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El Plan Integral para el Abordaje de los Consumos Problemáticos (Iacop) consiguió media sanción ayer en la Cámara de Diputados y por unanimidad. El proyecto garantiza la atención, gratuita y pública, de los consumos problemáticos, medien o no sustancias y además incluye estos tratamientos en el Plan Médico Obligatorio (PMO) de Obras Sociales y Prepagas. También tiene un apartado para que se dé prioridad a la inserción educativa y laboral de los usuarios en recuperación. “Tengo una deuda con mis viejos amigos de barrio, no hubo un Estado que acompañe a la rehabilitación de mucho de esos jóvenes. Espero que el Senado también sancione rápidamente este proyecto”, dijo ayer el diputado oficialista Horacio Pietragalla, autor del dictamen de mayoría que se votó en el recinto.

“Los consumos problemáticos pueden manifestarse como adicciones al alcohol, tabaco, drogas psicotrópicas –legales o ilegales– o producidos por ciertas conductas compulsivas de los sujetos hacia el juego, las nuevas tecnologías, la alimentación, las compras o cualquier otro consumo que sea diagnosticado compulsivo por un profesional de la salud”, aclara el proyecto sobre el Iacop, que plantea que las provincias pueden adherirse a través del Consejo Federal de Salud. Hasta ahora, la oferta de tratamiento es tercerizada por el Estado en la mayoría de las jurisdicciones.

Sobre lo referente a la prevención, el proyecto propone la creación de Centros Comunitarios de Prevención de Consumos Problemáticos en todo el país, con prioridad en los lugares de mayor vulnerabilidad social. Estos centros, dice el texto, “deberán estar abiertos a la comunidad en un horario amplio, procurando tener abierto el espacio en horarios nocturnos”. Allí se deberá dar orientación sobre los lugares disponibles para realizar tratamientos, planes de inclusión laboral y educativa y quienes trabajen allí deberán recorrer el barrio para difundir la oferta sanitaria.

La oferta en tratamiento deberá seguir los parámetros establecidos en la Ley de Salud Mental, que considera la internación como último recurso, y quienes inicien su recuperación recibirán becas para iniciar o terminar sus estudios primarios o secundarios, mientras mantengan su regularidad en los estudios. Además, a partir de convenios con el Ministerio de Trabajo de la Nación, se daría inclusión laboral concreta a estas personas.

“A partir de las audiencias públicas por la despenalización de la tenencia de drogas para uso personal surgió esta necesidad”, recordó en el recinto el radical Mario Fiad, presidente de la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico. Por su parte, Cornelia Schmidt, del PRO, agregó: “Nosotros queremos una sociedad sana y un plan de asistencia de las adicciones va en esa línea”. Alfonso Prat Gay, de la Coalición Cívica, acompañó el proyecto pese a su diferencia “sobre la autoridad de aplicación”, cuya definición queda en manos del Poder Ejecutivo.

El diputado del Frente Amplio Progresista Fabián Peralta planteó la necesidad de retomar la discusión sobre la despenalización de la tenencia: “Hoy los chicos de los barrios son víctimas del chantaje policial, independientemente de la posición de cada uno, es un debate que no podemos esquivar, hay que dar una respuesta y una definición política sobre lo que piensa esta cámara al respecto”. Su colega de bancada Victoria Donda recordó que sobre ese debate anterior “dijimos que una vez que avancemos en la sanción del plan de prevención, íbamos a tratar la modificación de la ley de drogas. Así que hoy esta excusa ya no está”.