El envío del proyecto de ley de expropiación de acciones de YPF en manos de Repsol y la intervención de la compañía motivaron un apoyo contundente del gobierno de España a la compañía ibérica, que calificó la medida de “ilícita y discriminatoria” y adelantó que llevará a cabo “todas las acciones legales oportunas”. Eso supone que la firma española, con el objetivo de cobrar un importante resarcimiento, podría presentar una demanda en el Ciadi, tribunal arbitral del Banco Mundial. El gobierno español también dejó entrever que tomaría medidas en represalia, aunque no dispone de muchas herramientas para hacerlo.

“Es una pésima decisión para España, una pésima decisión para Argentina y una malísima noticia para la seguridad jurídica que debe regir las relaciones entre los países.” Así describió el canciller español, José Manuel García Margallo, el anuncio que realizó la presidenta, Cristina Fernández. La noticia motivó que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, convocara una reunión de gabinete de carácter urgente, luego de la cual Margallo junto a Juan Manuel Soria, titular de la cartera industrial, dieron una conferencia de prensa donde criticaron la medida argentina.

La protección de inversiones entre Argentina y España se encuentra regulada por el tratado bilateral de inversión (TBI) que el Congreso Nacional ratificó en 1992, que permite que las firmas ibéricas puedan dirimir en el tribunal internacional del Banco Mundial (Ciadi) los conflictos con el gobierno argentino. Ese acuerdo contempla la posibilidad de la expropiación, si es que la empresa se declara de interés público y se establece una “indemnización adecuada”, dos cuestiones que deja planteadas el proyecto de ley que envió ayer el Gobierno.

Sin embargo, el TBI advierte que la medida “en ningún caso deberá ser discriminatoria”. El ministro Soria, en la rueda de prensa, aprovechó y avanzó sobre ese aspecto. “La medida es discriminatoria respecto de otros operadores, porque se anuncia una ley de nacionalización del sector, pero sólo se adoptan medidas para una sola empresa. También es discriminatoria respecto de los propios accionistas de YPF, ya que, además de Repsol, hay otros accionistas argentinos respecto de los cuales la decisión nada dice. Es doblemente discriminatoria”, dijo.

Algunas horas después, Repsol envió un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores española. Indica que la medida es “manifiestamente ilícita y gravemente discriminatoria, que no se ha justificado de forma alguna la utilidad pública que se persigue con la misma y que supone un patente incumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado argentino en la privatización de YPF, violando así los más fundamentales principios de seguridad jurídica y de confianza de la comunidad inversora”. “Repsol llevará a cabo todas las medidas legales que procedan para preservar el valor de todos sus activos y los intereses de todos sus accionistas”, agregó la firma.

“El argumento de la discriminación puede ser el eje del planteo de Repsol, y en general la interpretación de los tribunales arbitrales que se conforman en el Ciadi”, explicó a este diario Javier Echaide, especialista en derecho internacional. El gobierno español adoptó una postura confrontativa en función del siguiente argumento: “Cualquier gesto de hostilidad en contra de una empresa española es interpretado por el gobierno de España como un gesto de hostilidad contra España. La decisión es hostil contra Repsol y por lo tanto lo es contra España, y el gobierno actuará en consecuencia”, señaló Soria. Margallo aseguró que “el gobierno adoptará todas las medidas que consideren convenientes para el interés de Repsol y de todos los inversores”. Sin embargo, más allá de que la figura de la expropiación es legal si se realiza bajo determinados parámetros, incluso forzando la legislación vigente, España no cuenta con muchas herramientas para atacar.

El gobierno ibérico dejó entrever que una opción es la represalia comercial, versión amplificada por los medios de comunicación. En primer lugar, el gobierno español no podría plantear de manera explícita una medida comercial contra Argentina sin tener problemas en la OMC, organismo que prohíbe la discriminación comercial. Pero además, el país ibérico delegó el manejo de su política comercial en la Unión Europa (UE), de manera que una barrera “de hecho”, como podría ser una paraarancelaria, tendría que regir para todo el bloque y por lo tanto ser negociada con los demás miembros. Además, la UE también está restringida por la OMC para tomar medidas contra un determinado país. De todos modos, Soria aseguró que el gobierno español solicitó a la Comisión Europea que discuta “con urgencia” la medida. El bloque regional no cuenta con herramientas puntuales para hostigar a la Argentina en términos formales.

Además del Ciadi, existe un mecanismo de solución de controversias entre Estados a través del cual el reclamo español, después de una larga etapa de negociación, podría llegar al tribunal internacional de La Haya. Sin embargo, la disputa entre ambos países sería muy compleja y de difícil resolución, de ahí el atractivo de Repsol para encarar la vía Ciadi.

Soria también dijo que Rajoy, quien hoy viaja hacia México y luego a Colombia, buscará apoyo en esos países para enfrentar la decisión de la expropiación. Incluso recordó que México mantiene una disputa con Argentina por el comercio bilateral de autos, aunque no aclaró qué relación guarda esa controversia con la situación de YPF. Margallo también criticó que la medida “quiebra el acuerdo verbal” con el gobierno nacional, según el cual a fines de febrero se habría convenido en Buenos Aires que “los posibles contenciosos se resolverían por la vía del diálogo y la negociación”.