En el interior de un patrullero, rodeado por tres policías, el cura Julio César Grassi fue llevado anoche a su domicilio de la calle Sarratea, en San Justo, de donde sólo podrá salir para concurrir a la sede del Tribunal Oral 1 de Morón, que lo condenó en 2009 a quince años de prisión por el abuso sexual de un chico que estaba a su cuidado en la Fundación Felices los Niños. La policía cumplió la orden de confinar a Grassi a “prisión domiciliaria en condiciones severísimas”, por haber violado las condiciones establecidas para que pudiera mantener su libertad, a pesar de la condena. El mismo tribunal que lo condenó y que hoy tiene una nueva composición fundó el cambio procesal en el hecho de que Gra-ssi, en un programa de América conducido por Mauro Viale, tuvo conceptos injuriosos sobre “Gabriel”, uno de los tres chicos que lo denunciaron y el único por cuyos dichos fue condenado. Entre otras inhibiciones, Grassi tenía prohibido referirse en público a sus denunciantes. “Esto le pasó por soberbio, porque subestimó las condiciones del beneficio de la libertad que le dieron y que era excepcional; no hay ningún caso en Argentina de un condenado por abuso sexual que esté libre”, le dijo a Página/12 Sergio Piris, abogado del chico conocido como “Gabriel”.

La prisión domiciliaria de Gra-ssi fue dispuesta a las 20.30 de ayer, por el Tribunal Oral 1, que hoy está integrado por su presidente, Claudio José Chaminade, Daniel Alberto Leppé y Mario Daniel Gómez, el único que estuvo en el juicio oral donde el cura fue condenado. El fallo fue el corolario de una jornada que comenzó a las 9, con una audiencia en la cual los abogados querellantes Sergio Piris y Juan Pablo Gallego y el fiscal del juicio oral Alejandro Varela fundamentaron el pedido de “prisión inmediata” de Grassi que habían presentado meses atrás, basándose en dos hechos con los cuales el sacerdote había violado las condiciones que se le impusieron para permitirle seguir en libertad.

Piris y Gallego recordaron a este diario que, en la presentación, habían mencionado “las expresiones agraviantes y descalificatorias” del testigo–víctima conocido como “Gabriel”, formuladas por Grassi durante una edición del programa que conduce Mauro Viale en América. “En esa ocasión, Grassi volvió a repetir que la denuncia formulada en su contra por ‘Gabriel’ era totalmente falsa, que el testigo es ‘mentiroso’ y que toda la causa ‘estaba armada’”, recordó Piris.

Al mismo tiempo, habían denunciado que en un reportaje en el diario La Nación, el abogado mediático Fernando Burlando, amigo personal de Grassi, dijo que se había entrevistado con el sacerdote en la sede de la fundación. El cura tiene prohibido el ingreso a ese lugar, que fue escenario de los hechos por los cuales fue condenado. En relación con esa entrevista, Burlando, que fue citado como testigo, negó haber dicho que se reunió con Grassi en Felices los Niños y desmintió lo publicado por el diario. Por su parte, la periodista Romina Manguel, autora de la nota, ratificó lo publicado y lo dicho por el abogado, en el sentido de que el encuentro había sido en la institución a la que Grassi no puede entrar.

El Tribunal Oral 1, luego de escuchar esos testimonios y los de un grupo de personas citados por la defensa de Grassi, pidió tiempo para deliberar y llegar a una decisión. Esto se postergó desde las 15.30, cuando finalizó la audiencia, hasta las 20.30. En ese momento, los jueces resolvieron dictar la prisión domiciliaria, por comprobar la denuncia en el video del reportaje de Mauro Viale, que fue visto durante la sesión. En eso basaron su resolución, dado que desestimaron, porque quedaban algunas dudas, la supuesta reunión en la fundación.

El desenlace, con Grassi detenido en un patrullero y rodeado de policías, se preveía “desde el mismo final de la audiencia”, dijeron a este diario algunos testigos presenciales. “A Grassi se lo veía muy nervioso, consultando en forma permanente a sus abogados, uno de los cuales, al parecer sin respuestas, sólo le comentó: ‘Ahora hay que ver qué onda’, en alusión a la inminente decisión de los jueces.”

El fiscal Alejandro Varela, uno de los responsables de la acusación contra Grassi en el juicio oral, confirmó que la prueba clave fue el video del programa donde Grassi “se refirió a las víctimas”. El abogado Sergio Piris recordó que el pedido de detención se basó en lo que dicta el artículo 148 del Código Procesal de la provincia de Buenos Aires, que se refiere a las actitudes de la persona imputada por un delito que indiquen la posibilidad de un intento de fuga o de un afán de resistirse a las normas que fija el proceso judicial.

El fallo del Tribunal Oral 1 establece que Grassi sólo podrá abandonar su domicilio para concurrir a la sede judicial ante una citación de los jueces. “El domicilio fijado es el de la calle Sarratea, que es donde vive Grassi. Esto, de hecho, le impide estar en La Blanquita, que es la residencia donde Grassi trabaja y que está justo enfrente de la sede de la Fundación Felices los Niños”, aclaró Piris. Los defensores de Grassi pueden apelar ante la Cámara de Garantías de Morón.

Piris se manifestó “conforme” con la situación, aunque señaló que el pedido de la querella y del fiscal fue que Grassi “quedara detenido en una unidad penitenciaria”. El abogado se manifestó disconforme, en cambio, “con la falta de seguimiento que se hizo sobre Gra-ssi, no sólo por sus declaraciones públicas en contra de las víctimas, sino porque tampoco se le hizo un seguimiento psicológico y psiquiátrico, como correspondería a una persona condenada en primera y en segunda instancia”, ya que la condena fue confirmada por la Cámara de Casación Penal.

Juan Pablo Gallego consideró que “el contenido del fallo tiene conceptos muy duros sobre el comportamiento de Grassi y por eso se dispuso que la prisión domiciliaria se cumpla en condiciones severísimas”. Para Gallego, con la prisión domiciliaria “se comienza a cerrar una historia de diez años de una impunidad casi inédita”. Subrayó que el cura “cayó víctima de su propio personaje, de su propia torpeza”.