Cuatro guardiacárceles de Mendoza fueron detenidos por orden judicial; un quinto –el dueño del celular con el que fueron grabadas las escenas de tortura en el penal de la calle San Felipe– se presentó por sí mismo y quedó detenido, y otro más del grupo “Milicos en acción” (como habían titulado uno de los videos) anoche permanecía prófugo. Otros cuatro penitenciarios estaban bajo la lupa. Y tres jefes del penal fueron pasados a disponibilidad y sumariados. Hoy, el procurador penitenciario Francisco Mugnolo viajará a Mendoza para entrevistar al menos a una de las víctimas de tortura, ya que se trata de un preso de la Justicia federal que fue trasladado para su protección a la alcaidía de los tribunales federales de Mendoza. La gravedad de las torturas no fue obstáculo para que sobre los videos y los cuerpos de las víctimas se montara un tira y afloja de neto corte electoral. Ayer, el debate político se concentró en si se trató de un hecho aislado (la actual administración, a cargo del justicialista Celso Jaque, obviamente sostiene, en forma un tanto arriesgada tratándose de cárceles, que se trata de una isla) y su principal opositor, el ex gobernador radical Cleto Cobos (quien sostiene que no fue un hecho aislado aunque, también obviamente, no dice ni mu sobre el archipiélago de casos de salvajismo y muertes que atravesó la Penitenciaría de Mendoza durante su gestión y que llevó al Estado argentino ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos).

La investigación en manos del fiscal de asuntos complejos, Santiago Garay, en dos días avanzó lo suficiente como para suponer expectativas, no necesariamente por lo hecho (detención de cinco guardias, un sexto prófugo e investigación sobre otros cuatro, y toda la aparente decisión de avanzar) sino porque se sobrepone a la larga demostración de inactividad judicial mendocina durante la noche cobista, que dejó una horrorosa cifra de muertes y un descuartizamiento, y que llevó al país ante la Corte Interamericana en el que se conoció como “Caso de las penitenciarías de Mendoza”.

Durante la mañana, cuatro de los penitenciarios que aparecían en los videos fueron detenidos, cubiertos sus rostros con camperas o remeras, del impensado otro lado del mostrador. Está claro que el gobierno de Jaque salió dispuesto a mostrar que no encubriría los hechos, lo que motivó una desusada movida de prensa para distribuir cámaras y cronistas mientras se trasladaba a los detenidos. Bah, no fue una movida desusada, habitual como megaoperativo en villa. Lo desusado fueron sus protagonistas. Incluso los nombres de los detenidos fueron difundidos de primera mano, cuestión que en términos periodísticos ocurre cada muerte de obispo: Luis D’Ambrosio, Germán Núñez y José Arredondo fueron detenidos el miércoles, mientras que ayer fue detenido Jonathan Navarro, uno de los prófugos. También se presentó y quedó detenido Daniel Perón, dueño del celular y quien se afirma que grabó las imágenes.

También la publicidad de los apellidos de tres jerárquicos investigados es un detalle novedoso y alentador. El propio jefe del penal, Leonardo Musolino, confirmó la separación de sus cargos de los tres jefes, el de seguridad interna, Leonardo Escobar; un jefe de turno de apellido Virlongo, y el de inspección, de apellido Valdez.

Eduardo Duhalde, secretario de DD.HH. de la Nación, ordenó a través de la Subsecretaría de Protección de los DD.HH., a cargo de Luis Alén, presentarse en la causa como parte querellante. La representación estará a cargo del abogado Fernando Peñaloza, que fuera representante del adolescente Ricardo Videla –condenado ilegalmente a perpetua y que apareció ahorcado en la cárcel de adultos en junio de 2005–, cuyo caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que tiene al Estado argentino en la columna del debe. Precisamente, las torturas filmadas ocurrieron mientras las cárceles de Mendoza se encontraban intervenidas por el Servicio Penitenciario Federal, hasta diciembre pasado.

“Es cierto que este gobierno (de Celso Jaque) mejoró en los últimos años la situación carcelaria –dijo Peñaloza a Página/12–. Pero también es cierto que ninguno de los tantos hechos aberrantes ocurridos antes (durante la gestión de Cobos) fueron investigados por la Justicia ni alcanzado a condenar a penitenciarios. El mensaje de la Justicia es claro: mataron a más de veinte y no se investigó ninguno. Solamente un caso tuvo condenas de guardias, en la colonia Gustavo André, cuando varios presos amotinados murieron asfixiados y los penitenciarios no hicieron nada.”

Entre los investigadores hay coincidencia en los próximos pasos. Analizan, incluso, el rol de los médicos. Para la fecha del video de las torturas, no hay asentada en los libros médicos ninguna anormalidad, lo que da la pauta de que podría haber cobertura médica, se entiende, no de obra social.