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Después de que el juez en lo Contencioso Administrativo Luis Arias diera 30 días al Ministerio de Justicia y Seguridad bonaerense para quemar todos los prontuarios fotográficos de adolescentes, a fin del año pasado, el gobierno bonaerense apeló la medida.

Lo hizo de una manera curiosa: no apeló el fondo de la cuestión, es decir, la inconstitucionalidad de invadir la imagen e intimidad de niños y adolescentes, como también el derecho de no discriminación. En realidad, apeló cuestiones formales respecto de requisitos de forma de aceptación del caso. La noticia de la apelación primero circuló como presentada por el ministro del área, Ricardo Casal. Pero los voceros de Casal se encargaron de difundir la desmentida y asegurar que habían festejado el fallo de Arias, cuestión que es más dudosa.

Era cierto que el ministro no firmó la apelación pero no por desacuerdo sino porque no tiene representación. Sólo lo puede hacer el gobernador o el fiscal de Estado, Ricardo Szelagowski, quien efectivamente presentó la apelación formal. De todos modos, el fiscal de Estado nunca presenta una apelación sin consultar previamente al ministerio del área que corresponda para contar con su acuerdo.

En 2008, Arias ya había prohibido que los bonaerenses detuvieran adolescentes en las comisarías.