Lorena Martins presentará el lunes ante el Ministerio de Seguridad la documentación y los elementos que tiene sobre la organización que comanda su padre, el ex agente de la SIDE Raúl Martins, en el mundo de la trata de personas, las coimas a policías y coimas a funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La joven tomó esa decisión porque ya recusó al juez Norberto Oyarbide y también al fiscal Gerardo Pollicita, pero –en diálogo anoche con este diario– afirmó que “no quiero que se piense que estoy poniendo obstáculos a la investigación. Así que para resguardar la información que tengo, voy a presentar los elementos y haré una declaración ante el Ministerio”.

Lorena debía presentarse ayer ante el fiscal Pollicita, pero envió un familiar con un texto en el que pide el apartamiento del funcionario judicial. Los fundamentos son esencialmente dos:

- Que Pollicita había sido designado en mayo de 2007 como integrante de la Comisión Asesora de Seguridad de Boca Juniors. En ese tiempo, desempeñaba funciones ejecutivas en Boca Raúl Oscar Ríos, a quien Lorena Martins acusa de ser el vínculo que su padre tenía con el gobierno porteño para que no le clausuraran los boliches que tiene en la ciudad, donde funcionarían prostíbulos.

- Que Pollicita fue integrante de la Comisión Electoral de Boca en diciembre de 2007 como socio designado por la Comisión Directiva del club, por la corriente que lideraba el jefe de Gobierno y ex presidente de la institución, Mauricio Macri.

El lunes, el fiscal rechazará esta recusación ya que sostiene, en primer lugar, que el presidente de Boca no era Macri, que ya había tomado una licencia, sino el fallecido Pedro Pompilio. Y, en segundo lugar, que nunca vio ni habló con Ríos. Según le dijeron a este diario en la fiscalía, Pollicita tenía preparadas numerosas medidas para avanzar en la investigación y quedó muy decepcionado con la recusación.

Lorena Martins tomó la decisión de denunciar a su padre después de que dos matones trataran de ingresar a su vivienda el 29 de octubre. Allí realizó una primera presentación ante la policía y la Justicia de San Isidro. Pero ya el 26 de diciembre se presentó formalmente ante la Unidad Fiscal de Atención a los Secuestros Extorsivos (Ufase) y declaró durante tres horas en presencia del fiscal Marcelo Colombo. En ese momento –cuando la denuncia no era pública– se podrían haber hecho los procedimientos decisivos: allanamientos a las oficinas señaladas por Lorena en las que se guardaban las computadoras y pendrives relacionados con toda la operatoria de su padre; allanamientos a siete boliches que serían propiedad de Martins, en los que la joven había precisado hasta las puertas electromagnéticas que permitían salir a las chicas en caso de un procedimiento; y también se podrían haber ordenado escuchas telefónicas para establecer las vinculaciones de la organización. La realidad es que todo se fue demorando, el expediente se envió a sorteo y terminó recayendo en el juzgado de Norberto Oyarbide, de probada relación con Raúl Martins. Como Oyarbide está de vacaciones, la causa pasó de juez en juez hasta que finalmente Marcelo Martínez de Giorgi le delegó la investigación a Pollicita. Para entonces, el caso ya se había hecho público y, como es obvio, las medidas de allanamiento ya no tendrían los resultados que podían esperarse en un comienzo.

Desde que oficializó su denuncia, a fines de año, Lorena tiene custodia por pedido del fiscal Colombo, ratificado por Pollicita. La ministra Nilda Garré ordenó que fuera la Gendarmería la que quedara a cargo de la seguridad de la joven. Por ello, Lorena pidió una audiencia con Garré que se concretó el jueves. Y ahora la joven decidió entregar en el ministerio los elementos que tiene contra la organización que comanda su padre. Todo indica que el ministerio va a presentar esa información a la Justicia.

El expediente sumará el lunes un nuevo juez, Sergio Torres, ya que Oyarbide sigue de licencia. Es Torres quien deberá resolver la recusación del fiscal, aunque mientras tanto éste seguirá a cargo de la investigación.

Desde que Lorena se presentó, pasaron ya 25 días, un lapso demasiado largo si se tiene en cuenta que pocas veces se encuentra la posibilidad de investigar un caso de trata de personas y coimas sobre la base de la denuncia de la propia hija de quien supuestamente comanda la organización.