El enfrentamiento entre el fiscal Federico Delgado y el juez Claudio Bonadío por el manejo de la causa en la que se investiga la tragedia ferroviaria de Once, llegó hasta la Cámara Federal. Delgado presentó ante ese tribunal una queja por “retardo de justicia”, es decir por demoras en la investigación, y denunció que el magistrado le impide acceder al expediente. Por eso, sostuvo, se ve impedido de impulsar la causa, ejercer control y representar el interés de la sociedad. “El reclamo interpuesto por esta vía legal no es una cuestión de egos o protagonismos, sino que es producto de una necesidad imperante”, señaló en el escrito y pidió que los camaristas intervengan para resolver el conflicto.

El cortocircuito comenzó pocos días después del inicio de la causa, cuando ocurrió el accidente, el 22 de febrero. Delgado repasa en su presentación ante los camaristas que el 6 de marzo le pidió a Bonadío el expediente por un día “para poder compulsarlo adecuadamente y extraer fotocopias”. Como no obtuvo respuesta, alega, le envió un pedido de “pronto despacho” el lunes último. Pasaron tres días –un plazo que surge del Código Procesal– y, sin novedades a la vista, resolvió hacer la presentación en la Cámara. Según el fiscal la causa es blanco de una “apropiación”.

Lo que sí había hecho Bonadío fue incluir una acotación en medio de la resolución de un incidente que se abrió por el pedido de viajar que hizo una de las personas investigadas que tiene prohibición de ir al exterior sin permiso judicial. Allí el juez le respondió que “con la finalidad de evitar situaciones conflictivas como las ya ocurridas en autos que dificulten el normal trámite del presente expediente, se encuentran a su entera disposición los autos principales para su compulsa –al igual que para las restantes partes–, situación que se mantiene desde el inicio de la causa”.

Delgado, sin embargo, denunció que nunca pudo tener acceso pleno a todo el expediente, que ya tiene 4000 fojas. “La ‘entera disposición’ a que alude el magistrado es una mera expresión vacía de contenido real”, advirtió. Dijo que sólo tuvo acceso parcial los primeros 3 o 4 días y después, con diversas excusas –como que “estaba a la firma” o “lo pidió el juez”– el juzgado se lo fue retaceando. Añadió que tampoco recibía notificaciones de algunas decisiones, de las que se enteró por los medios, como la prohibición de salida del país para el ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi, y los directivos de Trenes de Buenos Aires (TBA), entre otros. “En el caso traído a estudio, pareciera ser que se está jugando ‘al gato y al ratón’ y no se trata de eso”, protestó el fiscal.

“El rol de la Fiscalía quedó a disposición del antojo de un juez de instrucción y eso la ley no lo permite ni lo autoriza”, dijo Delgado, y advirtió que “el problema no es que no pudimos acceder a la causa, sino que nuestra participación se desplazó de la ley hacia la voluntad del juez”. Ahora habrá que ver cómo procede la Cámara, que tiene la facultad de ordenarle al juez cómo proceder y aclarar los roles de cada quien.

Mientras sigue esta pelea, los peritos ingenieros avanzan con el peritaje que debe establecer por qué el tren no frenó al llegar a la estación de Once, si es que fallaron los frenos y por qué. También se está haciendo un peritaje contable, que apunta a establecer qué hizo TBA con los subsidios públicos, es decir, si los utilizó para cumplir con los términos del contrato de concesión, lo que incluye el mantenimiento de los trenes y vías y la garantía de un servicio seguro. Esta segunda línea, que apunta a determinar las condiciones de las formaciones del Sarmiento, que pudieron dar lugar al accidente, fue impulsada por la fiscalía. Hasta ahora el único imputado es el maquinista, Marcos Antonio Córdoba.