Lunes, 23 de julio de 2012 | Hoy
SOCIEDAD › UN PROGRAMA PARA FORMAR ABOGADOS COMPROMETIDOS CON LA REALIDAD DE LOS NIñOS POSTERGADOS
El Programa Niñez, Derechos Humanos y Políticas Públicas impulsa desde hace un año y medio el compromiso de abogados con la realidad social de los niños postergados. También promueve la inserción de la universidad platense en el medio social.
Por Carlos Rodríguez
En julio de 2008, los medios de prensa de La Plata instalaron la idea de que un grupo de veinte chicos que dormían en la glorieta de la Plaza San Martín, en pleno centro de la ciudad, eran responsables de por lo menos “150 asaltos” a personas que transitaban por los alrededores. Los llamaron La Banda de la Frazada, porque supuestamente utilizaban una de esas prendas de cama para “inmovilizar” a sus víctimas y robarles. “En ese momento, como integrantes de distintas organizaciones sociales, empezamos a tratar de ayudar y contener a esos chicos, para terminar con la estigmatización que había caído sobre ellos.” Carola Bianco, hoy directora del Programa Niñez, Derechos Humanos y Políticas Públicas, creado hace un año y medio en el ámbito de la Facultad de Derecho platense, señala que todavía siguen trabajando para “poner en crisis esa visión de la ‘seguridad’ que sigue señalando como victimarios a los chicos de la calle, cuando ellos son las víctimas”. Bianco, en diálogo con Página/12, sostiene que “no es tan difícil ver a un niño como un niño, si pensamos en las historias de violencia que han sufrido y sufre cada uno de esos pibes”.
El programa fue creado, recalca Bianco, para jugar un papel “impostergable y doble”. Hacia adentro de la universidad, sobre todo en Ciencias Jurídicas y Sociales, se busca “formar a los futuros profesionales promoviendo un perfil de graduado comprometido con su realidad social y con el bienestar de los sectores más postergados”. Y hacia afuera, “asumiendo el desafío de insertar a la universidad en el medio social, como actor relevante y activo del acontecer cotidiano” de la comunidad. Junto con Bianco trabaja un equipo integrado por Damián Lambusta, Paula Talamonti, María Isabel Busso, María Belén Niconi Salinas, Fernanda Anaya, Martín Menestrina y Lucía Battistuzzi, con la supervisión del secretario de Extensión Universitaria, Adolfo Brook.
La tarea se hace en forma conjunta con un grupo de organizaciones sociales y de DD.HH. que conforman, desde 2008, la Asamblea Permanente por los Derechos de la Niñez. Desde ese ámbito presentaron, a partir de ese año, planteos judiciales que, en mayo pasado, tuvieron como resultado un fallo que condena al Ejecutivo bonaerense y a la Municipalidad de La Plata a cumplir con las normas vigentes en materia de niñez y adolescencia. El juez Luis Arias les dio a las autoridades seis meses de plazo –vence el 22 de noviembre– para que lleven a la práctica “las acciones necesarias para la implementación efectiva del Sistema de Promoción y Protección Integral de los Derechos del Niño” en el ámbito provincial (ver aparte).
La situación de la niñez en La Plata se instaló en los medios el mes pasado, con la denuncia que hizo el defensor oficial Julián Axat acerca de la situación de A. D., un niño de 13 años con problemas de adicciones, que fue internado por decisión judicial y del Ejecutivo bonaerense en una clínica psiquiátrica de Junín, donde lo tuvieron encerrado en una celda de aislamiento, como en una cárcel. “En los medios salen estos temas como noticias, pero no se analiza el problema de fondo y a eso apuntamos, a que se trabaje con un nuevo concepto de la seguridad, para que los chicos que siguen viviendo en la calle no sean considerados ‘peligrosos’, sino que se tome conciencia de que son ellos los que están en peligro y que tenemos que hacer algo para rescatarlos.”
“Desde que existe el fuero de responsabilidad penal juvenil, los chicos no deben ser judicializados, pero siguen siendo detenidos por la policía. Entre los chicos de la calle y la policía hay una lucha territorial permanente. Los policías les quitan sus cosas, los golpean, los suben a un patrullero, pero nosotros no queremos quedarnos sólo con la crítica a la policía. El problema lo tienen que resolver las autoridades políticas del Estado, en colaboración con nosotros, con los organismos de derechos humanos y con las organizaciones sociales, que son las que trabajan en los barrios y las que tienen conocimiento de las situaciones familiares que viven estos chicos”, subraya Bianco.
Los responsables del programa subrayan que desde que las organizaciones sociales trabajan en los barrios “ya no es tan fácil criminalizar a los niños de la calle”, pero de todos modos los problemas subsisten. Bianco pone como ejemplo el caso de un chico que hoy tiene 11 años y cuya situación “venimos siguiendo desde que tenía cuatro años. A pesar de nuestras intervenciones, este chico ha tenido que pasar por todos los males de la calle, desde las detenciones, el maltrato y la indefensión, hasta la condena de tener hoy una enfermedad incurable con la que tiene que lidiar en las peores condiciones”.
Desde el programa, aunque ven como una buena iniciativa la Asignación Universal por Hijo, advierten que “en muchos casos esa asignación la reciben algunas madres cuyos hijos ya no viven con ellas, de manera que no reciben nada y siguen tan desvalidos como antes”. Para sacar a los chicos de la calle y de la adicción a las drogas, propician “una tarea conjunta, entre el Estado, las organizaciones sociales y de derechos humanos, para hacer un trabajo colectivo que fortalezca o establezca el vínculo con la familia y lograr que el propio pibe quiera curarse”.
La clave radica, aseguran, en “no dejar a los pibes solos y que el Estado se ocupe, por ejemplo, de acompañar también a la madre de A. D., el chico que habían internado en Junín, porque ella tiene otros tres hijos a cargo y está sola en esa lucha. Es el mismo problema que afrontan otras familias. El Estado tiene que intervenir y prestar ayuda concreta, pero después seguir de cerca el caso y ver si se cumple lo que se había decidido. Hubo casos en los cuales, para ayudar al chico, se le dio una casilla (prefabricada) a la madre, pero ella después vendió esa casilla y de nuevo el chico quedó en la calle”.
Por lo expuesto sostienen desde el programa que “la génesis de las nuevas prácticas” en relación con los niños, niñas y jóvenes debe pasar por “concepciones garantistas, democráticas y de participación de toda la sociedad en la toma de decisiones y el control de las políticas públicas”.
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