El predio donde hasta hace once años funcionó la cárcel de Caseros, en el barrio de Parque de los Patricios, podría dejar de ser, a partir del año próximo, un lugar abandonado. El Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado (Onabe), bajo cuya órbita se encontraba el terreno, lo cedió para la construcción de la futura sede del Archivo General de la Nación (AGN), el organismo encargado de conservar la memoria documental de la Argentina. El proyecto ya fue anunciado a los vecinos, al menos al grupo que desde hace más de un año se viene movilizando para reclamar por la recuperación del lugar. Para encarar la iniciativa, el Estado nacional dejó sin efecto el acuerdo que mantenía con el gobierno porteño para urbanizar el predio: acusan a la gestión de Mauricio Macri de no terminar la demolición y dejar el espacio en situación de abandono.

Los vecinos empezaron a movilizarse en marzo del año pasado, cuando comenzaron a detectarse en el barrio seguidillas de asaltos y arrebatos, presuntamente protagonizados por personas que luego de cometerlos, se ocultaba en el baldío que quedó en lugar del edificio que perteneció a la cárcel. Cortaron la calle y dirigieron notas al gobierno de la Ciudad y al Onabe, ambos organismos responsables hasta entonces del predio. Finalmente, el Estado nacional dispuso el desmalezamiento del predio y colocó personal de custodia para evitar nuevas intrusiones.

Ahora, el proyecto consiste en construir un nuevo edificio para el Archivo General de la Nación, de baja altura y con un corredor verde en el centro. El titular del AGN, Juan Pablo Zabala, dijo a este diario que el organismo necesita “un nuevo edificio, en el marco de un proyecto para modernizar el archivo: consultamos con el Onabe si tenían un terreno disponible”. El AGN funciona actualmente en dos edificios, en Alem 246 y en Paseo Colón y Humberto I, que han quedado chicos para la inmensa cantidad de material archivado. “Estamos en un proceso de digitalización del material fílmico y fotográfico y el nuevo edificio será el lugar para depósito y para consulta.”

Por su parte, el gerente general del Onabe, Adrián Merlo, dijo a Página/12 que se “le transfirió el predio al AGN en un trámite de asignación en uso”. El organismo estuvo a cargo del diseño de un borrador, a requerimiento de la AGN: la primera etapa consta de un edificio de 6000 metros cuadrados, con una altura de no más de cuatro pisos, sobre la calle Pasco. En una segunda etapa habrá otra construcción sobre Pichincha, y en el centro quedará un corredor peatonal con espacios verdes, de acuerdo con el proyecto de la arquitecta Amalia Canale.

Para concretar el proyecto, el AGN “tiene un préstamo preaprobado de la Confederación Andina de Fomento por 13,6 millones de pesos, para la primera parte, que serán reforzados con aportes del Estado nacional”, aseguró Zabala. Tanto en Onabe como en el AGN estiman que, luego de que se otorgue el crédito y la presidenta Cristina Kirchner firme el decreto con la correspondiente autorización, la obra estaría en condiciones de comenzar, en 2012.

La cárcel de Caseros ocupó dos manzanas, entre las calles Pichincha y Pasco, desde la avenida Caseros hasta 15 de Noviembre de 1889. El penal fue desactivado en agosto de 2000. En una de esas manzanas, la que está sobre Caseros, se levanta el edificio de la vieja cárcel, una construcción histórica que no puede demolerse. En el otro espacio estaba la llamada cárcel nueva, una mole de cemento de veinticinco pisos, construida en la década del ’70 y demolida manualmente, a pico y maza, por efectivos del Ejército.

Como la cárcel era federal, el terreno le pertenece al Estado nacional. En 2001 la Nación celebró un acuerdo con el gobierno porteño por el cual cedía esa manzana con el compromiso de que la ciudad se haría cargo de los gastos de demolición y de la urbanización: el proyecto de entonces, consensuado con los vecinos, incluía la apertura de la calle Rondeau y la construcción de viviendas, una escuela y espacios verdes.

La demolición finalizó en 2008, justo en el comienzo de la gestión de Mauricio Macri. En rigor, quedó sin demoler el muro perimetral, según el gobierno porteño, para evitar intrusiones que, de todas maneras, se produjeron. El gobierno nacional debía llamar a licitación para las obras civiles, pero nunca lo hizo: argumentó que la demolición no había terminado.

“Hubo intimaciones y, como la ciudad no cumplió, se dio por finalizado el convenio”, dijo a este diario María Giorgione, gerente de Asuntos Jurídicos del Onabe. Respecto del edificio viejo, está en manos del Ministerio de Justicia, que prevé hacer allí oficinas del Servicio Penitenciario Federal y un museo carcelario. En una década, nada se ha hecho en ese sector.

Los vecinos recibieron la novedad con una mezcla de esperanza y escepticismo. “Hace un año que nos mostraron el proyecto. Creo que se debería haber consulado antes a los vecinos, pero cualquier cosa que hagan va a ser mejor que la situación de abandono que tenemos desde hace diez años”, dijo Jorge Ruiz, que vive en una casa de la calle Rondeau. “El gobierno de la ciudad asfaltó Pichincha hasta la esquina de la cárcel y nunca puso la iluminación que reclamamos”, se quejó. “Si ponen oficinas va a haber más movimiento de gente. Acá se trabajaba más cuando estaba la cárcel”, dice Laura Blanco, comerciante.