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Fotos de “‘manteros’ y puestos ilegales que copan las veredas” y están “organizados en grupos con celulares y handies” acompañaron las cartas que la Unión Argentina de Videoeditores (UAV) hizo llegar a la ministra de Seguridad, Nilda Garré; el jefe de la Policía Federal, comisario general Enrique Capdevila, y las comisarías de la Ciudad de Buenos Aires para denunciar “la situación de descontrol” que impera “en materia de piratería y comercio ilegal de películas en soporte digital en todos los barrios”. Los empresarios del sector también señalaron que las versiones piratas de los films son comercializadas por “verdaderas organizaciones delictivas vinculadas a delitos mucho más graves aún”. Daniel Parise, presidente de UAV, explicó que la carta de denuncia, que estima las pérdidas del sector en más de cien millones de pesos, fue enviada a las autoridades porque “la ministra Garré tiene otra actitud y está interesada en limpiar la imagen de la Policía Federal”. “En esta coyuntura nos pareció pertinente pedir que se ocupen de este delito, que está tipificado en el Código Penal” y protegido por la Ley de Propiedad Intelectual.

Copias textuales de la carta enviada a Garré fueron alcanzadas, también, a la presidenta Cristina Fernández; el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández; la viceministra de Seguridad, Cristina Caamaño, y el director general de Comisarías, Héctor Giacardi. La piratería, explica, está comprendida entre los “casos especiales de defraudación” de acuerdo con la Ley de Propiedad Intelectual (Nº 11723), que también prevé “prisión” de entre un mes y seis años para quien “almacene o exhiba copias ilícitas”. “Algunas cosas son tan comunes que uno a veces cree que no hay leyes contra eso. Pero en este caso hay una, que inclusive obliga a la policía a actuar de oficio, sin necesidad de que nadie denuncie nada, en caso de ver que se comete el delito”, explicó Parise.

“La desidia y el desapego a las normas y la falta de un monitoreo sistemático de parte de quienes deben hacer cumplir la ley alimentan esta verdadera industrial ilegal, que atenta contra nuestra fuente de trabajo establecida y legalmente constituida”, afirma la carta. De acuerdo con el informe del sector, la piratería de DVD es un “negocio de bajos riesgos y altos beneficios usado por bandas del crimen organizado para financiarse, dentro de un repertorio de recursos que también incluye drogas, blanqueo de dinero, extorsión y prostitución”. Parise explica que “esto ya ha pasado. Por ejemplo, cuando fue lo de Mario Segovia, el ‘rey de la efedrina’, quedó demostrada la asociación de delitos. El fue procesado por contrabando de sustancias que podrían afectar la salud pública, pero también por contrabando de CD y DVD. Era una especie de polirrubro dedicado al delito. Y él estaba importando una máquina para hacer DVD de apariencia idéntica a los originales. Esa máquina cuesta un millón 200 mil euros, y él ya había adelantado un 30 por ciento al momento de ser detenido. Pasa que las bandas delictivas necesitan de financiamiento para cometer atracos más importantes, como robos de blindados y ese tipo de delitos. Eso se consigue con plata fácil, que se puede obtener sin levantar sospechas. También en México se comprobó esto: los carteles de droga, como el de Michoacán, se dividieron los territorios para ocuparse uno de la venta de películas y otro de la venta de software, en los dos casos ilegales”.

La carta de la UAV fue acompañada de fotos realizadas en distintas zonas de la ciudad de Buenos Aires, “documentación fotográfica que prueba que los ‘manteros’ y puestos ilegales que copan las veredas de distintos barrios, plazas y parques, organizados en grupos con celulares y handies, implican una competencia desleal efectiva para el comerciante legalmente constituido, que más pronto que tarde se ve obligado a abandonar la industria”. Detrás de “ese mantero que uno ve en la calle, que es una persona que gana 50 pesos por día, en negro, haga 35 grados en verano o 5 bajo cero en invierno, está quien se beneficia con el negocio. Por lo general, es un empresario trucho, que factura más de mil millones de pesos por año”. De acuerdo con UAV, en Argentina “en 2010, mientras el negocio pirata se duplicó pasando de 500 millones de pesos a mil millones, el negocio legal decreció, y pasó de 400 a 240 millones”.