El Consulado argentino en Barcelona se presentó ante la Justicia española para conocer causas y circunstancias de la muerte de Juan Pablo Torroija, el argentino, integrante del movimiento okupa, que residía en Girona y cuyo deceso, producido cuando se encontraba bajo custodia policial, no fue comunicado a la familia por las autoridades. Las gestiones del cónsul también apuntaron a impedir que fueran inhumados los restos de Torroija, que se hallan en la morgue judicial, hasta tanto sus familiares no puedan verlo y se practique una nueva autopsia. “Descartamos totalmente la hipótesis de suicidio”, aseveró ayer Omar Torroija, padre de Juan Pablo, con lo que confrontó la versión de la autoridad policial catalana, según la cual su hijo habría fallecido tras haber intentado ahorcarse en una comisaría.

“Presentamos dos escritos ante los tribunales. Uno de ellos, para pedir conocer las causas y circunstancias de la muerte de Torroija. Otro, para que el cuerpo no sea inhumado”, señaló ayer el cónsul general de Argentina en Barcelona, Felipe Alvarez de Toledo. Su presentación se produjo al día siguiente de que autoridades del ministerio se reunieran por primera vez con Elida Domínguez y Ana Sol Torroija, madre y hermana del hombre fallecido. Puesto que tanto la familia como las autoridades se anoticiaron de la muerte por vías no oficiales, explicó Alvarez de Toledo, en su presentación consideró que “la causa debe permanecer abierta hasta que se esclarezcan las circunstancias de la muerte”.

Torroija había sido detenido por los Mossos d’Esquadra, la policía autónoma catalana, por un presunto intento de robo. Una vez ingresado en la comisaría de Vista Alegre de Girona, señalaron las fuentes de la fuerza de seguridad, habría intentado ahorcarse en la celda. Tres días después, falleció en el Hospital Trueta, en la misma ciudad. “El informe forense dice que la causa de la muerte fue asfixia y que no hay signos de violencia, sólo dos rasguños, uno en la mano derecha y otro en la izquierda, y tampoco daños en la columna”, explicó el cónsul. Sin embargo, testigos de la detención de Torroija señalaron haberlo visto duramente golpeado, y un testimonio presencial indicó que habría sido estrangulado. La relación de los Mossos d’Esquadra con migrantes, generalmente sin papeles, muertos en circunstancias poco claras se ha repetido en Cataluña en los últimos meses. Como ejemplos, fuentes catalanas vinculadas con la militancia social indicaron a este diario que las muertes de Idrissa Diallo, Mustafa El Marachki y Sergio E. C. nunca fueron aclaradas.

Juan Pablo Torroija murió el 14 de julio, aunque su familia se enteró recién el sábado 28, luego de que un amigo del hombre fue a buscarlo porque su madre y hermana se habían extrañado por no haber dado con él en dos semanas, lapso durante el cual Torroija, además, cumplía años. “Acá hay tortura, hay homicidio, hay ocultamiento, una serie de circunstancias gravísimas por las cuales el Estado español tiene que responder y el Estado argentino tiene la obligación, y lo está cumpliendo, de exigir todas las explicaciones y reparaciones que el gobierno de España tiene que darnos sobre un ciudadano argentino muerto de esta manera en suelo español”, dijo ayer el padre de Torroija. Por lo pronto, el Estado español incumplió con la Convención de Viena sobre las Relaciones Diplomáticas, al no haber comunicado la detención y el deceso a su par argentino. El cónsul Alvarez de Toledo informó ayer que la secretaria del juzgado que investiga la muerte de Torroija “se disculpó” por su omisión.

Ayer, la familia solicitó a la Cancillería que intermedie para “acceder a los expedientes e informes” vinculados con la muerte de Juan Pablo, que el Estado asista “en las necesidades de traslado, estadía y consecuentes entrevistas” y propicie la participación de abogados y “peritos de parte” y “todo lo necesario para asegurar una investigación efectiva”.