Un fallo judicial dio prioridad a la continuidad laboral de personas de origen extranjero, en su mayoría sin documentación, que trabajaban en condiciones precarias en un taller textil del barrio porteño de Floresta. La medida, impuesta por el Juzgado Federal Nº 9, ordenó que “toda la maquinaria textil sea confiscada y entregada al Instituto Nacional de Tecnología (INTI)”, con la idea de “mantener productivos los equipos” y así “fomentar el sustento económico” de los trabajadores que resultaron danmificados, proporcionando mejores condiciones laborales.

La resolución fue adoptada por el juez federal Sergio Torres, quien verificó “la existencia de personas de origen extranjero, indocumentadas, que trabajaban en condiciones ilegales en la textil y en situación de vulnerabilidad”. En este sentido, el magistrado ordenó “el decomiso de toda la maquinaria” (que comprende máquinas de coser y cortadoras) para que sea depositada en el INTI, organismo que se encargará de su mantenimiento e impulsará “la organización de una cooperativa de trabajadores de confección de indumentaria”.

De esta manera, “toda la maquinaria que se encuentre en los talleres textiles de Ensenada 422/32 y que fue utilizada por los imputados como instrumentos para la comisión de los delitos de trata de personas, reducción a la servidumbre y permanencia de extranjeros en nuestro país tendrá un destino mejor y evitará la pérdida de la fuente de trabajo de los operarios explotados”, sostiene el fallo de Torres.

Las imputaciones del juez se basan en una denuncia radicada el 28 de febrero de este año por Germán Bravo, jefe (interino) de la Secretaría Penal Tributaria, dependiente de la Dirección Regional de Centros de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), quien realizó un operativo junto a personal de la Dirección Nacional de Migraciones y del Ministerio de Trabajo de la Nación, y detectó “condiciones ilegales de trabajo en personas de origen peruano y boliviano, que cumplían con extensas jornadas laborales y que, a su vez, vivían en ese centro textil en condiciones lamentables”.

Luego de la presentación de pruebas, el taller textil coreano fue “clausurado” y sus dueños fueron “procesados”. Además, según comunicó el juzgado, “se procedió al embargo de los bienes de los imputados, como también al secuestro de las maquinarias textiles y la entrega de las mismas al INTI, a los efectos de que por su intermedio se continúe la actividad laboral, cumpliendo con el rol social y económico que a las mismas pueden ser destinadas”.

En Argentina, los casos de trabajo en condiciones de precariedad y esclavitud laboral se multiplican. Inmigrantes son traídos engañados desde sus países para ser sometidos a la explotación; trabajan de sol a sol y por cada prenda que confeccionan les pagan centavos, que ni siquiera les alcanza para vivir dignamente.

Sin embargo, también crece la idea de fomentar cooperativas de trabajadores, ante este tipo de situaciones. Hace dos años, en noviembre de 2009, el mismo juez Torres ordenó una alternativa semejante, el secuestro de las maquinarias de una textil y, en conjunto con el INTI, se inauguró el Centro Demostrativo de Indumentaria, un polo textil en el barrio de Barracas, preparado para promover un estilo diferente del de los talleres clandestinos, que “no facilitan un trabajo con remuneración justa ni respetan las ocho horas de trabajo”.

El reciente fallo de Torres buscará repetir en Floresta lo realizado en Barracas e intentará “ceder espacios a los emprendimientos conformados por los costureros, que han sido víctimas de la explotación laboral”. Además, apuntará a promover “un estilo distinto de trabajo, en un espacio adaptado a este tipo de prácticas laborales, con maquinaria especializada, con la habilitación municipal correspondiente y cumpliendo con las normas de seguridad e higiene”.

Informe: Sabrina Améndola.