Un pedido del concesionario de la administración de la estación Constitución a la Justicia penal por el desalojo de homeless que se instalan en los pasillos de la terminal de trenes para pernoctar fue rechazado por el fiscal federal Federico Delgado, que aplicó conceptos básicos, pero poco habituales en el mundo del derecho penal. Delgado se mostró “perplejo” de que se hubiera acudido a la Justicia penal para solucionar un problema que es de índole social, además de no descubrir el delito por el que eran denunciados los homeless. “El derecho penal es la herramienta más coactiva del Estado y por tanto debe ser interpretado como la ‘ultima ratio’ de la política social y no como la única y principal herramienta tendiente a solucionar cualquier conflicto social.” Delgado pidió al juez federal Claudio Bonadío que se declarara incompetente.

El abogado Pedro López Sánchez, representante de Cunard SA, concesionaria de la administración de la estación Constitución, presentó una denuncia ante la Justicia federal penal en la que pedía “las medidas necesarias a los fines de desalojar la significativa cantidad de personas que diariamente residen ilegalmente y pernoctan en la estación (...) y la cantidad significativa de personas que diariamente y principalmente desde hace tres meses practican la venta ambulante de diversa mercadería y en forma ilegal en los pasillos y acceso a la estación terminal de Plaza Constitución, dificultando el ingreso y egreso de pasajeros”.

El pedido, consideró Delgado en su dictamen, “causa cierta perplejidad”. En su análisis, el fiscal sostuvo que el motivo, según los términos del propio denunciante, es que homeless y vendedores ambulantes ocasionan “peligros” a los pasajeros, y que en épocas invernales generan “riesgo de incendio”. Los entrecomillados, del fiscal, de algún modo llaman la atención e interrogan las afirmaciones del denunciante.

Cunard, además, asegura en tono de queja que el 2 de noviembre del año pasado ya había pedido por nota la intervención de la División Roca de la Federal, “sin haber obtenido respuesta”. Delgado sostiene que “la denuncia remite, en verdad, a un profundo problema social y económico que la Justicia penal no puede (ni debe) resolver”.

“Los grupos que son su foco –describe Delgado– se encuentran excluidos del mínimo nivel de existencia comunitaria por estar privados de los recursos humanos básicos. Esta plataforma coloca a estos sujetos –que incluye a niños y niñas, como se observa en las fotos– en una situación de desamparo y vulnerabilidad que los conduce a buscar una solución frente a la emergencia habitacional bajo un techo público: la estación Constitución.”

El fiscal se pregunta “si es factible aprehender desde la esfera penal comportamientos imbricados en esa complejidad, porque, insistimos, nos encontramos frente a una situación peculiar: protagonistas que sufren la afectación de derechos de primera jerarquía, amparados por nuestra Constitución nacional”.

Delgado intenta descubrir cuál es el delito denunciado y cometido. “Para nada queda en claro de los términos de la denuncia –sostiene el fiscal– cuál es el delito o los delitos que motivarían la intervención penal. No se observa de sus términos ninguna acción susceptible de reproche penal.”

El fiscal solicitó al juez Bonadío que declare la incompetencia, para trasladar el expediente a la Justicia contravencional en el caso de los vendedores ambulantes. Y solicitó que se informe al gobierno porteño sobre la situación de las familias que viven en Constitución.

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