Romina Soledad Olivera, de 27 años, había denunciado al menos tres veces a su novio. Dice el padre de la joven que el hombre era tan violento que llegó a hacerla perder un embarazo de cuatro meses producto de los golpes. De Cristina Mallorga (41), en cambio, no se difundió que hubiera notificado abusos por parte de su marido, con el que vivía hace dos años en el partido bonaerense de Punta Alta. Sin embargo, con resistencia o sin ella, con aviso y sin él, los cuerpos de ambas quedaron “marcados” el fin de semana último bajo el mismo signo. Sus parejas incendiaron sus cuerpos y, ahora, ambas luchan por su vida. En 2012 se produjeron al menos siete incineraciones de mujeres, tres de las cuales murieron.

El sábado a la noche, Olivera cuidaba a sus hijas de uno y seis años, cuando sonó el timbre del domicilio ubicado en José León Suárez. Era Marcos Cortez, un plomero de 33 años con el que sostenía una relación. Minutos después, la mayor de las niñas saldría corriendo al patio, para alertar a los vecinos de que estaban matando a su mamá. El abuelo materno de la nena, Gerardo, relató: “Esta basura agarró de los pelos a mi hija, le pegó, le dio contra una pared, le hizo perder los dientes y la arrastró de los pelos hasta la cocina. Ahí es donde la roció con alcohol y le prendió fuego”.

Al abuelo se le quiebra la voz: “Pudo haberse evitado. Hay entre tres y cuatro denuncias. Por las golpizas, hasta perdió un embarazo de cuatro meses. La agredía constantemente, era muy celoso. Llegué a pedir su internación porque la porquería ésta llegó a enfermarla. Pero tanto la policía como los psicólogos decían que no hacía falta”. Olivera está en terapia intensiva en la Clínica del Buen Pastor, Lomas del Mirador, y según su familia tiene quemaduras en el 40 por ciento de su cuerpo, “comprometido el rostro, cuello y tórax” y se encuentra “inestable hemodinámicamente”. Cortez se encuentra prófugo y es buscado por “tentativa de homicidio”.

En el caso de Punta Alta, la pareja de la mujer, Sergio Adrián López (43), fue detenido y es investigado por el titular de la UFI 8, Eduardo Zaratiegui, en la causa por “lesiones graves agravadas por el vínculo”. Y la policía logró secuestrar la botella de alcohol y un encendedor con los que presuntamente se produjo el hecho.

Cristina Mallorga se había mudado hacía dos años a Punta Alta, adonde llegó procedente del sur del país, según los vecinos. Fueron ellos los que alertaron a la policía, cuando el domingo comenzaron a escuchar los gritos de la mujer que estaba en llamas en el patio del domicilio donde vivía con López. Según los efectivos, la mujer estaba consciente cuando la asistieron y llegó a confirmarles: “El –por su pareja– me prendió fuego”.

Según el registro que lleva el Observatorio de Femicidios en Argentina Adriana Marisel Zambrano, coordinado por la asociación civil La Casa del Encuentro –que basa sus registros en notas periodísticas–, en lo que va de 2012, con los casos de Olivera y Mallorga, suman siete los episodios de mujeres incineradas. Tres de ellas fallecieron producto de las quemaduras, y otras dos, una mujer de 31 años de apellido Iriarte, en Jujuy, y Erica Soledad Felten (33), del partido de La Matanza, continúan luchando por sus vidas.

“Desde el asesinato de Wanda Taddei, en 2010, los casos han aumentado exponencialmente”, explica la directora del Observatorio, Ada Beatriz Rico. “A la fecha, se produjeron en total 42 femicidios por incineración: 11 en 2010, 28 en 2011 y tres este año. Yo me pregunto ¿qué hubiera pasado si a (Eduardo) Vázquez lo hubieran metido preso no bien ocurrió lo de Wanda? –se pregunta Rico–. La difusión de su caso instaló un sentimiento de impunidad en torno del incendiar. Es como el crimen perfecto, porque si una mujer tiene medio cuerpo quemado, pierde el conocimiento o debe ser ingresada en un coma farmacológico para soportar el dolor. En esa condición, es difícil que pueda declarar y el hombre dirá que fue un accidente. Por eso, la Justicia debe dejar de abordar el hecho por separado de los precedentes, y para eso la tipificación del femicidio en el Código Penal es esencial. Y es necesario una asistencia integral para las víctimas de violencia de género.”

Informe: Rocío Magnani.