El intendente de Tres Arroyos, Carlos Sánchez, encontró un particular método de tranquilizar a la población en temas de seguridad. Renovó la titularidad de la secretaría del área que venía recibiendo quejas y designó al frente a quien consideró un experto: el ex comisario Ricardo Magrath. Sánchez fundamentó su decisión en que Magrath “conoce la problemática del delito en nuestra ciudad y eso va a llevar tranquilidad a la gente”. El conocimiento del flamante funcionario es, al menos, paradójico: fue exonerado de la Bonaerense siendo comisario en la misma ciudad que ahora lo nombra, por dos denuncias de torturas, conexiones con capitalistas del juego y con prostíbulos. Si bien es cierto que la Justicia penal terminó sobreseyéndolo en tres causas y cobrándole una multa en otra, la Justicia contenciosoadministrativa rechazó el juicio que Magrath inició al Estado porque consideró que era válida “la prueba en que se fundó la imputación y la posterior sanción expulsiva”.

En febrero de 2008, el ministro de Seguridad, Ricardo Casal, apoyó un pedido de jury contra tres magistrados de Tres Arroyos, el juez de Garantías Rafael Oleaga; el de Menores, Alberto Gallardo; y el fiscal Carlos Lemblé. En Tres Arroyos, quien avanzaba con el pedido era el intendente vecinalista en línea con el sciolista Carlos Sánchez, respaldado por, entre otros, el entonces secretario de Seguridad municipal Juan Apolonio, ex integrante de la Bonaerense exonerado tres años antes. El fiscal Lemblé, de quien se pedía el jury, había sido el que había acusado penalmente a Apolonio y cuya acusación derivó en la exoneración.

Meses antes, a mediados de 2004, Ricardo Magrath asumía como jefe de la Policía Comunal de Tres Arroyos. En agosto, el comisario fue denunciado por malos tratos por un detenido. Una movida en su apoyo reunió varios miles de firmas manoduristas y poco después, un fallo de la polémica Cámara Penal de Bahía Blanca, lo limpió de cargos. La mala suerte, la fama o la práctica cargaron otra vez sobre Magrath, que fue denunciado a fin de diciembre de ese año por una mujer supuestamente detenida durante un robo nocturno a una escuela. La detenida lo acusó de haber sido torturada para que reconociera aquel robo y otros que habían ocurrido en la ciudad con autor desconocido o con paraguas policial, que es lo mismo.

En enero de 2005, Magrath volvió a ser denunciado, esta vez por encubrir las actividades de chicas de 14 y 15 años en un cabaret local. La denuncia sostenía que Magrath había llamado a los regenteadores del prostíbulo anunciando la inminencia de un allanamiento. Dos meses después, a Magrath le abrían otra causa, por “haber omitido intervenir funcionalmente para evitar los juegos de azar regenteados en la ciudad de Tres Arroyos (...), no obstante tener conocimiento y trato fluido con el capitalista de juego clandestino”, según sostenía la causa en la Justicia contencioso administrativa abierta por el propio Magrath meses más tarde.

Quien había iniciado las cuatro causas contra el flamante jefe de la Comunal era el fiscal Lemblé, el mismo que era blanco de un pedido de jury por parte de Sánchez y con el apoyo de Apolonio. Este último formaba parte del equipo de Magrath y fueron no sólo compañeros de uniforme sino también de causa judicial y exoneración. A mediados de 2005, Magrath, Apolonio y otros más formaron parte de los 45 exonerados por el entonces ministro de Seguridad León Arslanian.

En junio de 2006, después de que la Cámara bahiense le limpió el traje y lo sobreseyó en prácticamente todos los casos (en uno fue sancionado con una multa), Magrath (ya encabezando la agencia de seguridad Security Sistem), Apolonio y otros iniciaron juicio contra el ministerio acusando a Asuntos Internos de “creerles más a los delincuentes que a nosotros”, de asegurar que “no se investigó nada y nos echan por una simple acusación. No nos dieron la posibilidad de defendernos en ese momento” y rematar a cuatro vientos que “ahora la Justicia nos da la razón”.

Razón relativa. El fuero Contencioso Administrativo rechazó su reclamo de inocencia. Incluso, en una de las causas analizadas, los jueces sostienen que los camaristas de Bahía Blanca habían considerado que habían existido “procedimientos ilegítimos” (los llamados para evitar los allanamientos), que “aunque sin entidad para configurar un ilícito penal, también se tuvieron por probados en el proceso penal”.

Finalmente, la Cámara Contencioso Administrativa consideró que “el dictado del acto expulsivo se desplegó en forma regular, y con amplia participación de los accionantes en orden al ejercicio de su derecho de defensa, (...) así como de la validez de la prueba en que se fundaron la imputación y la posterior sanción expulsiva”.

Denunciado por torturas que no se pudieron probar, y vínculos con el mundo de la prostitución y el juego, y luego exonerado, Magrath regresó a la actividad pública en Tres Arroyos tal como lo hizo Vidocq, como primer director de la Sûreté.

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