Después de que se conocieran los reclamos de los comerciantes de la línea A por el inminente cierre del ramal, ni la empresa Metrovías ni el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires admitieron responsabilidades al respecto. Fuentes de la concesionaria del servicio explicaron que “no tenemos vínculo” directo con los propietarios de las tiendas porque “la administración de los locales está subcontratada”. Por su parte, el jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, desligó a la administración local de la obligación de notificar a los comerciantes los pasos a seguir. A ellos, explicitó, “Metrovías les debería haber avisado” del cierre antes del anuncio a través de los medios por el que, como relevó ayer este diario, se enteraron propietarios y trabajadores de los locales. A la vez, mientras la Justicia aún no resolvió ninguna de las medidas de amparo solicitadas para evitar el cierre de dos meses, se multiplicaron las protestas por la incertidumbre sobre el futuro de los históricos vagones de madera.

Ayer, voceros de Metrovías señalaron que no cabía a la empresa advertir a los comerciantes sobre el cierre del ramal por 56 días a partir del próximo sábado dispuesto por el gobierno porteño debido a que “no tenemos vínculo” directo con ellos. “La administración de los locales está subcontratada, no los alquila Metrovías”, afirmaron voceros de la compañía. La concesionaria considera que sí está “brindando información dentro de la red” sobre el cierre a través de los sistemas de audio y televisión, las carteleras y los folletos de la red.

Sin embargo, Rodríguez Larreta sostuvo que la empresa tenía responsabilidad en la comunicación del cierre a los comerciantes damnificados. “Metrovías les debería haber avisado”, señaló el funcionario. De todos modos, sí reconoció que en virtud del traspaso del control sobre la red de subterráneos “todos los negocios adicionales” del subte, que actualmente explota la concesionaria Metrovías, pasarán a ser controlados por la ciudad de Buenos Aires. Con el cambio, detalló en referencia a los locales comerciales, la publicidad y el tendido de fibra óptica que se hallan en la red, “estoy convencido que los vamos a poder manejar mejor”.

El funcionario también desmintió las versiones sobre un posible aumento del boleto de subte a 3,50 pesos. “Es una especulación, no sé de dónde salió esto; no es oficial para nada”, afirmó, al tiempo que pidió “esperar un poquito” para que el gobierno de Mauricio Macri brinde una definición en torno del tema de las tarifas. “Hay gente nuestra trabajando, accediendo a los números recién en estos días. Esperemos un poquito, no tiene sentido adelantarnos, andar especulando. Vamos a hacer una comunicación oficial cuando tengamos los números bien, bien claros”, aseguró.

En tanto, y pese a que el jefe de Gabinete insistió en que cerrar la línea por casi dos meses “se necesita” para “hacer una renovación”, se multiplicaron las protestas y la oposición a la decisión. La Red de Patrimonio, que agrupa a unas 60 ONG, promueve un petitorio para que los trenes de madera sean mantenidos en funcionamiento y, además, convocó a un acto para mañana a las 18 en la estación Plaza de Mayo de la línea. También la Comisión Nacional de Museos manifestó al jefe Gobierno, Mauricio Macri, su “seria preocupación” por “el estado de conservación de los vagones”, que son parte del “del patrimonio industrial nacional”.

En tanto, el ex legislador porteño Facundo Di Filippo (Partido Social de la Ciudad) señaló que el pedido de amparo que presentó su fuerza para evitar la suspensión de la línea A –al igual que los elevados por los legisladores María José Lubertino y Alejandro Bodart– sigue pendiente de resolución. “No existe ninguna razón técnica que fundamente la suspensión del servicio”, reiteró. La decisión de hacerlo es “irrazonable, desproporcionada”.