Los policías de Misiones que desde el martes permanecen autoacuartelados en la Jefatura de la Policía provincial fueron identificados y separados de la fuerza ayer, después de que el fiscal de Instrucción Nº 2, Christian Nerenberg, pidiera su captura. El gobierno, en tanto, se negó a continuar de ese modo las negociaciones salariales y habilitó el aumento del 40 por ciento ofrecido a aquellos agentes que abandonen la huelga y se reporten con sus superiores. Además, vinculó la rebelión policial con el juicio a ex policías por delitos de lesa humanidad.

El amotinamiento se desencadenó la semana pasada, cuando un grupo de policías ocupó el Comando Radioeléctrico de Posadas, dando el puntapié inicial para la toma de otras unidades. Piden el blanqueo de sus salarios: 2000 pesos de básico y 5000 de bolsillo. Hoy, el sueldo inicial de un agente de la provincia es de 2445 pesos. El gobierno ofrece, en cambio, un aumento del 40 por ciento, pero sólo para el salario de bolsillo. De ese modo el mismo agente cobraría 3479 y el básico continuaría en menos del 10 por ciento del salario real.

El martes, la protesta recrudeció de forma violenta, cuando unos 50 efectivos ingresaron por la fuerza a la jefatura policial. Hubo forcejeos y golpes de puño, que incluso alcanzaron al flamante jefe policial, Héctor Munare-tto, quien asumió en medio de la semana crítica.

En un comunicado, el gobierno analizó que la acción fue comandada por “un grupo de sediciosos” que incluso “amenazó con avanzar sobre la Casa de Gobierno”, cuando la negociación se encontraba “estancada” y “mientras comenzaba a normalizarse la prestación de servicios de seguridad con la colaboración de fuerzas federales y policías que no se sumaron a la protesta”.

En el texto del Ejecutivo provincial, difundido por el diario El Territorio, se apuntaba además que “el proceso que iniciará el debate público el 21 de marzo (por crímenes de lesa humanidad a ex policías) tiene un clima enrarecido por el amotinamiento policial del 22 de febrero”. En esa línea, el gobernador de Misiones, Maurice Closs, encabezó ayer un acto público en “defensa de la democracia” en el que dijo que la falta de acuerdo se debe al accionar de algunos pocos referentes de los policías, “con muchos infiltrados adentro”, que se niegan a aceptar el ofrecimiento gubernamental.

Los policías sublevados aseguran que son cerca de 2500 los efectivos aque adhieren a la protesta, con distintas seccionales del interior de la provincia aún tomadas. Negaron que la protesta tenga alguna vinculación con la proximidad de los juicios orales y reafirmaron su intención de continuar el reclamo.

Sin embargo, el golpeado funcionario Munaretto pasó a disponibilidad a medio centenar de esos policías por “subvertir el orden de mando natural” y como consecuencia de “la instrucción de una causa judicial con la intervención del juzgado Nº 2 de Posadas”. Ese tribunal, a cargo del juez César Yaya, tiene en sus manos el pedido del fiscal Christian Antúnez Nerenberg, que solicitó la captura de todos los efectivos que tomaron la jefatura el martes pasado.

El gobernador, custodiado por la Gendarmería hasta que se regularice la situación, cerró la negociación salarial en el 40 por ciento de aumento al salario real. Los policías en huelga tuvieron plazo hasta ayer al mediodía para reportarse con sus superiores para percibir ese incremento.