Dos jueces de la Cámara en lo Contencioso Administrativo porteña realizaron el lunes último una inspección ocular en el edificio de Gascón 123, en el barrio de Almagro, una construcción donde viven unas 48 familias desde hace 30 años y que el Gobierno de la Ciudad pretende desalojar. Mabel Daniele y Carlos Balbín, integrantes de la Sala II de ese tribunal, visitaron el lugar un día antes de presidir una audiencia de conciliación entre los vecinos que habitan el edificio y las autoridades porteñas, quienes por primera vez aceptaron integrar una mesa de trabajo con el objetivo de resolver el problema definitivo de vivienda de esas familias.

De esa mesa también participará la Asesoría General Tutelar, en representación de más de un centenar de chicos que viven allí; el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y representantes del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) y la Secretaría de Hábitat e Inclusión, a cargo de la ejecución de la partida presupuestaria para intervenir en la mejora del edificio, aprobada en diciembre por la Legislatura. “La primera reunión de la mesa va a ser el 21 de febrero y a partir de ese momento tienen 60 días para llegar a un acuerdo. De lo contrario, los jueces dictarán sentencia”, informó a Página/12 Andrés Bernal, abogado de los vecinos.

El edificio de Gascón 123 es una construcción sin terminar, que fue expropiada por el Estado porteño para la construcción de un viaducto sobre el Ferrocarril Sarmiento, una obra que nunca se realizó. La gestión macrista, como única respuesta habitacional a los ocupantes, impulsa el desalojo judicial del inmueble. A fines de 2011, la Legislatura declaró al edificio “de interés para vivienda social” mediante una ley sancionada por unanimidad y, aunque Mauricio Macri la vetó, quedó en vigencia porque el decreto fue firmado fuera de término.

La Cámara porteña convocó a una audiencia de conciliación para resolver el problema habitacional. La primera audiencia se realizó el 26 de diciembre. Allí, el gobierno porteño insistió con que la ley no está vigente y en avanzar con el desalojo, y rechazó la mesa de trabajo que proponían las familias y el asesor tutelar, Gustavo Moreno.

Pero un día después, el 27 de diciembre, se publicó en el Boletín Oficial el presupuesto de la Ciudad, con una partida específica de un millón de pesos para la construcción de viviendas en Gascón.

Los jueces convocaron a una segunda audiencia, pero antes hicieron la inspección ocular en el edificio. Se interesaron allí por el funcionamiento del comedor comunitario que todos los días asiste no sólo a los chicos que viven en el edificio sino también a otros en situación de pobreza que son derivadas por escuelas públicas o centros de salud de la zona. “El mismo gobierno que busca desalojar a las familias es el que deriva personas necesitadas para que se les dé almuerzo en el comedor, al cual todos los días envía las viandas de comida”, dijo Norma Maizarez, responsable del comedor Casita de Belén, que funciona desde 2001.

En cuanto a la mesa de diálogo, Plácido Burgos, integrante de la cooperativa de vivienda, advirtió: “No queremos una relocalización discriminatoria sino un plan de obra para construir viviendas dignas”.