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Los casos de estatización de empresas de servicios públicos manejadas por corporaciones privadas o de intervención estatal en algunas de esas firmas realizadas durante el kirchnerismo tuvieron motivos diferentes, pero en su mayoría fueron por incumplimientos de los operadores privados.

- El grupo Macri fue desplazado de Correo Argentino, entre otras razones, porque la firma no cumplió con el pago del canon que había prometido e incluso contabilizó como inversión el despido de 3 mil trabajadores.

- Los franceses de Suez fueron retirados del manejo del servicio de agua potable y cloacas del área metropolitana en marzo de 2006 por el “peligro potencial” a la sociedad al distribuir aguas contaminadas en el sudoeste del conurbano, último eslabón de una decisión manifiesta de no invertir en Aguas Argentinas.

- Los españoles de Marsans, que están siendo juzgados en su país por insolvencia, tuvieron que abandonar Aerolíneas Argentinas luego de años de vaciamiento de la línea de bandera.

- El manejo del espectro radioeléctrico por los franceses de Thales Spectrum pasó a manos del Estado en enero de 2004, por el incumplimiento de inversiones comprometidas por 300 millones de dólares.

- La administración de los recursos previsionales por bancos y compañías de seguros con AFJP fue suprimida, pasando el Estado a reparar un sistema jubilatorio de reparto solidario intergeneracional.

- La recuperación de los fondos previsionales de los trabajadores implicó además la administración de paquetes accionarios de 41 empresas, con porcentajes variados, que deriva en que 28 de esas firmas haya directores estatales.

- Se estatizó la ex fábrica militar de aviones de Córdoba, que estaba concesionada a la estadounidense Lockeed Martin, como también Talleres Navales Dársena Norte (Tandanor) y Yacimientos Carboníferos Río Turbio.

- El gobierno rescindió la concesión del ferrocarril San Martín en junio de 2004 e hizo lo propio con las líneas Roca y Belgrano Sur en mayo de 2007, del Grupo Taselli, en ambos casos por reiterados incumplimientos en la oferta del servicio.

- También nombró un interventor, que aún se mantiene, en Metrogas (Repsol–British Gas), Autopista del Sol (española Alberti y Sideco-Macri) y Transportadora de Gas del Norte (Techint). Esta semana se sumó TBA (grupo Cirigliano).

- Además de estatizaciones e intervenciones, mantuvo conflictos con los italianos de Telecom y los estadounidenses AES de Edelap, comprometiéndose a inversiones los primeros y vendiendo a un empresario local los segundos.

- Esto último formó parte de la voluntad kirchnerista de alentar la transferencia accionaria de operadores multinacionales a grupos locales, como Edenor (grupo Mindlin) e YPF (Eskenazi).

- Además creó la empresa estatal de petróleo Enarsa, AR-SAT (administra los recursos satelitales argentinos) y la fallida aérea Lafsa.

- Todavía falta concretar la rescisión del contrato del concesionario Belgrano Cargas SA (Unión Ferroviaria, La Fraternidad, Roggio, Emapa y Camioneros) y el traspaso de la gestión a las dos nuevas sociedades del Estado: la administradora de infraestructura (ADIF) y la operadora SOF.

- El único intento de estatización de una empresa privada del sector productivo fue el de la papelera Massuh, para preservar 600 puestos de trabajo y luego que la planta permaneciera parada durante cuatro meses, iniciativa que fracasó.

Este necesario repaso describe la flexible y variada estrategia del ciclo kirchnerista en la sostenida intervención estatal en privatizadas, que promete otros capítulos debido a los límites que se manifiestan en áreas con modelos mixtos híbridos (regulación de tarifas, subsidios e inversión estatal con operadores privados), como el energético o el de transporte. Ese esquema emergió de la crisis y se fue extendiendo hasta que en determinados casos tuvo un corte abrupto, y en otros continuó acumulando tensiones que, como hoy se observan, terminan estallando.

Esa vía de acción se revela insuficiente en la actualidad por la propia dinámica que exige una política de desarrollo, y con la particularidad de actores económicos locales acostumbrados a la fuga de capitales más que a emprender inversiones, en una lógica financiera más que productiva. Esto plantea el lugar que ocupan y pasarán a ejercer las empresas del Estado en la economía y los fondos públicos necesarios para, en algunos casos, recuperar y ampliar servicios públicos esenciales para la población.

En el reciente documento Empresas del Estado. Errores del pasado. Soluciones a futuro, publicado por el Centro de Investigaciones Participativas en Políticas Económicas y Sociales, los investigadores Santiago Re Crespo, Alfredo Schclarek Curutchet y Lucas Ariel Torres señalan la importancia de las empresas estatales por su capacidad de coordinar el comportamiento de varios actores privados y públicos. Explican que “existen actividades económicas que por sus características tecnológicas requieren de la inversión simultánea de varios agentes, para que las mismas sean rentables individualmente. Además hay proyectos de inversión individuales que terminan beneficiando a una gran cantidad de empresas. En este caso, el Estado puede tomar un papel protagónico al coordinar expectativas y comportamientos a través del involucramiento activo de las empresas del Estado y de esta manera facilitar a los agentes privados realizar las inversiones necesarias”. Apuntan, además, que existen algunos bienes y servicios que por su naturaleza tienen una utilidad social, pero no generan ningún tipo de incentivo económico para que el sector privado los provea, tornándose necesaria, entonces, la participación del Estado.

El pensamiento conservador sostiene que las empresas estatales son ineficientes, deficitarias y poco competitivas, proponiendo entonces la privatización. De hecho, la reforma de los ’90 fue justificada con esos argumentos, y hoy las críticas para erosionar la intervención del sector público son las mismas. Sin embargo, muchos países tienen empresas estatales como una herramienta fundamental en sus estrategias de desarrollo. Esos investigadores definen que el accionar de esas compañías resultó fundamental para afianzar la presencia del Estado en todo el territorio nacional. Fueron actores destacados en la creación de tecnología y conocimiento nacional aplicado, y han tenido un papel primordial en la producción de bienes de capital e intermedios, propiciando la creación de valor y riquezas de forma complementaria y subsidiaria al sector privado.

Aportando elementos para el actual debate en el área energética, afirman que las empresas públicas existen por varias razones y, en algunos casos, no resulta conveniente que sean sustituidas por firmas privadas. En primer lugar, las privadas, por lo general, prefieren no invertir en planes a largo plazo, necesarios para el desarrollo productivo. “En nuestro país podemos comprobarlo con la falta de energía eléctrica, gas, nafta y gasoil. Recursos estratégicos que hoy escasean por falta de inversión en estos sectores”, indican. Este argumento se complementa con que las multinacionales definen sus programas de inversión, no sólo teniendo en cuenta su situación particular en un país sino como parte de su plan estratégico global. Para concluir que “esto significa que no siempre las necesidades de inversión de un país se alinean con los planes globales de las empresas multinacionales. Un ejemplo de esto es el reciente comportamiento de Repsol YPF”.

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