El juez federal Claudio Bonadío aceptó al Estado como querellante en la causa en la que investiga el accidente ferroviario en la Estación de Once. Esto quiere decir que, a través de abogados del Ministerio de Planificación, podrá tener acceso al expediente y participación en el impulso de medidas de prueba. Para el juzgado esta decisión no impide ni deja descartada la posibilidad de que sean investigados funcionarios públicos con eventual responsabilidad en los controles sobre el estado de los trenes, el cumplimiento de normas y contratos así como la ejecución de subsidios públicos, aclararon allegados a la pesquisa. Bonadío, a la vez, aceptó en el mismo papel de querellantes a –por lo menos– ocho personas que quedaron heridas. Mientras tanto, en las vías del Sarmiento los peritos realizaban ayer la primera “prueba dinámica” sobre los cuatro últimos vagones del tren que se estrelló la semana pasada en la que llegaron a observar que los frenos de esa parte de la formación funcionaban. Los investigadores advirtieron que se trata de un dato parcial, que no permite sacar conclusiones, ya que aún no se analizaron los compresores, ni cada vagón por separado ni los cuatro vagones de adelante, que son los que quedaron más deteriorados. El peritaje quedó interrumpido y seguirá el lunes (ver aparte).

Bonadío firmó ayer una pequeña resolución en la que dice que admite al Estado como parte querellante, teniendo en cuenta tres cuestiones que en el juzgado explican así: que es el dueño del material (de los trenes); que debe garantizar el servicio; y que no surge ningún conflicto de intereses ya que el Estado en sí es una “persona jurídica” y habilitarlo a impulsar la causa no impide que sean investigados funcionarios públicos con responsabilidades en el área de Transporte. El ministro de Planificación, Julio De Vido, había dicho que el pedido desde el Estado para ser admitido como parte querellante respondía a una orden de la Presidenta, “en defensa del interés público y para acompañar a los damnificados”. El planteo judicial luego fue presentado por el subsecretario legal y técnico de la cartera, Rafael Llorens.

El visto bueno de Bonadío al pedido oficial fue cuestionado por el abogado de algunos heridos, Gregorio Dalbón, quien anunció que lo recusará. El juez, sin embargo, admitió también como querellantes a sus representados y a otros heridos, que hasta ahora serían ocho. Lo que le rechazó fue la propuesta de dos peritos –uno de ellos es Eduardo Frigerio– con el argumento de que no están especializados en ferrocarriles y no son ingenieros, como el resto de los expertos que designó.

Los peritos que ya están actuando en el caso armaron un cronograma de tareas hasta el 12 de marzo, cuando se cumplirán quince días de labor, pero no hay ninguna certeza de que tengan resultados para entonces. Por lo pronto, ayer iniciaron la llamada “prueba dinámica de tracción y freno” en los cuatro vagones traseros vacíos. Los expertos pusieron esa parte del tren en movimiento y observaron que el mecanismo de frenos funcionaba. De todos modos, desde el juzgado aclararon que fue “una prueba parcial” por varios motivos: el testeo se hizo únicamente sobre los últimos cuatro vagones en forma conjunta, pero se debe realizar también el sistema vagón por vagón; aún no hubo ninguna evaluación sobre el funcionamiento de los compresores, ni la cantidad de compresores en uso, el volumen y el flujo de aire comprimido. Los vagones delanteros, que fueron los más afectados, no se pueden trasladar, de modo que serán sometidos a otros estudios y cálculos. Todavía no se puede saber cómo respondió el mecanismo de frenos en el momento del accidente. “Lo que se pudo ver hasta ahora no quiere decir nada”, insisten en tribunales.

Estas primeras pruebas quedaron interrumpidas por razones de seguridad, cuando el comisario de la División Sarmiento avisó que había una movilización vinculada con el accidente ferroviario próxima a la estación. El vocero del gremio de los maquinistas La Fraternidad, Horacio Caminos, insistió en que los primeros resultados conocidos “no son concluyentes”. Lo que se hizo hasta ahora, dijo, es “una pericia preliminar”. El miércoles último, los peritos habían hecho una inspección en la cabina del primer vagón, desde donde conducía la formación accidentada Marcos Antonio Córdoba. Allí observaron que la manija de freno de emergencia estaba activada, llevada a su punto máximo. Pero también lo estaba la de tracción (la aceleración de la formación). Puede haber ocurrido que durante las tareas de rescate la gente que entró haya movido los controles, pero esto será corroborado con otros datos y mediciones. El motorman dijo durante su indagatoria que los frenos no respondieron, que intentó usar el sistema de frenos de emergencia y que tampoco funcionaron.

Los peritajes son encabezados por tres peritos ingenieros (de la UBA y de la Corte Suprema) designados por Bonadío: Néstor Luzuriaga, Raúl Díaz y Juan Alfredo Brito; como peritos de parte estuvieron Alejandro Leonetti, de la Secretaría de Transporte; Horacio Faggiani, de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT); Carlos Díaz, en representación del maquinista Marcos Antonio Córdoba, y Julio Pastine, de Trenes de Buenos Aires (TBA).