1. En general, la adecuación de toda la legislación a los estándares internacionales, tales como el actuar con debida diligencia reforzado, conforme jurisprudencia del sistema interamericano. En particular: legalización del aborto; modificación de la Ley contra la Violencia hacia las Mujeres; reforma integral de la Ley 26.364 (Prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas), reafirmando nuestra posición abolicionista y ratificando las normas relativas a la prohibición de prostíbulos y la penalización de quien “compra” el uso sexual; derogación de la figura del avenimiento; cobertura a técnicas de fertilización asistida garantizada para toda la ciudadanía; régimen contra el acoso sexual; modificaciones a la Ley de Actos Discriminatorios; garantía efectiva del acceso al servicio de administración de justicia; reglamentación del amparo colectivo.

2. Este examen debe enmarcase dentro de las obligaciones asumidas internacionalmente por el Estado argentino. Así, las deudas pendientes son muchas y relacionadas con derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Falta una integración transversal del enfoque de género en todas las políticas públicas, así como hay una notoria insuficiencia de asignaciones presupuestarias para políticas de género. Las falencias son evidentes en ausencia de políticas concretas de atención y seguimiento de casos que garanticen la no repitencia de situaciones de violencia y la garantía de una vida digna y en las medidas de detección, asistencia y sanción. En relación con la trata, la prevención del delito, la falta de efectividad de los derechos de víctimas y testigos, en particular la atención integral, son fallas evidentes. Además, pese a que se elaboró la Guía de Atención de Abortos no Punibles, su cumplimiento y difusión son casi inexistentes. Tampoco se garantiza el acceso en todo el territorio a la educación sexual integral.

* Diputada del bloque Democracia Igualitaria y Participativa.