Los tratamientos de reproducción asistida podrían formar parte del Plan Médico Obligatorio (PMO), de prosperar el proyecto de ley que ayer logró dictamen en la reunión de la Comisión de Salud y Deporte del Senado. El texto consensuado a partir de 10 iniciativas de legisladoras y legisladores de distintos bloques determina que el PMO incorpore “como prestación obligatoria y garantizada las técnicas de reproducción asistida, incluyéndose todas las consultas, estudios, medicamentos y procedimientos técnicos relacionados”. En casos de gestaciones concebidas de este modo, el embarazo, el parto y el post parto también serán cubiertos por el “Plan Materno Infantil, así como la atención neonatológica y pediátrica del recién nacido”. De este modo, el proyecto quedó en condiciones de ser tratado en recinto durante la próxima sesión.

En el camino quedó un texto que, por considerar la infertilidad en tanto enfermedad, necesariamente excluía de los posibles beneficios de la ley a parejas integradas por personas de mismo sexo. En cambio, el consenso apunta a que la ley se estructure a partir de la definición de salud acuñada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que la considera en tanto “estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”.

El proyecto, que logró las firmas necesarias para dictamen, toma palabras y espíritu de las iniciativas del sanjuanino Roberto Basualdo (Alianza Frente Producción y Trabajo), las santiagueñas Ana María Corradi de Beltrán (Movimiento Santiago Viable) y Ada Rosa del Valle Iturrez de Cappellini (Frente Cívico por Santiago), el neuquino Horacio Lores (Movimiento Popular Neuquino), la salteña Sonia Escudero (FpV), el tucumano José Manuel Cano (Frente Acuerdo Cívico y Social), la chaqueña Elena Corregido (Alianza Frente Justicialista Chaco Merece Más), la mendocina Laura Montero (UCR), el chubutense Mario Cimadevilla (UCR), y la formoseña Adriana Bortolozzi de Bogado (FpV).

Nueve de los proyectos que habían ingresado en la comisión referían, de una u otra manera,a la infertilidad como enfermedad. El proyecto inicial de Corradi, por ejemplo, indicaba que se podía acceder a la prestación “sobre la base de estudios previos que hayan diagnosticado infertilidad o esterilidad”, mientras que el de Escudero definía la infertilidad en tanto “la dificultad de una pareja estable para concebir un niño naturalmente o de llevar a cabo un embarazo a término luego de un año de vida sexual activa”. En tanto, el texto de Iturrez de Cappellini establecía que “el consentimiento escrito y formal del marido es requisito esencial para la procedencia de la técnica”.

Por su parte, el proyecto ideado por Bortolozzi de Bogado indicaba como requisito de acceso a las técnicas que se hubiera comprobado “la imposibilidad de las personas tratadas para engendrar o concebir naturalmente, o para tener relaciones sexuales normales”. El texto presentado por Lores era aún más explícitamente restrictivo al referir en tanto beneficiarios a “matrimonios y/o parejas heterosexuales estables con más de dos años de convivencia efectiva y que sean mayores de edad y capaces”.

Sin embargo, durante el debate de la Comisión de Salud el consenso privilegió partir de la concepción de salud de la OMS, antes que abordar el proyecto desde la perspectiva de la carencia y la enfermedad. El criterio que finalmente primó en el dictamen fue precisamente ese que sostenía el texto original de Corregido.

En forma paralela, otros cuatro proyectos se están debatiendo en Diputados, donde la Comisión de Presupuesto tiene que debatir aún cómo se van a financiar los tratamientos.

Con ese punto de partida, en caso de obtener media sanción en el Senado y otro tanto en Diputados, la ley podría beneficiar a todas las parejas cuyos derechos reconoce el Estado. No necesariamente la no concepción se origina en problemas de fertilidad. Tal idea excluiría a las parejas integradas por personas del mismo sexo a las que, sin embargo, la ley protege a partir de la sanción de la ley de matrimonio igualitario.

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