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Una investigación abierta en Santiago del Estero corroe el cascarón del poder político de los Juárez. La Justicia local acaba de localizar las pruebas que vinculan a familiares de altos funcionarios de la gobernación con el crimen macabro de dos jóvenes santiagueñas, cuyos homicidios replican el caso María Soledad. Esa trama fue revelada por Página/12 en mayo pasado. Sus familiares reclamaban desde hacía tres meses el esclarecimiento y la renuncia, entre otros, del archidenunciado José Antonio Musa Azar, el comisario que continuaba al frente de la Secretaría de Informaciones del gobierno pese a las denuncias de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por su participación en la dictadura. Ayer, mientras la Justicia detenía a tres personas, entre ellas a un cuñado del vocero de la gobernación, Musa Azar fue obligado a renunciar y se convirtió en el primero de una larga lista de descabezamientos. Tras sus pasos renunció la cúpula completa de la Policía, funcionarios del gabinete y el propio vicegobernador, Darío Moreno, que por la tarde pretendió salir de la provincia y la policía no solo se lo impidió sino que lo llevó a la fuerza de regreso a la Casa de Gobierno.
El doble crimen de Santiago hasta ahora tenía un solo y único detenido, convertido en chivo expiatorio del caso. El detenido era José Llugdar, a la sazón hijo de los dueños de uno de los frigoríficos más importantes de la provincia y proveedores tradicionales de los actos de Casa de Gobierno. La semana pasada, la Justicia decidió procesarlo por “homicidio calificado con ensañamiento”.
Hasta ese momento, para la Justicia, Llugdar era la única punta visible de un crimen en el que la comunidad de Santiago y los organismos de derechos humanos denunciaban la participación de “los hijos del poder”. Las dos jóvenes asesinadas no eran amigas ni conocidas, pero su punto en común eran contactos esporádicos con Llugdar. Las dos aparecieron muertas el 18 de febrero en el mismo lugar, un descampado ubicado en las afueras de La Banda. Leila Bashier Nazar, de 22 años, tenía el cuerpo completamente destrozado, y apareció después de 22 días de búsqueda. Sus familiares la encontraron de casualidad, cuando la policía seguía las pistas de Patricia Villalba, la otra joven de 25 años que llevaba un día de desaparecida. Sus familiares ahora creen que Patricia murió por un error, porque oyó una conversación en la que tres personas, entre ellas supuestamente Llugdar, discutían el destino que deberían darle al cuerpo de Leila. En esas condiciones habrían decidido estrangularla, apuñalarla y matarla.
Parte de esta trama fue denunciada durante estos meses por los familiares y por Sergio Lamberti, el sacerdote que preside la Comisión de Derechos Humanos del Obispado. Ellos encontraron testigos que se fueron animando a contar detalles sobre una fiesta negra donde un grupo de amigos, supuestamente hijos del poder político y policial de la provincia, habrían asesinado a Leila a cuchillazos antes de descuartizarla.
Esa historia comenzó a contar con pruebas más sólidas hace una semana. En ese momento, Mario Castillo Solá, el primer juez de la causa y ahora inhibido, pidió el procesamiento de Llugdar por homicidio. En ese marco y para evitar que se trasformara en el único chivo expiatorio del caso, su abogado Francisco Cavallotti apeló la medida y presentó un testigo clave de identidad reservada. Ese testimonio terminó disparando la serie de medidas dispuestas ayer. Frente al nuevo juez del caso, Dardo Herrera, subrogante del Juzgado Criminal y Correccional de La Banda, aquel testigo aseguró el lunes pasado que las dos jóvenes fueron asesinadas durante una fiesta en la que se consumió drogas y de la que participaron hijos de funcionarios provinciales.
Con esos datos, Herrera ordenó ayer por la mañana el arresto de Ramón Alberto Rojas, un hombre de 44 años que tendría antecedentes en tráfico de drogas y quien desde los días del crimen se había trasladado a Paraguay,donde estuvo refugiado hasta hace una semana. Ayer, Rojas se convirtió frente al juez en el primero en reconocer su participación en los crímenes. En esas condiciones, indicó además algunos detalles sobre la relación con las jóvenes, vinculó a Leila en una trama de prostitución, dio los nombres de otros participantes y el lugar donde habían ocultado ropas de una de las chicas.
Esa cadena de detalles disparó el resto de las medidas procesales, otras dos detenciones y nuevas testimoniales conocidas a lo largo del día. En primer lugar, Herrera allanó una casa del barrio Mishky Mayu donde vivía Sebastián Flores, cuñado de Xavier Ferrara Peña, subsecretario de Información Pública del gobierno y vocero oficial de la gobernadora Mercedes Marina Aragonés de Juárez, o Nina, como la conocen sus coterráneos. En su casa, la policía encontró un corpiño y una bombacha quemada y enterrada, y sábanas manchadas de sangre. Las pruebas preliminares indicaban anoche que esos restos de sangre pertenecerían a las dos jóvenes. El hallazgo estaría indicando además que a ambas las mataron allí mismo, en momentos distintos y antes de trasladarlas al descampado.
A raíz del hallazgo y después de las declaraciones de Rojas, el juez ordenó la detención de Flores y de Antonio Vittar, un hombre mayor, dueño de una cadena de negocios de calzado y presuntamente ligado a la fiesta.
La reactivación que tomó el caso en estos días no sólo sorprendió a los detenidos sino incluso a los defensores de los familiares de las víctimas. Luis Santucho, miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Obispado y abogado de la familia de Patricia Villalba, no salía del shock mientras la Justicia disponía la sucesión de medidas. “Todo esto es posible ahora –le decía a Página/12– porque ayer logramos pedir públicamente la renuncia de Musa Azar y del vicegobernador Darío Moreno.”
Tanto para Santucho como para los familiares, estos funcionarios formaban parte de la cadena de protección que encubre este crimen sumido en una trama donde se cruza la prostitución, el narcotráfico y la sucesión de fiestas negras habituales y repetidas. Para Karina Villalba, la hermana de Patricia, Musa Azar y Moreno paralizaron la primera etapa de la investigación que estuvo a cargo de una comisión policial que fue desplazada. Anoche mismo, sus denuncias terminaron de convertir la provincia en un escándalo. Convocado a la Casa de Gobierno por Nina y una rueda de 30 diputados del PJ mientras intentaba abandonar la provincia, Darío Moreno terminó, bajo protesta, presentando su renuncia.