La legisladora Laura García Tuñón, con miembros de la comisión, en San Salvador.

Una comisión de legisladores, gremialistas y militantes por los derechos humanos viajó a El Salvador para reclamar allí el esclarecimiento del crimen del cantautor Facundo Cabral. El músico fue asesinado en Guatemala, pero recientes investigaciones vinculan con el hecho a importantes dirigentes de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), un grupo de ultraderecha de El Salvador. “Muchos contactos políticos nuestros en Centroamérica nos pedían que fuéramos para que se profundice un poco más esta línea investigativa”, explicó a Página/12 la legisladora porteña Laura García Tuñón, quien encabezó la Comisión Justicia para Facundo Cabral y regresó ayer desde San Salvador. De acuerdo con la investigación publicada por un medio centroamericano, “la planificación (del crimen) corrió por parte del contraalmirante retirado de la marina salvadoreña Marco Antonio Palacios Luna, asesor del ex presidente Alfredo Cristiani, y varios integrantes de Arena”, dijo García Tuñón a este diario.

“No tenemos intención de meternos en la política de este país, simplemente son hechos que merecen justicia”, aclaró la legisladora, durante la conferencia de prensa realizada el miércoles pasado en San Salvador, donde el próximo 11 de marzo habrá elecciones para intendentes y diputados. “Desde mediados de febrero varios medios de El Salvador, Guatemala y República Dominicana vienen sugiriendo una conexión entre altas esferas de Arena y el ataque destinado al empresario nicaragüense Henry Fariña Fonseca, que manejaba el auto baleado”, en el que iba Facundo Cabral, quien murió acribillado, dijo la diputada de Buenos Aires para Todos.

El 9 de julio pasado, Fariña Fonseca viajaba al aeropuerto de La Aurora junto al sonidista Chacho Savasta, David Llano, representante de Cabral, y el músico. El auto fue interceptado por sicarios a bordo de dos vehículos. El empresario recibió seis heridas de bala, Savasta y Llano salieron ilesos y Cabral falleció. Los custodios de Fariña Fonseca, que iban en una camioneta detrás, lograron dispersar a los atacantes más tarde. Por el caso están detenidos Elkin Vargas Hernández y Wilfredo Arnold. El primero habría contratado a los sicarios, el segundo habría hecho los seguimientos y algunos de los disparos.

La fiscal general de Guatemala, Claudia Paz y Paz Bailey, dio por esclarecido el crimen y aseguró que faltaba arrestar a dos sicarios “y a la persona que desde el extranjero los contrató para asesinar al empresario”. Fariña Fonseca, dueño de varios clubes nocturnos en Centroamérica, estaba siendo investigado por lavado de dinero y tráfico de drogas para el cartel mexicano de Sinaloa.

“Las denuncias periodísticas involucran al ex presidente Cristiani, a Palacios Luna y también al actual alcalde de San Salvador, Norman Quijano, que habría dado a Luna las dos camionetas usadas por los sicarios”, comentó García Tuñón. Palacios Luna fue formado en tácticas contrainsurgentes y operaciones especiales de inteligencia en los Estados Unidos, y durante la presidencia de Cristiani se encargó de dirigir los grupos dedicados al combate del crimen organizado vinculado con las drogas. Además, se lo acusa de tener vínculos espurios con la DEA, la agencia antidrogas norteamericana.

También habría participado un ex subordinado de Luna y miembro del Comité Ejecutivo de Arena, señalado como el encargado de coordinar la retirada y el reingreso de la banda a El Salvador. Según lo publicado por la prensa, el ex presidente, a través de Luna, mantenía una rivalidad por el control del negocio de las rutas de la cocaína y el tráfico interno de ésta y otras drogas con el diputado de Arena, hijo del fundador de este partido de ultraderecha de El Salvador.

Durante su visita, la comisión pudo entrevistarse con Sigfrido Reyes, presidente de la Legislatura salvadoreña, y con Salvador Menéndez Leal, procurador de los Derechos Humanos de ese país. “Los dos prometieron seguir investigando el caso”, aseguró García Tuñón. La legisladora viajó junto a Fernando Tocco, militante de derechos humanos; Fernando Cardozo, dirigente de la CTA, y Claudio Rodríguez, por el Encuentro por la Unidad Latinoamericana.