Los ocupantes del denominado “pabellón de lesa” de la cárcel de Marcos Paz –que aloja a los represores condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura– son proclives a la queja. No fue la excepción el cura Christian von Wernich, quien publicó una carta en la que denunció que fue cercenada su “libertad religiosa” porque le habrían prohibido el acceso a la capilla del penal, y pidió a las autoridades eclesiásticas que intercedan ante esta “persecución infame y diabólica”. Desde el Servicio Penitenciario Federal (SPF) aclararon que todos los reclusos pueden practicar su fe con las condiciones propias de su situación de encierro, esto es, en determinados horarios, espacios y con ciertas personas. “Acabamos de ser víctimas del más miserable y vengativo atropello a la dignidad humana en su libertad religiosa garantizada por nuestra Constitución Nacional”, se permitió expresar Von Wernich.

El sacerdote se dirigió a las autoridades de la Iglesia Católica “como ex capellán de la Policía de la provincia de Buenos Aires, sometido a un proceso jurídico-político desde el año 2003, condenado a reclusión perpetua, confinado en el penal de mediana seguridad de Marcos Paz, de 74 años de edad, acompañado por otros miembros de las fuerzas armadas, de seguridad, policiales y penitenciarias –muchos de ellos octogenarios– por haber combatido al terrorismo subversivo marxista durante los años 1976 a 1983”. En rigor, en octubre de 2007, el Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata condenó a Von Wernich como “partícipe necesario en la privación ilegal de la libertad de 34 personas y coautor de la aplicación de tormentos de 31, además de coautor del homicidio de siete personas, cometidos en el marco del genocidio”. En aquella oportunidad, el Episcopado repitió un pronunciamiento anterior en el que había señalado que si miembros de la Iglesia participaron de la represión, lo hicieron bajo su responsabilidad personal.

La carta de Von Wernich fue publicada en el sitio Periodismo de Verdad, en el que abrevan genocidas de variado origen, y en ella sostiene que le prohibieron “el ingreso diario a la Capilla del Penal a las 18 horas, para nuestra ‘Hora Santa’, frente al Santísimo Sacramento y a la reunión de grupos de oración, como lo veníamos haciendo desde el año 2007, sin ningún tipo de problema, dentro del mayor respeto y recogimiento”. Según describió, “esta persecución a la fe de los católicos es a consecuencia de una falsa denuncia anónima no investigada y valorada como verídica por parte del señor director nacional del Servicio Penitenciario Federal”. El cura convicto se refiere a cuando fue revelado que daba misa en la capilla del penal, lo cual niega, y sostiene que el funcionario no verificó la presunta falsedad de esos dichos porque “está manifestando una ideología comunista marxista”. En su explicación, Von Wernich relata que su obispo diocesano sólo le permite celebrar misa en su “celda-calabozo”, pero admite que participa de la misa de los capellanes. “Generalmente hago de ‘monaguillo’ o de ‘sacristán’, al preparar el altar de la santa misa para los internos y los ‘presos políticos’ de los que formo parte.” El Servicio Penitenciario aseguró que “eso no es cierto, no cercenamos derechos en base a denuncias, y menos anónimas”.

La carta fue originalmente publicada en La Historia Paralela, otra página de nacionalistas varios, con una foto del director nacional del SPF, Víctor Hortel, en ocasión del casamiento de lesbianas en el penal. Aunque el cura no menciona el hecho, parece estar molesto por estas situaciones. Sí explicitó que “el arreglo del cerco perimetral sigue dormido”, y lo calificó como un tema de “inseguridad”. Y lamentó que estén “tratando de convertir las capillas de los penales en depósito o pañol”.

Hace cinco años, cuando fue condenado, dijo: “Yo sé muy bien lo que hice, por qué lo hice y con quiénes; nadie me va a prohibir dar misa, ni perderé ninguna de mis atribuciones”. En 2007, la asamblea plenaria de obispos reunida en Pilar analizó una probable sanción eclesiástica contra el “padre Christian”, como firma el cura sus pedidos de amnistía. Sin embargo, nunca lo aprobó. Así los hechos, no es la Iglesia a la que sigue perteneciendo este genocida la que le impide dar misa sino un organismo del Estado, como el SPF.