Dos dirigentes sociales quedaron a un paso del juicio oral en la causa por la ocupación del Parque Indoamericano, en diciembre del 2010. Los fiscales Luis Cevasco y Claudia Barcia los acusan del delito de usurpación, con el agravante de ser organizadores de la toma de ese predio del barrio de Villa Soldati. Para otros dos dirigentes la causa quedó en suspenso, tras un acuerdo con el gobierno porteño durante una instancia de mediación. Otros dos dirigentes imputados fueron sobreseídos. En tanto, la causa por los dos homicidios cometidos durante la represión de la toma no tiene acusados: el lunes se celebrará la audiencia, en la apelación del sobreseimiento de 44 integrantes de la Policía Federal y de la Metropolitana (ver recuadro).

El juicio fue solicitado por los fiscales penales de la Ciudad para Diosnel Pérez Ojeda, presidente de la junta vecinal de la Villa 20 y miembro del Frente Popular Darío Santillán, y para Luciano Nardulli, coordinador de la Corriente Clasista y Combativa, confirmaron a Página/12 fuentes de la Fiscalía. Para la acusación, está probada la participación de Pérez Ojeda y Nardulli en los hechos, a través de filmaciones y testimonios periodísticos de los propios acusados. Sus abogados apelarán el pedido del fiscal y será la Cámara de Apelaciones la que resuelva en definitiva, adelantó a este diario Nicolás Tauber, integrante del colectivo Liberpueblo, que asiste legalmente a Pérez y a Nardulli. Los fiscales consideraron que Ojeda y Nardulli se valieron “de la necesidad habitacional” de muchas personas y de su rol como dirigentes de la Villa 20 para organizar la toma. El delito por el que los acusan tiene penas de seis meses a tres años de prisión.

Los dirigentes manifestaron siempre que el asentamiento de centenares de familias en el parque no fue un intento de usurpación, sino una protesta en reclamo de vivienda: no era su intención quedarse en ese lugar, aseguran. “La prueba está en que cuando los gobiernos nacional y porteño prometieron una solución habitacional para las personas censadas, la toma se levantó”, argumenta Teubal a este diario. Los abogados sostienen que a lo sumo se trató de una ocupación del espacio público, que es una contravención.

La paradoja de esta causa es que el gobierno porteño denunció penalmente a dirigentes que participaron de la negociación con ambos gobiernos que permitió el levantamiento de la toma.

Dos de los imputados, en cambio, aceptaron el proceso de mediación penal o de juicio abreviado, por el cual, sin llegar a reconocer la comisión de un delito, arribaron al compromiso de “agotar todas las instancias de diálogo” en futuros reclamos de vivienda, según relató a este diario Alejandro “Pitu” Salvatierra, militante de la agrupación kirchnerista La Jauretche en la Villa 15. “El problema es que yo tengo una antecedente penal y cualquier condena, por menor que sea, me obligaba a ir a la cárcel”, razonó Salvatierra. “Nosotros lo conversamos con los compañeros Pérez y Nardulli, pero ellos prefirieron seguir con la causa.” Salvatierra lamentó que desde diciembre de 2010, “ninguna de las familias censadas en el Indoamericano recibió un solo ladrillo”. Como consecuencia de la mediación, el “Pitu” deberá realizar 96 horas de tareas comunitarias en el comedor Nuestro Lugar en el Mundo, a razón de cuatro horas por semana.

También arribó a un acuerdo para evitar el juicio la dirigente Mónica Ruejas, del barrio Los Piletones. Ruejas también se comprometió con la Justicia a “mantener un permanente y fluido diálogo e intercambio de información en relación con todas aquellas cuestiones que se refieran al barrio Los Piletones y que las involucre, previo a tomar cualquier medida”.

En tanto, Antonio Chancalay, delegado de la Villa 20, y Berta Revilla, del barrio Los Piletones, fueron sobreseídos por falta de pruebas. “Resulta sospechoso que los dirigentes vinculados con el gobierno nacional y con el gobierno porteño queden al margen de la causa, mientras que los únicos perseguidos son los que pertenecen a organizaciones sociales opositoras”, observó el abogado Tauber.

El acuerdo de mediación y los sobreseimientos fueron firmados por la nueva jueza de la causa, María López Iñíguez. La magistrada reemplazó a María Cristina Nazar, quien tras opinar que la toma del Indoamericano no constituyó delito, se excusó de seguir interviniendo en el caso. Los abogados de Pérez y Nardulli apelaron el cambio de juez ante el Tribunal Superior de Justicia y anunciaron que recurrirán el pedido de elevación a juicio.