La Asamblea del Episcopado sesionó desde el lunes con la presidencia del arzobispo José María Arancedo.

Ayer, un día antes de terminar formalmente su primera asamblea plenaria del año, los obispos católicos dieron a conocer un documento en el que disienten con varias de las propuestas de reforma del Código Civil, particularmente aquellas relacionados con el concepto de familia, el matrimonio, la fecundación y la procreación artificial. En el mismo documento, en el que también se reconocen aspectos positivos, la jerarquía católica dice que no debe haber urgencias cuando se trata de “temas de tanta trascendencia”, insiste en la necesidad de generar “un amplio debate” sobre el particular y al mismo tiempo defiende su derecho a pronunciarse señalando que sus propuestas no son “una imposición religiosa”, sino la consecuencia de la búsqueda de “la verdad de la persona, de la familia y de la sociedad”.

El documento, de diez páginas de extensión, fue acordado por un centenar de obispos participantes de la asamblea del Episcopado que finaliza hoy, en la localidad bonaerense de Pilar (Buenos Aires), y cuya redacción se estuvo ajustando hasta minutos antes de darlo a conocer, en el mediodía de ayer. Los obispos dicen que la Iglesia “siente la obligación moral de hacer oír su voz” porque “somos portadores de una herencia y responsables de hacernos eco de las voces de millones de hermanos que a diario nos confían sus preocupaciones, alegrías, dificultades y esperanzas”.

El texto es una larga exposición de argumentos acerca de los pocos acuerdos y una importante cantidad de discrepancias con el borrador que hasta ahora se conoce para reformar el Código Civil, iniciativa anunciada por la presidenta Cristina Fernández el 27 de marzo pasado. En su parte argumental, el documento, titulado “Reflexiones y aportes sobre algunos temas vinculados con la reforma del Código Civil”, resulta una reafirmación de los ya conocidos principios doctrinales del catolicismo respecto de los temas en discusión.

En primer lugar, los obispos justifican los motivos por los cuales creen que deben salir a opinar sobre el tema. Aseguran que “la reforma del Código Civil, como marco jurídico básico que regula la vida del hombre y sus relaciones en la sociedad desde el inicio de su vida” constituye un “momento de trascendencia histórica que debemos asumir con responsabilidad por su significado actual y futuro”. Sostienen además que la reforma “nos compromete” y por este motivo “no podemos permanecer indiferentes ni ser espectadores de decisiones que nos involucran y que requieren de una madura reflexión y de una amplia participación federal”.

Frente a la eventualidad de la reforma, la jerarquía católica, encabezada por el arzobispo santafesino José María Arancedo, sostiene que por su carácter “estable y modélico” el Código Civil “no es algo neutro”, puesto que define “obligaciones y derechos de las personas” y de esta manera expresa “doctrinas y corrientes de pensamiento que van a incidir en la vida de los argentinos”. Por esa razón solicitan que se tenga en cuenta “la riqueza de nuestras tradiciones jurídicas y constitucionales, como los principios y valores que hacen a nuestra vida e identidad”. Detrás del argumento surge el convencimiento de que el catolicismo, y por lo tanto su doctrina, es parte esencial y fundante de la cultura de la sociedad argentina. Por esa misma razón una de las principales demandas se expresa en “la necesidad del reconocimiento del comienzo de la vida humana desde la concepción y su necesaria protección jurídica”, principio que la Iglesia logró incluir en la Constitución reformada en 1994. “Debilitar este principio liminar –dicen– es disminuir la base jurídica de un sistema y orientar, por su misma autoridad, el alcance de futuras leyes sobre la entidad de los embriones congelados.”

A pesar de la batalla perdida con la aprobación del matrimonio igualitario, los obispos insisten ahora en la necesidad de “la valoración de la familia fundada sobre el matrimonio, como relación estable del varón y la mujer y ámbito primero en la educación de los niños”. Y retomando el argumento cultural antes expuesto, señalan que “la familia es una realidad con profundas raíces en el pueblo argentino y a lo largo de todo el país” y subrayan que “es una institución que por su riqueza e historia es un bien que es garantía para la sociedad”. Vuelven a reivindicar allí el único modelo de familia reconocido por la Iglesia y rechazan todo reconocimiento a la “unión convivencial”, apoyándose, entre otras cosas, en la defensa de los derechos del niño y de la mujer.

Haciendo referencia al valor de la ley, los obispos sostienen que los legisladores no pueden limitarse “a constatar que algo existe en la realidad, o puede existir, para darle valor legal (...) sin un previo juicio de valor”. Señalan que en la vida cotidiana “se verifican conductas perjudiciales al bien común” que no deberían ser convalidadas “por el solo hecho de que algunas personas las lleven a cabo” porque “si bien es cierto que toda persona es digna del mayor respeto, no toda opinión o proposición lo es en el mismo grado”.

En otra parte, los obispos se alegran del esfuerzo de actualización del Código, recociendo la complejidad técnica de la tarea (“sobre lo que no nos pronunciamos”), pero advierten que “no todo lo que es técnica y científicamente posible es moralmente aceptable”. Rescatan la atención puesta en la protección jurídica de los derechos humanos, los derechos de las comunidades indígenas, pero expresan su preocupación por el “reglamentarismo” propuesto respecto de las asociaciones civiles. Y critican duramente los criterios utilizados para trabajar los temas relacionados con la vida humana y la familia, porque entienden que en las soluciones propuestas “ha influido una ideología individualista, una concepción de la familia ajena a las tradiciones nacionales y al sentir y vivir de la gran mayoría de nuestro pueblo”.

El rechazo es total y absoluto a las propuestas que se hacen para regular la fecundación artificial y la procreación artificial (particularmente la posibilidad de la fecundación post mortem) amparándose en el derecho de los niños a conocer a sus padres y, en la medida de lo posible, a ser criados por ellos. La Iglesia condena el “alquiler de vientres denominado eufemísticamente maternidad subrogada o gestación por sustitución” porque “degrada a la mujer”, considera “que la fecundación artificial debería ser prohibida por las objeciones éticas y jurídicas que merece”, que “no es aceptable crear deliberadamente orfandades amparadas por la ley” como “tampoco lo es atribuir la filiación de un niño a dos personas del mismo sexo, privándolo del bien de un padre y una madre”. En cambio, dicen los obispos, “resulta loable la disposición que prohíbe la manipulación genética de los embriones” y solicitan que la “prohibición de la eutanasia quede suficientemente clara en la ley”.