“Exigimos al gobierno provincial que cumpla con las leyes de promoción y protección de derechos de los niños.” Marcela Val, de la Fundación Che Pibe, fue una de las que le pusieron voz al pedido de diversas organizaciones sociales, de derechos humanos, hogares y centros que funcionan en los barrios de la provincia de Buenos Aires. Esas asociaciones anunciaron que presentarán un recurso de amparo colectivo: “El Estado está incumpliendo con convenios firmados y no ejecuta la partida presupuestaria que debería ser destinada a los programas de niñez” destinados a sectores vulnerables, denunció Val. El jueves realizarán una marcha desde el Congreso hasta la Casa de la Provincia bonaerense.

Las organizaciones se reunieron ayer en la sede porteña del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) bajo la consigna “Los pibes no pueden esperar”. En su mayoría, son centros de día y hogares convivenciales, que funcionan dentro de los barrios. Los puntos más relevantes del reclamo que realizaron apunta al cumplimiento efectivo de la Ley 13.298, de promoción y protección de derechos del niño, el pago “inmediato” de las deudas y compromisos asumidos por la Secretaría de Infancia y Adolescencia y la aprobación de “presupuesto e inversión para 2013 que permita realmente la implementación de políticas” para el sector.

Al reclamo adhirieron el Serpaj, Madres Línea Fundadora, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) y la Asociación Vorwärts. Aunque Adolfo Pérez Esquivel y Osvaldo Bayer no estuvieron en la conferencia de prensa, se solidarizaron con el reclamo. También se sumaron trabajadores de Servicios Zonales y del Programa Envión, que trabaja con chicos víctimas de violencia, abusos o con antecedentes penales.

Ante una consulta de Página/12, funcionarios de la Secretaría de Niñez bonaerense informaron que el pago de las becas fue realizado y que en los próximos días estarán abonando el bimestre octubre-noviembre.

Sin embargo, otra es la versión de las organizaciones. “Nos pelotean, nos dicen que no tienen plata”, dijo Arturo Blatezky, del MEDH. Aludió a la Convención por los Derechos del Niño, de rango constitucional, por la que “todos los actos del gobierno tienen que priorizar el bienestar de los niños”. Relató que su organización cuenta con un jardín maternal: “Estamos intentando ampliar la cantidad de docentes, porque tenemos muchos chicos. Ese trámite hace dos años que está a la espera de la firma de un ministro”.

El pedido no se circunscribe al pago de becas. Respecto de las medidas de protección, Val señaló a Página/12 que “la estructura que hay es como un esqueleto vacío. Los servicios locales están bastante vacíos”.

La denuncia de la “política discriminatoria” que afectaría a 163 mil niños que las organizaciones asisten también está en el documento que presentarán el jueves a la Casa de la Provincia.

“Cualquiera puede ver que los chicos están en total desamparo. Pero lo más grave es que están rompiendo un entramado que sostiene una parte de las problemáticas de la provincia, porque somos nosotros los que estamos cuando hay que abrigar a un chico. Y cuando una organización se cierra no vuelve a abrir más”, sentenció Laura Taffetani, de Pelota de Trapo.

Respecto del recurso de amparo colectivo, Taffetani explicó que ya tienen una resolución a favor de un juzgado de La Plata. “Ese antecedente es un recurso más que obliga al Estado, pero todo depende de una decisión política”, apuntó.

Informe: Carla Perelló.