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La expropiación del 51 por ciento de las acciones de la petrolera nacional YPF en manos de la española Repsol pasa a integrar el podio de las principales iniciativas de reparación de los efectos devastadores de la reestructuración neoliberal de los noventa.

La primera fue la renegociación de la deuda en cesación de pagos con quita de capital, fuerte reducción de la tasa de interés y extensión del plazo de los vencimientos y el pago del total de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Se comenzó así a recuperar la soberanía en materia económica al ganar márgenes de autonomía de la política económica.

La segunda fue poner fin al negocio especulativo de bancos y compañías de seguros con el dinero de los aportes previsionales de los trabajadores a través de las AFJP. Se reconquistó de ese modo la soberanía fiscal y financiera del Estado vinculada con la seguridad previsional de trabajadores y jubilados y con la cobertura social de los sectores más vulnerables.

Ahora se anunció que termina la historia de los españoles de Repsol en YPF luego de casi catorce años de predación de recursos naturales estratégicos no renovables. La expropiación de acciones junto a la declaración de interés público nacional de la producción de hidrocarburos inicia el tránsito empinado de restaurar la soberanía energética.

El desarrollo de un país está vinculado con la disponibilidad y producción de energía para su sector productivo. Se necesita energía abundante y sin interrupción para sostener ritmos de crecimiento acelerados. A la vez, esa energía debe ser comercializada a costos que permitan a las actividades ser competitivas, local e internacionalmente. Para alcanzar ese objetivo en el caso argentino es fundamental el autoabastecimiento. Para lograrlo es tan importante la expropiación de las acciones de Repsol como la declaración de interés público nacional el autoabastecimiento de hidrocarburos, así como la explotación, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos. Así lo presenta el proyecto oficial.

Esto último alcanza a todas las petroleras, además de YPF. Significa que se pone fin a la libre disponibilidad del recurso extraído del que hoy gozan las compañías privadas. Es la forma de archivar el ruinoso concepto de materia prima (commodity) para el petróleo y gas, cuyo destino lo decide quien lo extrae (las petroleras), para recuperar la idea de recurso estratégico, como lo consideraba la YPF estatal y como lo siguieron considerando todos los países petroleros pese a la ola neoliberal. Esto es una clave esencial del proyecto de ley que ingresó ayer al Senado.

El petróleo y el gas –combustibles por el momento imprescindibles para impulsar el motor de la economía– son recursos escasos no renovables. Característica que los convierte en estratégicos. Esto no es materia de discusión ni debate en los países centrales, donde el acceso, control y utilización del petróleo son considerados una política de Estado. Con el Estado nuevamente a cargo de YPF se buscará recuperar el autoabastecimiento, pérdida que lesiona la seguridad económica, fiscal y energética del país. Ese objetivo se enfrentaba con una limitación si los recursos hidrocarburíferos seguían siendo considerados una materia prima de libre disponibilidad, con el predominio del criterio privado de maximizar utilidades en el período más corto, y si son empresas extranjeras, enviar esas ganancias a sus casas matrices.

Este comportamiento se traduce necesariamente en escaso compromiso de inversión y de explotación prudente de recursos estratégicos no renovables, e indiferencia para la recuperación de reservas o por el autoabastecimiento energético del país. Por eso resulta imprescindible la intervención del Estado en la gestión y control del mercado de hidrocarburos, no sólo impulsando inversiones en infraestructura, como gasoductos o centrales eléctricas, sino también en la administración y planificación de la disponibilidad de petróleo y gas. Hoy esto significa recuperar la soberanía energética, que incluye a los privados, pero bajo una planificación estratégica del Estado.

El kirchnerismo no buscó la salida de la expropiación, pero abrió esa puerta ante la política predatoria de los pozos petroleros por parte de Repsol y sus gaseosos planes de inversión. A medida que se fue desplegando su gobierno desde 2003 fue interviniendo en este sector clave. Desconectó el precio local de los combustibles del vigente a nivel internacional, alentando de ese modo el consumo y la competitividad industrial. Pese a que en los últimos años ha autorizado una seguidilla de ajustes en esas tarifas, aún se siguen ubicando por debajo de las que rigen en otros países de la región, excluyendo Venezuela. Con el objetivo de modificar el rumbo de YPF en manos de los españoles de Repsol impulsó el desembarco del grupo local Eskenazi en YPF, con criterio voluntarista sobre el papel dinámico que podía liderar un sector de la burguesía nacional, que terminó imitando la conducta financiera de los españoles. Aplicó retenciones móviles a las exportaciones al fijar un techo de 42 dólares por barril de exportación. La suma por encima de ese valor máximo quedó en las arcas públicas. Esa participación estatal en la renta petrolera ha sido muy importante. A fines del año pasado también eliminó el privilegio de las petroleras de mantener los dólares de exportación en el exterior, obligándolas a liquidarlos en el mercado único de cambios local.

Esas medidas no avanzaban sobre el núcleo del problema: la crisis del modelo energético de desregulación y privatización. Ahora se abordó con decisión la tarea de empezar a cambiarlo con el proyecto de ley enviado al Congreso disponiendo la expropiación de acciones de Repsol y declarando de interés público nacional el autoabastecimiento.

Las amenazas españolas de nuevo rico hoy en quiebra sólo expresan el estado de desesperación por saber que ya no son lo que imaginaron que eran. El gobierno conservador de Mariano Rajoy tiene problemas mucho más relevantes que el destino de una empresa petrolera que se dedicó a devastar los pozos de petróleo en Argentina para financiar su expansión global. Las provocaciones anunciando represalias, los desbordes verbales y las advertencias de rupturas de sus funcionarios no son muestras de fortalezas, sino de debilidad, que es la situación en que se encuentra España por una política suicida de austeridad y ajuste.

Finalmente, llegó el día del punto final de la YPF privada.