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La Policía Bonaerense detuvo ayer a siete personas acusadas de formar parte de una banda de secuestradores y asesinos por encargo a la que se le atribuyen los homicidios de dos empresarios paraguayos de la construcción cometidos en 2009 y un secuestro extorsivo. Todavía resta localizar a dos hermanos sospechados de ser quienes contrataron a la banda de sicarios y que permanecen prófugos, informaron fuentes policiales. Los investigadores sospechan que los acusados podrían haber sido los autores del secuestro de un dirigente del PRO el año pasado.

Según la investigación que sigue el fiscal federal de San Martín Jorge Sica, los detenidos supuestamente conformaban una banda delictiva que perpetraba secuestros, aprietes y homicidios por encargo. Las detenciones se realizaron durante ocho allanamientos en las localidades bonaerenses de Escobar y Tristán Suárez, donde secuestraron 18 teléfonos celulares, cinco armas, cuatro autos, dos computadoras y municiones.

Los investigadores, según las fuentes, buscan determinar si los detenidos participaron en los secuestros y posteriores asesinatos de dos constructores socios: Domingo Irala Guzmán Fariña y Adalides Silva Romero, en 2009.

La banda supuestamente habría sido contratada para ambos hechos por los dos hermanos, que también se dedicaban a la construcción y habían perdido una licitación para realizar importantes obras en el country Nordelta, por lo cual presuntamente querían vengarse. “Estas dos personas mantendrían una relación directa con los ‘matadores’”, señaló el jefe de Investigaciones de la Policía Bonaerense, Roberto Castronuovo. Los hermanos están prófugos y son buscados intensamente por la policía.

Los investigadores, además, sospechan que los siete detenidos podrían haber sido los autores del secuestro, el 5 de junio de 2010 en Escobar, del dirigente del partido macrista PRO del norte bonaerense y corredor de Turismo Carretera Sebastián Abella. La víctima fue luego liberada en el barrio porteño de Villa Lugano. Por ese hecho, ya habían sido detenidos dos hombres, alojados en la Unidad Penitenciaria 41, en Campana y que ahora quedaron también afectados a la causa por los homicidios.

Castronuovo destacó que la clase de crímenes que se les imputa a los detenidos, asesinatos por encargo, no son comunes en Argentina y dijo que espera que el éxito en los procedimientos “desaliente este tipo de delitos mafiosos”.