En las escuelas públicas bonaerenses no se podrán colocar más símbolos religiosos ni de partidos políticos. La prohibición es parte del nuevo Reglamento General de Instituciones Educativas de la provincia, que aprobó el gobernador Daniel Scioli a través del decreto 2299/11 del 22 de noviembre y que fue publicado en el Boletín Oficial bonaerense el 26 de diciembre, aunque recién trasciende ahora. La flamante norma elimina además la bendición obligatoria de banderas y escuelas por inaugurar, salvo que se trate de un acto ecuménico y lo decida la comunidad educativa. Las nuevas disposiciones generaron fuerte malestar en el ultraconservador arzobispo de La Plata y presidente de la Comisión Episcopal de Educación, monseñor Héctor Aguer, que está presionando en la gobernación para que se dejen sin efecto. Por el momento, para calmar sus ánimos caldeados, le han prometido que la aplicación no será retroactiva, esto es, no se quitarán los múltiples crucifijos e imágenes de vírgenes entronizadas en edificios escolares públicos en el territorio bonaerense. En el gobierno bonaerense barajaron la posibilidad de atender el reclamo y derogar esos puntos, pero se encuentra con un problema mayúsculo: el nuevo reglamento –que incluye más de 300 artículos y fue impulsado y debatido ampliamente durante la gestión del ex director General de Cultura y Escuelas, Mario Oporto, para aggiornar el anterior–, fue sometido a un largo proceso de discusión que se extendió por más de dos años y, que incluyó consultas a través de la página web oficial de la cartera. Y además, pasó por acuerdos con los gremios docentes y no docentes.

El problema le acaba de estallar a la sucesora de Oporto, Silvina Gvirtz, quien a poco de desembarcar en el ministerio se encontró con fuertes presiones de Aguer para derogar los artículos que buscan reafimar la idea de una educación laica. La veda, de todos modos, no alcanza a los colegios de gestión privada confesionales. Gvirtz está de acuerdo con los cambios, aunque no fue su promotora.

El equipo de redacción del nuevo reglamento estuvo integrado por asesores, docentes y abogados del Consejo General de Cultura y Educación de la provincia. Uno de ellos fue Carlos Cebey, ex consejero por el radicalismo e integrante del Instituto Laico de Estudios Contemporáneos, uno de los impulsores de los artículos que alejan la impronta religiosa de las escuelas..

El texto se discutió con los gremios docentes, Suteba, AMET (Asociación de Magisterio de Enseñanza Técnica), FED (Federación de Educadores Bonaerenses) y de personal no docentes, ATE, UPCN y SOME (Sindicato de Obreros y Empleados de la Minoridad y la Educación). Tras un prolongado proceso de consultas, se puso a consideración del Consejo General de Cultura y Educación, y fue aprobado por unanimidad. Ese Consejo está integrado por diez consejeros generales que representan a los docentes, movimientos sociales y partidos políticos.

En el capítulo II del reglamento que se refiere al proyecto educativo, el artículo 193 dice textualmente: “Prohíbese la colocación de símbolos religiosos o de partidos políticos, en el ámbito de los edificios escolares, excepción hecha de las escuelas de gestión privada confesionales con relación a los símbolos religiosos”. Como ex consejero general, Cebey recorrió durante varios años el territorio bonaerense para visitar escuelas y recuerda que en numerosos establecimientos públicos hay imágenes de vírgenes y crucifijos en pasillos y patios, del mismo modo que las hay en colegios estatales en otras provincias.

Los artículos 200, 201 y 202 establecen que las ceremonias de inauguración de una escuela, o la celebración de un aniversario del establecimiento o del uso de una bandera nueva, no podrán recibir más una bendición –obligatoria hasta ahora y que solía ser bajo el rito católico, con un cura u obispo–, salvo que se trate de un acto ecuménico y que haya sido resuelto por la comunidad educativa.

El decreto 2299/11 derogó el Reglamento General de Escuelas Públicas de la Provincia de Buenos Aires dictado en 1958, “un instrumento propio de un contexto histórico caracterizado por su autoritarismo y al que sólo se le introdujeron modificaciones parciales”, según los considerandos de la norma.