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El paquete legal antisecuestros sigue avanzando a paso firme. Ayer, el Senado convirtió en ley el proyecto que endurece las penas para los autores de secuestros extorsivos y prevé el decomiso de los bienes utilizados para cometer el delito, para ser destinados a un programa de asistencia a las víctimas de estos hechos. También extiende la figura del “arrepentido” –ya existente para narcotraficantes y terroristas– por el cual los partícipes o encubridores que colaboren con la Justicia se beneficiarán con una reducción de la condena. Los diputados también aportaron lo suyo: aprobaron un plan de protección de testigos y la creación del primer fondo nacional para recompensar económicamente a quienes colaboren con la resolución de un secuestro extorsivo, iniciativas que ahora debe tratar el Senado. En cambio, la Cámara baja pasó a comisión el proyecto de reforma del Código Procesal –parte del mismo paquete– que le otorga mayores atribuciones a los fiscales en la investigación de estos casos.
La batería de medidas forma parte del megaproyecto elaborado por la comisión de juristas que encabezó el ex camarista León Arslanian, por pedido del ex presidente Eduardo Duhalde. El paquete durmió durante meses en el Congreso hasta que fue desempolvado con el desembarco del nuevo gobierno: el titular del Senado, Daniel Scioli y el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Beliz, hicieron la gestión, en forma personal, ante los legisladores. En menos de 72 horas lograron media sanción para los principales proyectos.
El itinerario legislativo continuó ayer: la reforma al Código Penal, que establece la novedosa fórmula del decomiso de los bienes utilizados para cometer el secuestro extorsivo, fue convertida en ley por el Senado. “El objetivo del decomiso es desalentar la cooperación de terceros con la banda que comete el delito”, explicó a Página/12 Margarita Stolbizer, presidenta de la Comisión de Legislación Penal de Diputados. El producto de este decomiso será utilizado para crear un fondo de asistencia a la víctima.
La norma extiende además, para este tipo de delitos, la figura del arrepentido: el miembro de la banda que suministre información útil para esclarecer el hecho se beneficiará con una reducción de la pena, en una escala que va de la mitad del mínimo a un tercio del máximo. Esto sólo es válido si el denunciante tiene un rango inferior al denunciado, para evitar que un jefe de la organización se beneficie delatando a sus subordinados.
En cuanto al agravamiento de las penas, se aplican cuando las víctimas son mujeres embarazadas, menores de 18 años o mayores de 70. En esos casos, la pena será de 10 a 25 años de cárcel. Para el resto de los casos, el castigo sigue siendo de 8 a 15 años de prisión, tanto para los secuestros extorsivos como para la privación ilegal de la libertad. Si los captores matan a la víctima, les corresponderá una pena de prisión o reclusión perpetua. Pero si la muerte se produce “como consecuencia no querida por los autores”, es decir, en forma accidental, la condena será de 15 a 25 años.
En la Cámara baja, el paquete antisecuestros superó otras dos asignaturas: el cuerpo le dio media sanción al proyecto que crea por primera vez a nivel nacional, un Fondo de Recompensas para quienes colaboren con información para resolver el caso, ya sea la liberación del secuestrado como la detención de los miembros de la banda. El proyecto está hecho a imagen y semejanza de aquel que impulsó Eduardo Duhalde cuando era gobernador de la provincia de Buenos Aires, ante el crimen de José Luis Cabezas y el asesinato de dos mochileras en Bahía Blanca. El Fondo de Recompensas tendrá una asignatura presupuestaria que deberá otorgar el Poder Ejecutivo. El beneficio puede alcanzar tanto a un testigo que tenga datos sobre el delito como a un miembro de la banda, arrepentido, que suministre información útil para resolver el caso. El segundo proyecto que recibió media sanción es la incorporación al Programa Nacional de Protección de Testigos, tanto de los imputados arrepentidos como de las personas que brinden testimonio sobre el hecho. “El programa ya existe para casos de narcotráfico y terrorismo, pero hay una gran dificultad para su implementación por falta de recursos”, dijo a este diario la diputada Stolbizer. La protección incluye desde la mudanza del testigo a un lugar más seguro y su custodia, hasta la sustitución de su identidad y la de su familia.
Un capítulo pendiente es la reforma al Código Procesal Penal, aprobado la semana pasada por el Senado. La Cámara de Diputados prefirió no tratar el proyecto sobre tablas y girarlo para su estudio a la Comisión de Legislación Penal. “El acuerdo que tenemos es no tratar leyes tan importantes sin previo estudio”, aseguró a este diario la presidenta de esa comisión. El proyecto en cuestión transfiere la conducción de la investigación de estos casos –que hoy están en manos de los jueces federales– a los fiscales de ese fuero. De acuerdo con la norma, los fiscales pueden actuar incluso fuera de su jurisdicción “cuando se encontrare en peligro la vida de la víctima o la demora pudiera comprometer el éxito de la investigación”. Bajo las mismas condiciones, también podrán ordenar allanamientos, escuchas telefónicas o registros de comunicaciones de los imputados o quienes se comuniquen con él”. Fuentes legislativas estiman que, si bien no hay unanimidad en favor del proyecto, puede ser aprobado en la sesión del miércoles próximo o, a más tardar, en la semana siguiente, para otorgarle al Ejecutivo la herramienta que reclama para combatir el delito que está de moda.