La Justicia Electoral de La Rioja validó el proceso de revocatoria popular presentado por organizaciones de Famatina contra la diputada provincial Adriana Olima, del Frente para la Victoria (FpV), por su postura a favor del desarrollo minero en la provincia, en sintonía con la política del gobernador Luis Beder Herrera, también del FpV. El pedido había sido presentado con la firma de mil vecinos. No se trata de un juicio político, sino de un recurso de democracia semidirecta utilizado en la provincia por primera vez, pese a que rige hace unos 20 años. Según la ley, explicó el abogado que interpuso la solicitud, la legisladora deberá someterse a un plebiscito.

El tribunal riojano otorgó el lunes un plazo de ocho días para que la diputada Olima, elegida por el departamento en las últimas elecciones, realice su descargo al pedido de revocatoria solicitado ante el juez de paz local por 1002 de los poco más de cuatro mil habitantes que posee Famatina. “El artículo 85 de nuestra Constitución provincial pide apenas el 2 por ciento y nosotros logramos mucho más que el 20”, explicó a este diario José Luis Yoma, abogado que representa a las asambleas y vecinos.

Más allá de la defensa que realice la diputada, detalló Yoma, ese descargo “no tendría ninguna incidencia en el resultado del trámite, porque aquí nadie está haciendo un juicio de valor sobre la diputada, no se le está cuestionando su modo de pensar, sino que hay un pueblo mandante que perdió su confianza en la representante”. Por eso, lo que deberá hacer la Justicia, señaló, es “llamar a elecciones en el Departamento Famatina”. Si los que votan en contra alcanzan la mitad más uno de los votos, quedaría destituida.

Carolina Suffich, vecina y referente de la Asamblea Ciudadana de Famatina, sostuvo que “el pueblo pidió su revocatoria porque la diputada Olima no representa nuestra voluntad popular, sino los intereses internacionales de las multinacionales y del gobernador. Hay recursos que deberían ser administrados por el municipio, pero que no llegan por decisión de Beder Herrera como represalia contra el intendente Ismael Bordagaray (FpV), que sí nos acompaña en nuestra demanda y que denunció a nivel nacional la interrupción de fondos”.

La diputada Olima señaló a este diario que fue acusada por su “modo de pensar”. “Lo único que hice fue aceptar a la minería como una alternativa de producción y de trabajo como todas las demás. No quiero politizar el tema: yo trabajo, y eso lo juro, de forma responsable, comprometida y con convicción para mejorar la calidad de vida de los habitantes de Famatina. Dicen que se sienten traicionados porque no los represento y han reunido mil firmas. Está bien. Creo que ahora debería expedirse la Justicia.”

El gobernador Beder Herrera consideró la medida como una “aberración” jurídica. En tanto, el abogado de la diputada, Ramón Azulay, adelantó a Página/12 que apelará “para que se revoque o modifique el decreto de la Justicia Electoral, mediante un recurso de reposición”. Además, pedirá “que se cree otro expediente para tratar la cuestión constitucional planteada”.

“Esto es un triunfo democrático”, definió Marcela Crabbe, integrante de la asamblea de Chilecito, pueblo vecino que comparte con Famatina la base del cerro donde intenta hacer tareas de exploración la empresa canadiense Osisko. “Nos dicen que vivimos en democracia, pero se nos ignora en nuestra decisión de vivir en una ambiente sano. Olima es ejemplo de eso. Fue electa por el pueblo de Famatina, asumió en diciembre y ya está traicionando la voluntad popular de sus representados.”

Informe: Rocío Magnani.