Martes, 28 de junio de 2011 | Hoy
SOCIEDAD › PRIMERA ENCUESTA SOBRE EL ABORTO EFECTUADA A PROFESIONALES DE LA SALUD PúBLICA DE UNA PROVINCIA
Se realizó en Neuquén, con el apoyo del Ministerio de Salud nacional. El 70 por ciento dice que la interrupción del embarazo es un derecho de la mujer. Y el 80 sostiene que con la despenalización bajaría la mortalidad materna.
Por Mariana Carbajal
Casi ocho de cada diez médicos de hospitales públicos neuquinos consideraron que la despenalización del aborto contribuirá a disminuir la mortalidad materna. Siete de cada diez manifestaron estar de acuerdo con que la decisión de interrumpir voluntariamente la gestación es un derecho de la mujer. Y más de nueve de cada diez dijeron estar en desacuerdo con que puedan ir presas. Los datos surgen de la primera encuesta sobre opiniones y percepciones en torno de esa práctica que se realiza en una provincia a ginecólogos/as-obstetras y generalistas de establecimientos hospitalarios. El relevamiento, que abarcó a profesionales de las seis zonas sanitarias de Neuquén, fue encarado desde el gobierno provincial, con el respaldo del Ministerio de Salud de la Nación. Los resultados de la consulta se conocen a dos semanas de realizarse la segunda audiencia pública para debatir la legalización del aborto en la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados (ver aparte).
“De los resultados de la encuesta como de los grupos focales se percibe una opinión generalizada entre los médicos a favor de la despenalización del aborto y que en definitiva la decisión final de interrumpir una gestación es de la mujer”, indicó Mónica Oppezzi, referente del Programa Salud Sexual y Reproductiva. Oppezzi codirigió la investigación. “Es la primera vez que se aplica un cuestionario de este tipo en el sistema público de salud”, destacó a Página/12. Y añadió: “Los resultados fueron positivos por la participación, pero también porque nos muestran que el tema merece una profundización y que es necesario instalarlo en la agenda política”.
La investigación fue publicada bajo el título “Percepciones, prácticas y actitudes de los profesionales médicos en la atención del aborto”. Su realización fue aprobada por una resolución de la Subsecretaría de Salud provincial.
“El aborto constituye un serio problema de salud pública y un de-safío ético político para los sistemas de salud y las políticas públicas”, señaló Oppezzi. El trabajo incluyó una encuesta a médicos de hospitales de mediana y alta complejidad, que son los que atienden a las mujeres que llegan con consecuencias de abortos. La funcionaria explicó que se invitó a participar a ginecólogos/as-obstetras y generalistas de establecimientos hospitalarios de todas las zonas sanitarias del sector público. Se les envió un cuestionario autoadministrado a 202 profesionales, de los cuales respondieron 128, lo que representa un 63 por ciento del total. “Es un porcentaje muy alto y representa una muestra importante”, señaló Oppezzi. El estudio fue codirigido por Carlota Ramírez, del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. También se hicieron grupos focales.
Algunos resultados del relevamiento:
Se les preguntó a los/as participantes si estaban de acuerdo con la afirmación: “El hospital público debería hacerse cargo de realizar los abortos no punibles por la ley vigente.” El 72 por ciento contestó afirmativamente. Sólo un 11 por ciento respondió negativamente.
El 71 por ciento de los encuestados consideró que interrumpir voluntariamente la gestación es una decisión y un derecho de la mujer.
Un 93 por ciento dijo estar en desacuerdo con que la mujer que se indujo un aborto vaya presa.
El 76 por ciento piensa que la despenalización del aborto contribuirá a disminuir la mortalidad materna.
En Neuquén, el aborto es la causa de internación de una de cada diez mujeres que se atienden en los hospitales públicos por situaciones ligadas a la salud reproductiva. A nivel nacional, esa proporción se duplica, según estadísticas oficiales: son casi el 19 por ciento.
De los egresos hospitalarios de mujeres por causas obstétricas, el aborto ocupa el segundo lugar (el primero es partos), indicó Oppezzi y puntualizó que en los tres últimos años han fluctuado entre 850 y 930 casos anuales, aproximadamente. Una de las preguntas de la encuesta apuntó a conocer las causas más frecuentes de hospitalización por complicaciones de aborto. El uso de sondas y perejil no es la principal, pero todavía es un método utilizado: el 17 por ciento de las internaciones correspondieron a interrupciones con esos elementos. Pero en el caso del Hospital Provincial Castro Rendón, el de mayor complejidad de la provincia, las internaciones por esa causa llegaron al 36 por ciento del total: la diferencia se debe a que se trata de un hospital de derivación, adonde llegan los casos más graves que no se pueden resolver en otros centros de salud de menor complejidad, explicó Oppezzi.
Para el 49 por ciento de los y las profesionales encuestados el motivo más frecuente por el cual las mujeres se provocan un aborto es el no uso de métodos anticonceptivos, mientras que un 19 por ciento opinó que es la falta de educación/información de la mujer. La percepción del no uso de métodos anticonceptivos como principal causa de embarazos que terminan en abortos es congruente con la información obtenida del Sistema Informático Perinatal del año 2009, destaca el estudio. En ese período en la provincia, un 47,8 por ciento de las mujeres no habían planeado su embarazo, y de ese total un 67,5 por ciento reportó no haber usado ningún método anticonceptivo. Las deficiencias en la implementación de la Ley Nacional de Educación Sexual Integral en las aulas así como la incorporación en las currículas de los contenidos específicos de acuerdo con el marco legal provincial fueron señalados en forma recurrente y aparecen como barreras para acceder a la información, particularmente en la población adolescente. “Algo está fallando y yo creo que tiene que ver con la educación que reciben los chicos, nuestros hijos”, comentó otro médico.
Oppezzi consideró que las conclusiones del estudio son un insumo para los legisladores que impulsan la despenalización y legalización del aborto.
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