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La Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires denunció el aumento de las muertes de menores de edad en supuestos enfrentamientos policiales: durante 2002, las víctimas adolescentes llegaron a 44, casi un 70 por ciento más que las registradas en 2000. La investigación cuestiona especialmente lo ocurrido durante 2001 en la jurisdicción de la Departamental Lomas de Zamora, donde 14 menores murieron en presuntos enfrentamientos en ese año, una cifra que representa más del 40 por ciento de las 34 denunciadas en todo el territorio bonaerense. Sin embargo, en casi todos estos casos no sólo no fue investigado el accionar policial y la manera en que las víctimas “se enfrentaron con la policía”, sino que muchos de los expedientes están caratulados como robos o intentos de robo sin siquiera mencionar la existencia de un menor de edad muerto.
Así lo revela el escrito que el organismo presentó a la Suprema Corte, al Ministerio de Seguridad y a la Legislatura provinciales, en el que les “recomienda” investigar estos hechos. “Sin dudas, lo que hay acá es una inacción fiscal muy marcada”, dijo a Página/12 el director provincial de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, Alejandro Kuwabata.
Además de resaltar el aumento constante de la muerte de menores, el informe aconseja a las autoridades provinciales que se investigue el accionar policial de la Departamental de Lomas de Zamora. “En 2001, allí se rompió cualquier tipo de estimación o proporción razonable y eso requiere, de más está decirlo, una investigación profunda”, señaló Kuwabata. El funcionario explicó que, aunque no puede hablarse de gatillo fácil antes de que sea investigado, “este índice de ninguna manera puede ser sólo consecuencia del incremento del delito violento”. Las 14 muertes representan el 41,17 por ciento del total ocurrido en toda la provincia.
El escrito también pide que se estudie otro dato no menos llamativo: “El altísimo porcentaje de menores de edad muertos en manos de policías de franco en presuntos robos o intentos de robo”, remarcó Kuwabata.
A partir de estas cifras, pide al ministro de Seguridad, Juan Pablo Cafiero, que “se adopten medidas tendientes a profundizar la formación y capacitación del personal policial en lo atinente al uso de la fuerza y del arma de fuego”. Recomienda además la instrucción de sumario administrativo a los policías involucrados en esas muertes.
La investigación reveló que todos los adolescentes muertos en Lomas de Zamora en 2001 eran varones, en su mayoría de entre 15 y 17 años, datos que no estaban asentados en ningún papel ni archivo porque “la mitad de la causas penales son caratuladas por el presunto delito en el cual participaron menores, sin mencionarse en ellas la existencia de un homicidio o de una investigación tendiente a averiguar las causas de su muerte”, afirmó el funcionario.
En cuanto al rol de la Justicia, el blanco está puesto especialmente en fiscales y jueces de garantías. Así, el informe resalta que “en ningún caso los responsables de las muertes son considerados imputados”.

Informe: Paula Bistagnino.