Un año, ningún detenido. Cuando hoy al mediodía hayan transcurrido doce meses de la última vez que Candela Rodríguez salió de su casa, nadie duda de que la investigación policial y judicial fue un fracaso. Está en marcha una segunda investigación, esta vez en manos del fiscal Mario Ferrario y rodeada de un razonable hermetismo. Ahora se apunta al mundo narco de San Martín y al abuso sexual del que era víctima Candela desde antes de su secuestro. El caso dejó y sigue planteando numerosos interrogantes:

El trabajo que hizo el fiscal Marcelo Tavolaro, acompañado por el fiscal general de Morón, Federico Nieva Woodgate, el juez Alfredo Meade y la plana mayor de la Bonaerense hacía agua por todos lados. Terminó presa una supuesta banda de casi una decena de personas que no registraban llamadas entre ellos y casi ninguno se conocía. El móvil pareció incoherente desde el principio: una venganza contra el padre de Candela, que llevaba un año y medio preso. El autor intelectual, Héctor “El Topo” Moreira, era un buchón policial que no tenía ningún punto de contacto con los otros detenidos. La mayoría de los testimonios provenían de testigos de identidad reservada con serios problemas de drogadicción.

El hallazgo del cuerpo de Candela violó todos los códigos: se hizo ante las cámaras, con la madre y el gobernador presentes y en una abierta vulneración de cómo hay que preservar la escena de un delito. Decenas de funcionarios pisando y tocando.

Poco y nada. La Cámara de Apelaciones de Morón, que dejó en libertad a todos los detenidos, no anuló ni las pericias ni los testimonios, pero apartó al juez y le sugirió al fiscal general que aparte a Tavolaro. Los anteriores investigadores argumentan que el fallo de la Cámara no arrasó con todo y que, por lo tanto, la pesquisa no estuvo tan mal. La realidad es que el tribunal dejó poco en pie y sostuvo que ninguna prueba vinculaba a los detenidos con el secuestro y el asesinato de Candela. Hubo imputaciones que hoy parecen de nula credibilidad, como la del carpintero Néstor Altamirano, sin antecedentes penales, conocido en el barrio y respaldado por todo el vecindario. De él se dijo que, junto a su esposa, tuvo secuestrada a Candela en su domicilio. La esposa de Altamirano estaba en Tucumán.

Por indicación de la procuradora María Del Carmen Falbo, Ferrario está acompañado de un equipo de fiscales que, de movida, revisó toda la causa. Y el principio básico es que el trabajo se realiza con bajo perfil y fuerte hermetismo. Por de pronto, hay un giro de importancia que consiste en investigar a la familia de Candela y todo lo que tiene que ver con el narcotráfico en la zona de San Martín. Es más, se está evaluando nuevamente aquella llamada que se dio a conocer no bien apareció el cuerpo de Candela: “Hasta que esa conchuda no devuelva la guita a la nena no la vas a ver más. Que le pregunte al marido donde dejó la guita”. La Gendarmería dictaminó este año que la llamada fue hecha por uno de los detenidos, Leonardo Jara, al que se le atribuyó el papel de “noviecito” de Candela. Su abogada, Claudia Fernández, en cambio, afirma que la pericia constituye un fraude y que el objetivo era “dejar pegado” a Jara. “El que habla en el teléfono es una persona con cierta formación, que no se come las eses y habla perfectamente. Jara, en cambio, se come todas las eses. No conocía a Candela, no hay una sola llamada que lo indique.”

Casi todos los abogados –incluyendo a la doctora Fernández– creen que la llamada es auténtica, es decir que amenazaban con matar a la chiquita si no se entregaba un dinero y que detrás del asesinato de Candela hay una historia de dinero proveniente de las drogas y alguna banda de narcos en la que participaban policías.

El profesor de Criminalística Raúl Torre insiste en que la investigación no puede dejar de lado el abuso sexual que venía sufriendo Candela desde antes de su secuestro. Se sustenta en una afirmación categórica de la autopsia: la niña registraba “defloración de antigua data. Nadie ha explicado esto. La madre lo niega, pero la ciencia es taxativa en este punto. No se puede descartar como hipótesis que alguien adulto venía manteniendo relaciones con la chica y cuando el caso explotó, terminó matándola”. Del lado de Torre hay varios elementos. Candela no registraba rastros de ataduras y, en los primeros días, su madre, Carola, hablaba a las cámaras de televisión mandando un mensaje a quien parecía tener cautiva a la chica. Carola Labrador parecía saber quién tenía a su hija. La mamá de Candela dice que eso no es así, que su mensaje fue genérico.

El informe va a ser devastador contra los que investigaron, sobre todo los policías. Los legisladores tienen claro que los testigos de identidad reservada fueron armados y que hubo graves anomalías en la Policía Científica. Por ejemplo, se cree que la olla con arroz con pollo fue puesta en la casa de la calle Kiernan después de que se supiera que Candela había ingerido esa comida. O sea que fue una prueba armada. En la comisión están seguros de que se llegó a esa vivienda con un testimonio fraguado y que el ADN que se detectó allí también es irregular: por ejemplo, en una especie de vaso en el que había ADN de Candela también había de un masculino, familiar sanguíneo de Gladys Cabrera, la dueña de la vivienda. El único familiar en esa condición es el hijo de Cabrera, de diez años. Pero resulta que el mismo rastro genético estaba en diez colillas de cigarrillos, lo que muestra la intoxicación de la escena. En la comisión también están convencidos de que el asesinato de Candela tiene que ver con vueltos del narcotráfico de la zona de San Martín y la relación de policías con esas bandas de narcos.

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