El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires llamó a licitación para contratar “servicios de internación prolongada de pacientes psiquiátricos”, por un monto de 12 millones de pesos; la resolución omite mencionar la ley nacional y, local de salud mental, que desestiman las internaciones prolongadas. Según Leonardo Gorbacz –autor del proyecto de la Ley Nacional 26.567 de Salud Mental–, la medida procuraría transferir a clínicas privadas a las personas actualmente internadas en los hospitales Borda y Moyano, pero “esa misma suma podría destinarse a casas de medio camino, operadores sociales y distintos dispositivos de inclusión social, que harían posible la reinserción en la comunidad, como ya se ha hecho en otras provincias”.

La Resolución Nº 52, del Ministerio de Salud porteño, fue publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad el 3 de enero pasado: “Apruébanse los pliegos de bases y condiciones para la contratación del servicio de internación prolongada de pacientes psiquiátricos y pacientes gerontopsiquiátricos, con atención médica integral en salud mental, con el objeto de lograr su rehabilitación y su reinserción social, derivados por el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. La contratación se efectuará mediante licitación pública “por un monto aproximado de 12.702.000 pesos”.

“La noción misma de ‘internación prolongada’ contradice la Ley 448 de Salud Mental de la Ciudad de Buenos Aires y también la Ley Nacional 26.657 de Salud Mental que, al contrario, plantean la ‘desinstitucionalización progresiva’; no hay internación en salud mental que tenga por qué durar más de dos meses. La Resolución 52 ni siquiera menciona ninguna ley de salud mental, sino que se basa exclusivamente en la legislación sobre contrataciones –observó el ex diputado Gorbacz–. La intención más probable es dejar libres los terrenos donde hoy funcionan el Borda y el Moyano para trasladar allí las oficinas del Gobierno de la Ciudad: para esto procurarían llevar a los pacientes al ámbito privado. El cambio de función de esos terrenos puede ser legítimo, pero primero debería resolverse la situación de las personas allí alojadas en el marco de la legislación actual. Esos 12 millones de pesos podrían servir para un programa de externación, con creación de dispositivos de inclusión social, casas de medio camino, habilitación de servicios en hospitales generales.”

“En lugar de eso –continuó Gorbacz–, la idea parece ser enviarlos al sector privado, que de ningún modo es mejor que el público: habitualmente hay menos posibilidad de control y su lógica de permanencia tiene que ver con una lógica de facturación, que ciertamente aumenta cuanto más tiempo pasa internada la persona. En contrapartida, ya existen experiencias de externación en distintos lugares del país: el programa PREA, en la provincia de Buenos Aires; la experiencia de desinstitucionalización en la provincia de San Luis; la reforma en salud mental que funciona desde hace muchos años en Río Negro; el caso de Tierra del Fuego, que nunca tuvo hospitales monovalentes (manicomios) y funciona con dispositivos alternativos. Los pacientes cronificados, que llevan muchos años de internación, requieren políticas específicas, pero que se inserten en dispositivos no hospitalarios: en la creación o recreación de contextos familiares o lo más parecidos a la familia, con acompañantes terapéuticos y operadores sociales.”

Según Gorbacz, “conviene estar atentos a quiénes serían los eventuales beneficiarios de esos 12 millones: qué clínicas se presentarán a esa licitación. Hay organizaciones que se oponen a la aplicación efectiva de las leyes de salud mental y que tienen fuertes intereses en las clínicas privadas”. La Asociación de Médicos Municipales efectuó en su momento presentaciones judiciales contra la Ley 448, de la CABA; y la Asociación de Psiquiatras Argentinos (APSA) formuló objeciones a la Ley Nacional 26.657.

Página/12 intentó en vano, en la tarde de ayer, comunicarse con el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires.