productor. “Nuestro objetivo es canalizar y actuar para que los productores que más dificultades tienen puedan comercializar el trigo al precio FAS teórico”, señaló el funcionario.

Sin embargo, desde Carbap, entidad de base de confederaciones rurales que agrupa a los productores pampeanos y bonaerenses, se lanzó una fuerte manifestación de rechazo a la intervención oficial en el mercado triguero. Tras calificarla de “discrecional”, señala Carbap que dicho accionar “ahora privilegia a una cooperativa en particular, AFA, vinculada a Federación Agraria, en detrimento de otros competidores”. “Se trata de una metodología utilizada desde hace cinco campañas que promueve una escandalosa y discrecional transferencia de recursos, que debiera investigarse profundamente de una vez por todas y sin miramientos”, concluye el comunicado firmado por Alberto Frola, presidente de Carbap.

“Independientemente de las opiniones de los dirigentes políticos, tenemos la obligación como Estado de defender el precio de los productores trigueros”, fue la respuesta de Solís a dichos cuestionamientos.