En 2011, cada 31 horas fue asesinada en el país una mujer por el hecho de ser mujer, de acuerdo con el relevamiento realizado por el Observatorio de Femicidios en Argentina de La Casa del Encuentro. En total, fueron ejecutadas 282 mujeres y niñas como consecuencia de la violencia de género, una cifra que muestra un aumento del 8 por ciento en relación con los casos detectados el año anterior, según el registro de la ONG. Treinta y dos de las víctimas tenían entre 15 y 21 años y todas fueron ultimadas por sus novios o ex parejas (ver recuadro). La epidemia de femicidios dejó a 346 niños y niñas sin madre, muchos de los cuales muy probablemente arrastren las secuelas de haber sido testigos y a la vez víctimas de la violencia machista. En la mayoría de los casos –casi 6 de cada 10–, el autor o principal imputado es el esposo, novio o ex pareja de la víctima. Para las mujeres, la propia casa puede resultar más peligrosa que la calle: en la ciudad de Buenos Aires, el 50 por ciento de los homicidios dolosos de mujeres que tuvieron lugar en 2010 fueron motivados por violencia intrafamiliar y solo el 27 por ciento, en ocasión de robo, de acuerdo con una reciente investigación de la Corte Suprema (ver aparte).

Como cada año, el informe de La Casa del Encuentro llama a la reflexión sobre las consecuencias de la violencia de género y en esta oportunidad, la entidad exhortó a avanzar con un acuerdo social entre diversos sectores para diseñar un plan nacional para la erradicación de la violencia hacia las mujeres. La Ley 26.485, de “Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres”, sancionada el 11 de marzo de 2009 y reglamentada en 2010, establece en su artículo 9 que el Consejo Nacional de las Mujeres (CNM) debe “elaborar, implementar y monitorear un Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres” y “articular y coordinar las acciones” para el cumplimiento de la norma, con las distintas áreas involucradas a nivel nacional, provincial y municipal, y con los ámbitos universitarios, sindicales, empresariales, religiosos, las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres y otras de la sociedad civil con competencia en la materia”, entre otras responsabilidades.

Las autoridades del organismo sostienen que están trabajando en la elaboración de un plan desde hace tiempo, pero todavía no lo presentaron. Desde el 10 de diciembre está al frente del CNM Mariana Gras Buscetto, militante de La Cámpora, quien venía desempeñándose como subsecretaria en la Unidad de Coordinación Nacional para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contras las Mujeres del CNM y previamente fue directora nacional de Juventud.

El 2011 se inició con el asesinato de María Laura Córdoba, de 20 años, en la localidad de Villa Hipólita, Santiago del Estero. El informe del Observatorio de Femicidios precisa que la asesinaron el 1 de enero a golpes de puño y puntapiés. La ataron a un árbol y la quemaron con un hierro caliente. El culpable del feroz ataque sería un joven de 32 años, con quien la víctima mantenía una relación. Tras dejar a la muchacha tirada en el camino, escapó y fue detenido días después. El hombre tenía denuncias previas por malos tratos y amenazas de muerte. Ese mismo día fueron apuñaladas en el barrio porteño de Villa Urquiza Silvina Beatriz Mehaudy, de 44 años, y Sofía Bianco, de 9 años, madre e hija. El acusado del crimen fue el esposo y padre de la niña, quien habría sido denunciado previamente por malos tratos.

El listado de femicidios es estremecedor. Baleadas, a golpes, martillazos, apuñaladas, incineradas: 282 mujeres –entre ellas niñas y adolescentes–, resultaron asesinadas a lo largo del año por el hecho de ser mujeres. Veintiocho murieron como consecuencia de quemaduras. El 2011 terminó con una seguidilla de resonantes femicidios. El cuádruple crimen de La Plata –-ahora sin detenidos– y el asesinato de Carla Figueroa en General Pico, La Pampa, a manos de su violador y flamante marido, a quien la Justicia había liberado una semana antes con la polémica figura del avenimiento, entre otros casos. El comienzo del 2012 se conmovió con otro femicidio: el de la maestra de San Fernando, Silvia Prigent. Ayer la fiscalía solicitó la detención del viudo Daniel Sfeir, acusado de homicidio agravado por el vínculo de su mujer (ver aparte).

El registro lo lleva adelante desde 2008 el observatorio que dirige Ada Beatriz Rico y coordina Fabiana Túñez. “El femicidio es una de las formas más extremas de violencia hacia las mujeres, es el asesinato cometido por un hombre hacia una mujer a quien considera de su propiedad”, destacó Túñez. El concepto fue desarrollado por la escritora estadounidense Carol Orlock en 1974 y utilizado públicamente en 1976 por la feminista Diana Russell, ante el Tribunal Internacional de los Crímenes contra las Mujeres, en Bruselas, recordó Rico.

El observatorio realiza el relevamiento de los casos publicados en las agencias informativas Télam y DyN y 120 diarios de distribución nacional y/o provincial. Contabiliza los homicidios de mujeres por razón de género, es decir, casos que no tienen que ver con robos, secuestros u otras situaciones de “inseguridad” urbana. “El término femicidio es político: es la denuncia a la naturalización de la sociedad hacia la violencia sexista”, agregó Rico.

En 2010 el observatorio registró 260 femicidios y en 2009, 231 (pero en ese año los medios relevados eran menos, solo 43). De los 282 femicidios, en 106 –37,6 por ciento– el acusado fue el esposo o novio y en 58 –20 por ciento–, la ex pareja. En 23 casos, el padre o padrastro; en 22, un vecino o conocido; en 14, otros familiares; en 6, hijos; en un caso, un hermano o hermanastro y en 52, un hombre sin vínculo aparente con la víctima. En al menos 31 de los hechos, la mujer previamente había hecho denuncias y en 3, el agresor tenía dictada una exclusión del hogar o prohibición de acercarse a la víctima.

“Con este informe –apuntó Rico– estamos reclamando la existencia de estadísticas oficiales sobre violencia hacia las mujeres, incluidos los índices de crímenes por violencia de género, en articulación con la sociedad civil y la incorporación en el Código Penal del femicidio, como una figura penal autónoma, además de la pérdida automática y definitiva de la patria potestad del femicida, no así de sus obligaciones alimentarías.”

Túñez señaló la necesidad de que todas las provincias adhieran a la Ley 26.485. “Es necesario considerar a la violencia sexista como una cuestión política, social, cultural y de derechos humanos; de esta forma se podrá ver la grave situación que viven las mujeres, niñas y niños en la Argentina como una realidad colectiva por la que se debe actuar de manera inmediata”, concluyeron las especialistas.