Froilán Aguirre sabe que cerró un ciclo personal, pero que los resultados son, sobre todo, parte de un proceso colectivo. “A algunos les llama la atención que siempre digo que, más que una cosa personal, yo siento que esto es un paso adelante para el conjunto de la sociedad, del trabajo de los organismos de derechos humanos. Pero también de los partidos políticos, porque es un pasito más en el avance de la Justicia y la democracia.”

Aquel integrante de la Unión de Estudiantes Secundarios, la UES, que a los 17 años fue secuestrado con un compañero y que después de más de treinta años logró juntar el nombre de uno de sus represores con la imagen que siempre había recordado, ayer finalmente escuchó la sentencia. El Tribunal Oral Federal de Santa Fe, integrado por María Ivon Vella, José M. Escobar Cello y Otmar Paulucci, condenó al ex comisario Roberto Martínez Dorr, alias Morrongo, a diez años y seis meses de prisión por privación ilegal de la libertad agravada y tormentos. Dorr, que en los años de la dictadura se llamaba sólo Roberto Martínez e intentó con el nombre camuflarse para decir que se trataba de otra persona, goza aún de prisión domiciliaria. La fiscalía y las querellas pidieron la reclusión en una cárcel común, pero los jueces advirtieron en el fallo de ayer que se pronunciarán sobre ese aspecto cuando den a conocer los fundamentos de la sentencia.

“En lo personal, esto para mí cierra un ciclo”, dijo Froilán. “Lo siento así después de habérmelo cruzado varias veces en la calle y, una de esas veces, ante la presencia de mis hijos. Por eso he luchado y participado de este proceso y siento que hice lo que tenía que hacer, porque en esas condiciones no podía quedarme con los brazos cruzados. Pensaba ¡qué ejemplo les estoy dando a mis hijos si este tipo sigue libre como pancho por su casa!”, dice a Página/12. Froilán sabe, al mismo tiempo, que esto no es mérito propio: “Es gratificante, pero en primer lugar por el aporte colectivo, porque he sido acompañado por un montón de compañeros que se pelaron los ojos revisando las pruebas y los archivos. Cuando hice la denuncia, yo lo único que tenía era una cara y un físico, lo demás se logró gracias al aporte de los compañeros con los que pudimos saber la identidad de esa persona, dónde trabajaba. El fallo me tranquiliza también por eso: porque me confirma que la verdad estaba de este lado”.

La sentencia del sexto juicio oral por delitos de lesa humanidad en Santa Fe se leyó cuando empezaba el mensaje por cadena nacional de la presidenta Cristina Fernández. Las transmisiones on line hacia el exterior de la sala quedaron suspendidas, pero la lectura continuó para los que esperaban hace años ahí adentro.

En líneas generales, la condena es cuantitativamente menor a la que pidieron la fiscalía de Martín Suárez Faisal y la querella representada por Alejandra Romero Niklison y Horacio Coutaz, abogado de Froilán desde la apertura de la causa en 2008 y ahora secretario de Derechos Humanos de Santa Fe. Suárez Faisal había pedido 15 años de prisión y la querella, la condena máxima de 20 años. Sin embargo, para los antecedentes de las condenas en la provincia, que no suelen superar los 15 años en casos con más víctimas, y ante la estrategia de Martínez Dorr, la cantidad de años de prisión se leyó como “bastante” y “consistente”.

Una de las características fundamentales del juicio es que desenmascaró por primera vez a Martínez Dorr y el peso real que tuvo durante la dictadura. Esta persona, que al comienzo del juicio sólo contaba a Froilán como su único acusador, terminó acusada por otros testigos y documentos de la represión, como los libros de parte de la comisaría 1ª y su legajo personal, que demuestran que tuvo un rol destacado, al punto que ahora se analiza que pudo haber sido la cabeza de una de las dos patotas del terrorismo de Estado en la ciudad.

“Se demostró que Martínez Dorr fue un eslabón fundamental del sistema represivo”, dice el abogado Horacio Coutaz. “Los documentos y los testigos dejaron probada su participación en tres o cuatro operativos donde hubo desaparecidos y muertos. En su legajo tiene la felicitación por un hecho en el que hubo dos personas asesinadas, una que está desaparecida y otra que identificó el Equipo Argentino de Antropología Forense. Y eso sucedió en el mismo circuito por el que pasó Froilán: es decir, la comisaría 1ª y luego un centro clandestino.”

Para entonces, Martínez Door integraba el Comando Radioeléctrico y más tarde la Brigada de Explosivos. El represor no sólo tuvo peso durante la dictadura, sino que lo acrecentó después, ya durante la democracia: llegó a ser jefe de la Unidad Regional de Rafaela y luego jefe de Comunicaciones de la provincia. “Por eso nos preocupaba tanto –dice Coutaz–: por la posibilidad de que siguiera operativo, porque se trata de una persona que a esta altura tiene 74 o 75 años y era uno de los hombres importantes de una de las dos patotas. A una la identificamos durante la causa Bruzza y él aparece ahora como muy importante en la otra.”

En el primer año de la dictadura, la represión en Santa Fe parece dividirse en dos momentos. De marzo a septiembre hubo detenciones, pero no desaparecidos. Y en la semana del 8 de septiembre, cuando secuestraron a Froilán por treinta días, se desató una cacería que provocó la desaparición y asesinato de varias personas. Eso que durante el juicio empezó a llamarse “septiembre negro” y que permitió comenzar a reconstruir una hipótesis sobre las líneas de caídas, tuvo también por protagonista a Martínez Dorr. Los libros de la comisaría demuestran, por ejemplo, que durante esa semana cumplió guardias irregulares con turnos que pasaban de 24 por 72 horas a 24 por 48. Hay observaciones en las que él mismo dejó las huellas que permitieron condenarlo. Partes en los que se queja porque un integrante del Ejército le sacó un FAL y luego otro en el que dice que logró recuperarlo. U otro en el que menciona que el día de uno de los operativos de septiembre “todas las unidades se quedaron sin balas”.

Cuando lo secuestraron, Froilán militaba en la UES. Estudiaba en el industrial de Santa Fe, “sumamente politizado” e intervenido desde 1974. En 1975, a los alumnos les pedían documentos para ingresar a la escuela, protegida por alrededor de 60 o 70 “preceptores nuevos que eran gendarmes retirados, policías retirados y pibes jóvenes manejados por ellos”. En marzo de 1976, Froilán decidió no empezar la escuela. En abril pasó por el colegio en un momento y terminó detenido. Lo liberaron. En junio allanaron su casa y la de otros compañeros, y el 8 de septiembre de 1976 lo secuestraron en el Hospital Iturraspe de Santa Fe, mientras esperaba a Juan Alberto “Beto” Osuna. La patota se llevó a los dos a una casa de campo en San José del Rincón. Los torturaron durante horas. A la madrugada, a Froilán se lo llevaron a la comisaría 1ª, donde pasó 29 días en una celda de un metro cuadrado y donde lo golpearon “tremendamente”, según contó durante el juicio. Recordó que las palizas fueron tan fuertes que otro de los detenidos se descompuso sólo al verlo. Entre los torturadores estaba el propio Martínez Door.

El Beto Osuna, en cambio, apareció acribillado en una casa de Paraná, en un episodio conocido como La Masacre de la Tapera. Froilán tenía esperanzas de saber qué había sucedido con él, pero aunque no lo supo, conoció qué pasó con otros compañeros.

“Yo no sabía nada y de todo lo que pasó me fui enterando también durante el juicio”, dice. Supieron que la línea de caídas empezó el 6 de septiembre con el secuestro de Miguel Angel Fonseca y Luis Alberto Vuitaz, un dirigente salteño. El 7 cayó Guillermo Guastavino, que ahora es senador nacional y declaró durante el juicio. Mataron además a Evaristo Rolando Oviedo, que era el jefe político de Froilán, y “al día siguiente caigo yo con Osuna”, dice.

“Tanto la clandestinidad como la impunidad con la que se manejaban las patotas genocidas nos impiden, en muchas ocasiones, tener el conocimiento de todos los delitos cometidos”, planteó ayer la agrupación Hijos, de Santa Fe, en un comunicado. “Estos asesinos torturaban, ejecutaban y desaparecían a sus víctimas sin tener que dar cuentas de sus datos hasta hoy. Como es el caso de este genocida, quien aparece en los libros del Comando Radioeléctrico y en su legajo personal como Roberto Martínez por aquellos años de la dictadura, y en la actualidad se camufló como Roberto José Martínez Dorr, intentando hacer creer a la Justicia, abogados querellantes y a las propias víctimas que se trataba de otra persona. Pero sabemos que no –aseguraron–, los compañeros y compañeras sobrevivientes son la memoria viva, son quienes saben quién es quién en este camino de verdad y justicia.”