Un grupo de presos de la Unidad 45 de Melchor Romero presentó una denuncia ante la Justicia de La Plata: sostuvieron que miembros del Servicio Penitenciario Bonaerense les abrían la puerta para que salieran a robar. Presentaron fotos, balas que les proveían para robar, artículos robados y señalaron lugares y momentos en que habían robado autos de alta gama y viviendas en la ciudad de Buenos Aires. La denuncia la presentaron a través del Comité Contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria. Al rato, recibieron otra visita, de los carceleros, que los amasijaron a golpes. El Comité constató los golpes, pero médicos del SPB no encontraron marcas en los cuerpos de los presos. Una fiscal platense investiga las denuncias, mientras Casal instaló Asuntos Internos en el penal. Resulta curioso que, aunque repetidos, casos como éste no provoquen marchas en reclamo contra la ola de inseguridad.

El 2 de noviembre pasado, un grupo de presos del pabellón 6 de la Unidad 45 en Melchor Romero pidieron la presencia del Comité Contra la Tortura. El motivo: los presos informaron que penitenciarios de esa unidad los obligan a salir a robar desde hacía tiempo. El método es sencillo y no es la primera vez que se denuncia: los guardias abren la puerta y dan permisos de salida a aquellos presos que están dispuestos a robar para ellos. En marzo de 2000, dos presos que habían salido a robar tomaron rehenes en La Paternal y terminaron acribillados por la Federal junto a uno de sus rehenes, que recibió graves heridas de bala. Presos de la ex cárcel de Caseros y Devoto estuvieron vinculados a robos al restaurante Dolli. También, tal como informó Página/12, presos de la Unidad 48 de San Martín denunciaron, en marzo pasado, que debían salir a robar y que luego los autos robados eran cortados dentro del penal, y que uno de ellos se negó y violaron a su mujer.

Cuando los integrantes del Comité Contra la Tortura se presentaron en la U45, los presos detallaron el procedimiento y mostraron fotos que habían tomado con un celular. En las fotos se ve a algunos de los presos con un puñado de balas en sus manos. En otras fotografías se los puede ver vistiendo partes de uniformes policiales. También, registraron fotos de objetos robados como relojes, celulares y alhajas. Y describieron algunas de las viviendas que asaltaron, de donde aseguraron haber llevado 30.000 dólares, electrodomésticos y joyas. También, sitios donde robaron autos de alta gama que luego debían llevar a determinados talleres donde los vehículos eran cortados en autopartes. Los denunciantes sostuvieron que los penitenciarios los proveían de vehículos, uniformes y armas y les indicaban las zonas a robar en la Capital Federal.

Los presos pidieron la asistencia del Comité Contra la Tortura con urgencia. Pero cuando los integrantes del CCT se retiraron recibieron una comunicación telefónica en la que les avisaban que los alojados en la celda 9 del pabellón 6 fueron salvajemente castigados por guardias. “A raíz de estas gravísimas denuncias nos constituimos en la Unidad 45, donde verificamos la gravedad de los hechos denunciados y constatamos las lesiones que padecen Iván Acuña Castaña, Diego Barros Cisneros, Juan Argarañaz Ruiz, Edgardo Cazal López”, señala la abogada del CCT Verónica Bogliano en su presentación ante la Justicia. Los médicos del SPB no encontraron marcas de golpes propinados por sus colegas a los denunciantes.

El caso lo investiga la fiscal platense Virginia Bravo, que ya tomó declaración a los presos, que ratificaron su denuncia. También pidió a la Policía Federal que determine si en las fechas y lugares informados se habían recibido denuncias de robos. Mientras, el ministro de Seguridad y Justicia, Ricardo Casal, ordenó al director general de Seguridad del SPB, Rubén Mazzeo, que se instale en el penal. También ordenó que la oficina de Asuntos Internos se ubicara en el penal para “colaborar” con la Justicia. Un modo de vigilar (y castigar).

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