Un malestar al que no podía poner nombre terminó por impulsarla a hacer las preguntas fundamentales: así descubrió que su madre no la había parido, sino comprado “al precio de lo que salía un auto cero kilómetro”. Era 2005. Clara Lis Pereyra tenía 27 años y creía ser huérfana cuando conoció esa parte de la verdad. Pero faltaba. Buscando información en Internet sobre la partera que firmaba su partida de nacimiento, descubrió que no estaba sola: eran muchas las que ahora llama “hermanas en la clandestinidad”, personas que fueron traficadas en un circuito ilegal de adopciones que, aun cuando por un tiempo convivió con la última dictadura, nada tuvo que ver con esas apropiaciones sistemáticas. Hoy, porque Clara Lis, Andrea Belmonte y Patricia Uriondo se animaron a judicializar sus casos, el denominador común en ese tráfico de bebés, la partera Nilda Civale de Alvarez, se encuentra procesada. Cerrada ya la etapa de instrucción, la causa en la que está acusada por supresión de identidad en calidad de partícipe necesaria en sustracción y ocultación de la identidad de tres personas fue elevada a juicio oral.

Clara Lis explica a este diario que haber llegado a esa instancia la alegra, porque cree que “sienta un precedente para futuras causas de búsqueda de identidad”. “Los que buscamos nuestra identidad no tenemos un banco nacional de datos genéticos al que recurrir para hallar nuestra filiación, porque nuestra información está por fuera de la que se sistematiza con los datos de las personas víctimas del terrorismo de Estado.” Por caso, su partida de nacimiento, fechada en marzo de 1978, es “idéntica salvo los nombres” a las de Belmonte y Uriondo, fechadas en octubre y noviembre de 1969 respectivamente. Las tres, además, cotejaron sus ADN con los del Banco Nacional de Datos Genéticos, en todos los casos con resultados negativos. Pero la información capaz de conducirlas a conocer su filiación biológica no está, de momento, disponible. Pereyra, Belmonte y Uriondo, en cambio, sí cuentan con apoyo del equipo de Búsqueda de Origen de la Dirección de Personas Desaparecidas, del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Fueron su titular, Alejandro Incháurregui, y la abogada Adriana Gallo quienes intercedieron ante la Defensoría General de la Nación para que Stella Maris Martínez asignara al defensor general de Morón, Néstor Barral, como abogado de Pereyra.

Todos los caminos conducen a la partera Civale de Alvarez, hoy de 79 años, pero iluminar lo que sigue depende de su voluntad. Hasta ahora no ha querido declarar nada; su abogado no apeló el procesamiento (sin prisión preventiva, en razón de su edad) que pesa sobre ella, parte de cuyos bienes, además, han sido embargados por un valor de 200.000 pesos.

La investigación ya terminó de instruirse. Aunque resta establecer la fecha, las tres mujeres en busca de información sobre sus orígenes saben que en 2012, en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº2, de Morón, la partera Civale de Alvarez será juzgada por supresión de la identidad, sustracción y ocultación (un delito que no prescribe) e inserción de declaraciones falsas en un documento público.

Cuando tiene que remontar el hilo de estas actuaciones judiciales hasta el comienzo, hasta el momento en que no existían fojas ni una causa, sino dudas y casualidades encadenadas, Clara Lis advierte que “hay escenas como de película de Campanella”. Entre 2005 y este fin de 2011, dice, se repitieron. Fue cinematográfico que ella se enterara de casualidad, porque en una consulta de rutina un médico le preguntó de qué tipo de cáncer había muerto su madre. “Y yo no sabía. Le pregunté a mi tía, no supo, pero después ella llamó a mi pareja. Le contó que me habían comprado, que no sabía si decírmelo”, recuerda. No dijeron nada, pero por sugerencia de un psicoanalista, insistieron a Clara Lis en que retomara terapia. “A la tercera sesión le cuento mi historia entera. Porque a los 20 días de ir, empecé a sospechar y a indagar. Es increíble: yo no tenía ninguna sospecha hasta principios de marzo de 2005. El 20 de abril descubrí todo.”

Vale decir que una repregunta a aquella mujer que dudaba en contar lo que sabía abrió las puertas. “Se puso a llorar y me dijo ‘me prometí que no iba a mentirte, pero había prometido a tu abuelo Orestes no decírtelo... Tu mamá estaba muy enferma, soltera y sin pareja, quería tener una nena antes de morir, y te adoptaron.” Preguntando y repreguntando a quienes creía tías de sangre, supo que en realidad la habían comprado “por el valor de un auto” de esa época a una partera, cuya firma certifica el nacimiento. Una de ellas le advirtió que “había tenido suerte de que no me hubieran tirado en un baldío”, que no sabía ni había visto nada, pero que la había tenido “con sangre calentita entre sus brazos”. Por haber nacido en 1978 y porque su abuelo y la mujer a la que creía su madre “trabajaban en el Instituto Geográfico Militar”, contactó a Abuelas de Plaza de Mayo, fue al Banco Nacional de Datos Genéticos; el cotejo de su ADN no estableció filiación con ninguna de las familias registradas allí. “Te da negativo en el (hospital) Durand, ¿qué hacés? Es difícil.” Entre tanto, a ella se le había ocurrido buscar en Internet.

“Googleando a la partera, encontré la historia de Nancy, una chica que todavía no se anima a judicializar su caso. Le escribí un e-mail. Claro, vos desconfiás, primero. Nos encontramos en el patio de comidas del shopping del Abasto, cada una un poco desconfiada. Pedimos un café. Cuando entramos en confianza, sacamos la documentación: nuestras partidas de nacimiento eran idénticas. Variaban nuestros nombres, pero después participó siempre la misma gente.” Alguien sugirió a Clara Lis que contactara con el Registro de Personas Desaparecidas bonaerense, “a los pocos meses, aparece Patricia (Uriondo)”, gracias a que –con ayuda de la dueña de la casa en que trabajaba como empleada– había contactado también a Nancy. “Nos encontramos a través de Internet. Así supimos que era éramos hermanas en la clandestinidad. Vos te sentís que sos el único eslabón de algo, y de repente empiezan a aparecer más personas.” Después se sumó Andrea Belmonte. En todos los casos firmaba Civale de Alvarez, y las chicas tenían por domicilio de nacimiento una misma dirección de González Catán.

La causa comenzó con un traspié porque un juzgado se declaró incompetente hasta que la Corte Suprema de la Nación resolvió que la búsqueda de identidad debía ser investigada judicialmente. En abril de 2010, las tres mujeres declararon, y “fue increíble contarle a la Justicia lo que veníamos investigando hacía muchos años”. Meses después, debieron someterse a análisis de ADN que certificaran que no tenían vínculos biológicos con sus familias de crianza. Clara Lis recuerda que “fue durísimo”, que “Patricia tuvo que exhumar los cuerpos de sus padres en el cementerio”, pero que “esos resultados fueron fundamentales para adjuntar a la causa. Demoraron, se postergaron hasta mediados de este año, pero gracias a eso la investigación avanzó”. Fue entonces cuando la partera Civale de Alvarez se negó a declarar en la indagatoria. Quince días después, la Justicia decidió que había evidencia suficiente para procesarla.