La Justicia porteña ordenó al gobierno del mismo distrito que disponga la asistencia de una mujer que está en condiciones de trabajar pero no puede hacerlo por su estado de desnutrición, consecuencia de su pobreza. La decisión fue tomada por la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario en cumplimiento de “mandatos constitucionales específicos tendientes a preservar bienes jurídicos elementales de la persona humana” y en virtud del “estado de extrema carencia habitacional y alimentaria”, que no le permitirían conseguir un trabajo.